Teuchtitlán el crimen organizado y el dilema del derecho penal
Una vez más la tentación del castigo irracional nos puede llevar a un camino sin salida
El 5 de marzo, un colectivo de mexicanos que buscan desaparecidos, abrieron el negro portón de una finca en Teuchtitlán, Jalisco, y no podían dar crédito a lo que veían sus ojos.
Fosas con cientos de cadáveres incinerados, zapatos amontonados, mochilas, ropas, en lo que parecía un campo de adiestramiento paramilitar.
Cuando regresaron unos días después, en compañía de la prensa, habían desaparecido las pruebas, las fosas estaban aplanadas, no encontraron restos ni prendas de vestir.
Todo indica que era un campo de reclutamiento, entrenamiento y exterminio, del Cartel Jalisco Nueva Generación.
Terrible historia.
La tortura y el exterminio, son características comunes del crimen organizado, que tiene por objeto eliminar al contendiente y crear terror, dos factores que han estado desde siempre en la historia de la humanidad, cuando de lo que se trata es obtener y administrar el poder sin contrapesos.
Y si usted revisa las noticias en nuestro país, verá que el Tren de Aragua usa las mismas tácticas de amedrentamiento.
Como he sostenido en otras oportunidades, el crimen organizado es actualmente la mayor amenaza a la democracia. Es un poder paralelo que busca enquistarse en las instituciones, para desde ahí dominar las decisiones políticas, estableciendo condiciones favorables para los múltiples negocios, en una verdadera franquicia que cruza fronteras.
Características comunes de estas organizaciones, al menos dos: total desprecio por la vida humana y control e influencia del poder político. Con un objetivo: obtener dinero.
¿Y nosotros?
Por desgracia México ya fue doblegado por el crimen organizado, hace ya mucho tiempo. Pude verificarlo allá por el 2011, cuando me invitaron a dictar clases al TEC de Monterrey. Hoy ya no tienen capacidad de reacción, y al final transó bajo la fórmula de los “abrazos no balazos”, impuesta por López Obrador.
Nuestro país hace tremendos esfuerzos dentro del marco del estado de Derecho para combatir el fenómeno. En una noticia que es internacional, recientemente fueron condenados 34 miembros del Tren de Aragua, en el Tribunal Oral en lo Penal de Arica. Pero la reacción no se dejó esperar, el Fiscal Nacional debió salir al paso de las amenazas contra una Comisaría de Carabineros en el norte, producto de la sentencia, que en conjunto suma más de 500 años de cárcel en total.
Es una de varias sentencias, que se han ido dictando en distintos tribunales del país.
El Estado de Derecho sigue siendo, por ahora, el dique contenedor.
El factor electoral como determinante para otras medidas
Pero nuestro país, ha entrado de lleno en la carrera presidencial, con la seguridad pública como elemento principal del debate. Ya se ha propuesto restablecer la pena de muerte, estados de emergencia comunales (?), nuevas cárceles, endurecimiento de penas, porte de armas por particulares, es decir todos los ingredientes propios de discusiones electorales.
Es posible que gane la contienda, quien proponga las medidas más duras contra las organizaciones criminales y la delincuencia común. No lo firmo, pero lo afirmo.
¿Y podríamos volver a la pena de muerte? Si, claro, lo dije hace años en clase de Derecho penal. ¿Tratados internacionales que la prohiben?, por supuesto, pero letra muerta a la hora de “oír la voz del pueblo”, que clama por mayor seguridad. Y no olvidemos que la pena de muerte, está vigente aún en el Código de Justicia Militar, argumento suficiente para los que quieren volver atrás.
Al final, es una cuestión de votos.
Son tiempos difíciles para el Derecho penal
Mis ex alumnos, me oyeron decir muchas veces la frase. Y tal vez siempre han sido tiempos difíciles, la tensión entre la contención del poder de castigo y el castigo irracional. Pero el dilema, tal vez nunca estuvo tan presente como ahora.
En la época de las redes, todo se sabe de inmediato. Trump ha enviado a la cárcel en El Salvador a cientos de venezolanos, presuntamente miembros del Tren de Aragua, es una exportación no tradicional, por la cual ha pagado varios millones de dólares. Bukele les ha recibido y enviado de inmediato al CECOT, celebrando que el avión estaba en aguas internacionales, cuando un juez norteamericano declaró ilegal la medida.
El mandatario salvadoreño, sabe que a ojos del ciudadano común, es la legitimación de facto de su modelo de seguridad. Roxin desde el más allá, ve que su “derecho penal del enemigo”, comienza a dar frutos tangibles en plena era de la revolución 4.0. Otros tantos presos han sido enviados desde Estados Unidos a Guantánamo, Cuba, en un proceso de deportaciones punitivas, que recién comienza. Y que podría ser imitado por otros Estados.
La industria del delito se hizo transnacional, también en la forma de castigo.
¿Y ahora qué?
Hay otros caminos para abordar el fenomeno, pero se va optando por lo más fácil, inmediato y efectista.
Vamos a ser testigos de los peores embates al Derecho penal liberal de viejo cuño, aquel respetuoso de las garantías y del debido proceso y eso no debilitará a las organizaciones criminales. El Estado creará nuevas formas de control, quizá algunas más absurdas, que poner un parlante en la calle para invitarnos a cuidar la billetera en los bolsillos.
Probablemente vendrán gobiernos muy duros, que justificarán el autoritarismo en el deseo de mayor seguridad que se ve en los ciudadanos.
Y si se desdibuja y debilita el Estado de Derecho, el crimen organizado habrá triunfado.