Boletín de noticias Nº 4
Semana del 30 de mayo al 05 de junio de 2026
Una semana marcada por dos grandes hitos que se vienen gestando desde hace meses: en el Biobío, la Fiscalía presentó la acusación formal contra los imputados por los incendios de Santa Juana, que en 2023 dejaron 17 víctimas fatales, mientras el Tribunal de Cañete confirmó el inicio del juicio oral del caso Grollmus para el 23 de junio, con 21 acusados. A nivel nacional, el Senado aprobó, en particular, el proyecto que tipifica el ingreso clandestino como delito, y el debate sobre la Ley Emilia se reactivó con fuerza en el Congreso tras la sentencia de la semana pasada. En el plano internacional, la CIDH tuvo una semana prolífica: envió cuatro casos a la Corte IDH y expresó su preocupación por la conflictividad social en Bolivia y la violencia política en Colombia.
Esta semana vamos el sábado para que comiences el fin de semana informado con el resumen de noticias.
🌊Región del Biobío
🔥 Caso Coelcha: la Fiscalía presenta la acusación formal por los incendios de 2023 que arrasaron Santa Juana y dejaron 17 muertos
Tal como lo había anunciado el fiscal Jorge Lorca, en los primeros días de junio la Fiscalía Regional del Biobío comunicó el cierre de la investigación y presentó ante el Juzgado de Garantía de Nacimiento la acusación formal contra dos trabajadores de la Cooperativa Eléctrica Charrúa (Coelcha), por su presunta responsabilidad en los incendios de Santa Ana que en febrero de 2023 devastaron las comunas de Santa Juana y Nacimiento, arrasando más de 70.000 hectáreas y causando 17 muertes y decenas de heridos. Los cargos imputados son: incendio, cuasidelito de homicidio (en relación con cada una de las 17 víctimas fatales), cuasidelito de lesiones y daños. Las penas solicitadas superan los 5 años de reclusión efectiva. La Municipalidad de Santa Juana, la Municipalidad de Nacimiento y las familias de las víctimas actúan como querellantes. La defensa de Coelcha, que había solicitado ampliar el plazo de investigación hasta julio para realizar nuevas diligencias, deberá ahora enfrentar el juicio oral con la tesis de que la responsabilidad por el siniestro recae en el Estado, por presuntas fallas en la fiscalización de Conaf y en los protocolos de evacuación.
📌 Próximo hito: El tribunal fijará la audiencia de preparación del juicio oral. La acusación abre también la vía para las acciones civiles indemnizatorias que preparan el municipio y las familias.
⚡ ¿Por qué importa? El cuasidelito de homicidio (art. 490 del Código Penal) sanciona la muerte causada por imprudencia temeraria. Cuando existe pluralidad de víctimas, cada muerte configura un delito independiente, lo que puede acumular penas significativas. Este juicio será, además, un precedente relevante sobre la responsabilidad penal de las empresas de distribución eléctrica por el mantenimiento de sus franjas de seguridad.
🔗 BioBioChile — paso a juicio · Demandas civiles · Canal 9 Biobío
⚖️ Caso Grollmus: el Tribunal de Cañete unifica la causa y fija el juicio oral para el 23 de junio — 21 acusados, 10 con riesgo de presidio perpetuo
El Tribunal Oral en lo Penal de Cañete resolvió unificar en un solo proceso la acusación contra los 19 adultos y los 2 adolescentes imputados por el ataque incendiario al Molino Grollmus en Contulmo (29 de agosto de 2022), quienes pertenecen a la Resistencia Mapuche Lafkenche (RML). El juicio oral —que acumula cuatro postergaciones— quedó fijado para el 23 de junio a las 9 horas en Cañete. La Fiscalía solicita la pena de presidio perpetuo para 10 de los 19 acusados adultos, incluidos los líderes de la organización. La acusación incluye delitos de incendio terrorista, homicidio frustrado calificado y lesiones graves. El cambio de mando en la Jefatura de la Defensa Nacional (JEDENA) de Arauco —que pasó de la Armada al Ejército a solo días del inicio del juicio— generó preocupación entre las víctimas, que temen una descoordinación en la seguridad del entorno del tribunal durante las audiencias.
📌 La Defensoría Penal Pública mantiene pendiente ante la Corte Suprema un recurso de amparo en favor de uno de los menores acusados, que busca garantizar el respeto de los plazos legales especiales aplicables a adolescentes imputados.
⚡ ¿Por qué importa? La acumulación de acusaciones en un solo juicio evita la revictimización de testigos y víctimas que deberían declarar dos veces. La Ley 21.732 (nueva Ley Antiterrorista, vigente desde febrero de 2025) no aplica a este caso porque los hechos son anteriores a su entrada en vigencia: rige el principio de irretroactividad de la ley penal más gravosa (art. 19 N° 3 de la Constitución). La acusación se basa en la antigua Ley 18.314.
🔗 BioBioChile — unificación · La Tercera — amparo Defensoría · Cambio de mando JEDENA
🚗 La sentencia Yévenes reactiva el debate en el Congreso: parlamentarios del Biobío impulsan reforma urgente a la Ley Emilia
Tras el impacto que causó la sentencia del 29 de mayo —que condenó al conductor responsable de la muerte de Macarena Yévenes a cinco años en libertad vigilada, la pena máxima prevista por la Ley 20.770 (Ley Emilia)— parlamentarios de la región del Biobío y otras bancadas presentaron indicaciones y mociones para reformar la normativa. Las propuestas apuntan en tres direcciones: elevar el límite máximo de la pena de cinco a diez años; establecer una pena privativa de libertad efectiva e irrenunciable para las situaciones con resultado de muerte; y ampliar la responsabilidad por el delito de homicidio cuando concurra dolo eventual. La familia de Yévenes confirmó que analiza interponer un recurso de nulidad contra la sentencia ante la Corte de Apelaciones de Concepción, argumentando que el tribunal no valoró correctamente la prueba sobre el estado de ebriedad y el comportamiento del conductor.
⚡ ¿Por qué importa? La Ley 20.770, conocida como “Ley Emilia”, existe desde 2014 y establece penas de 3 a 5 años para quienes conduzcan ebrios y causen la muerte. El techo de 5 años permite postular siempre a penas sustitutivas bajo la Ley 18.216. El nudo jurídico es que el juez no puede imponer un plazo superior al permitido por la ley. Modificar ese umbral requiere una reforma legal.
🔗 BioBioChile — sentencia · Emol
🔪 Caso Casa Schwager: los seis detenidos son formalizados en Concepción — cuatro adolescentes enfrentan internación en régimen cerrado
Esta semana se realizaron las audiencias de formalización ante el Juzgado de Garantía de Concepción de los seis detenidos por el asesinato de una adulta mayor en la histórica Casa Schwager de Coronel, ocurrido durante la madrugada del 23 de mayo. Los dos imputados adultos —un ciudadano chileno de 18 años y un ciudadano colombiano de 20, fueron formalizados por robo con homicidio y quedaron en prisión preventiva. Los cuatro adolescentes, de 14, 15, 16 y 17 años, fueron formalizados ante el Tribunal de Garantía con competencia en responsabilidad penal juvenil, en cuyo marco la Fiscalía solicitó la internación provisoria en régimen cerrado, la medida cautelar más gravosa contemplada para menores por la Ley 20.084. El Ministerio Público reiteró su decisión de solicitar, en su momento, las penas más altas disponibles para cada rango etario.
⚡ ¿Por qué importa? La Ley 20.084 distingue dos tramos: de 14 a 15 años y de 16 a 17 años, con penas más leves en el primer tramo. Para crímenes tan graves como el robo con homicidio —penado con presidio mayor en su grado máximo, hasta presidio perpetuo para adultos—, los adolescentes en el tramo superior pueden enfrentar hasta 5 años de internación en régimen cerrado. El caso vuelve a instalar el debate sobre si Chile debe revisar a la baja el umbral de la inimputabilidad absoluta, actualmente fijado en los 14 años.
🔗 BioBioChile — detenidos · La Tribuna
🏛️ Concurso Fiscal Regional del Biobío: la Corte de Apelaciones de Concepción cierra el proceso de postulaciones
El plazo de postulaciones al concurso para proveer el cargo de Fiscal Regional del Biobío, abierto por la Corte de Apelaciones de Concepción mediante edicto del 15 de mayo, venció el 25 de mayo. Los candidatos son:
Roberto Garrido (Fiscal Regional de La Araucanía)
Michelangelo Bianchi (Fiscal adjunto del Biobío)
Patricio Aravena (Fiscal adjunto del Biobío)
Mauricio Lártiga (Fiscal adjunto del Biobío)
Jorge Lorca (Fiscal adjunto del Biobío)
Juan Yáñez (Fiscal adjunto del Biobío)
Bernardo Orellana (Fiscal adjunto del Biobío)
Paulo Pucheu (Fiscal adjunto del Biobío)
Sergio Pérez (Fiscal de Ñuble)
Álvaro Hermosilla (Fiscal de Ñuble)
Mauricio Decap (Director de la Corporación de Asistencia Judicial del Biobío)
Enrique Hernández (abogado en ejercicio libre)
La Corte deberá ahora evaluar los antecedentes de todos los postulantes, quienes, en audiencia pública el 11 de junio, expondrán ante el Pleno de Ministros, que deberá elaborar una terna de tres candidatos, la cual será remitida al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, quien tendrá la palabra final. El nuevo Fiscal Regional deberá asumir el 2 de agosto, cuando vence el período de funciones de Marcela Cartagena Ramos.
📌 El momento del concurso es estratégico: quien asuma heredará entre otras, la investigación del caso Grollmus, en pleno juicio oral desde el 23 de junio, la causa Coelcha, en etapa de acusación, y la más compleja agenda de crimen organizado transnacional de las últimas décadas en la región.
⚡ ¿Por qué importa? El Fiscal Regional define la política de persecución penal: qué casos prioriza, cómo se asignan los recursos y qué señales se envían al sistema. En una región que ocupa el tercer lugar a nivel nacional en causas por crimen organizado, esta designación tiene consecuencias concretas para la seguridad pública y el acceso a la justicia de miles de personas.
🔗 BioBioChile — candidaturas · Apertura del concurso
🇨🇱Nacional
🛂 El Senado aprueba en particular el proyecto de ingreso clandestino como delito: promulgación en el horizonte
Tras el vencimiento del plazo de indicaciones el 28 de mayo, la Sala del Senado debatió y aprobó, en particular, el proyecto que modifica la Ley 21.325 de Migración y Extranjería, tipificando como delito el ingreso clandestino al territorio nacional. La norma aprobada mantiene la pena de presidio menor en su grado mínimo (61 a 540 días) o multa de 5 a 10 UTM; establece una pena agravada de presidio menor en su grado medio a máximo (541 días a 5 años) para quienes ingresen con prohibición de ingreso vigente; y excluye expresamente a personas que reúnan condiciones de refugiados, a niños, niñas y adolescentes, y a quienes los acompañen. El proyecto fue aprobado con quórum de ley simple, zanjando la disputa técnica, y vuelve a la Cámara de Diputados para que revise las modificaciones introducidas por el Senado. Si no hay observaciones, pasará a promulgación.
⚡ ¿Por qué importa? La transformación del ingreso clandestino de infracción administrativa en delito penal supone un cambio de paradigma. A diferencia de la expulsión administrativa, rápida y ejecutable, la sanción penal exige formalización, defensa técnica, audiencia e incluso la privación de la libertad, lo que, paradójicamente, puede dificultar la expulsión. El Ministerio Público y la Defensoría Penal ya advirtieron sobre este efecto no deseado.
🔗 Radio Universidad de Chile · Senado de Chile
📁 Ley antifiltraciones: el Senado la vota en Sala y la tensión con el periodismo de investigación se agudiza
La Sala del Senado inició el debate en particular del proyecto de ley antifiltraciones, que crea un delito específico por la divulgación indebida de antecedentes reservados de investigaciones penales. La iniciativa establece una escala de sanciones: los funcionarios públicos que filtren información reservada, incluidos fiscales, policías y auxiliares de la administración de justicia, enfrentan las penas más severas. Se crea, además, un “anexo reservado” en los expedientes para los antecedentes sin relevancia investigativa que no deberían circular. El Colegio de Periodistas y el Observatorio de la Libertad de Prensa protestaron porque la definición de “antecedentes reservados” puede, según ellos, alcanzar a reporteros que reciban información de fuentes anónimas al interior del sistema.
⚡ ¿Por qué importa? La filtración de antecedentes penales vulnera la presunción de inocencia prevista en el art. 4 del Código Procesal Penal, y puede alertar a los imputados o contaminar la prueba. Pero también es un canal de transparencia frente al poder. La tensión es real: el periodismo de investigación, en ocasiones, ha revelado casos de corrupción gracias a fuentes internas del sistema judicial. La Ley de Prensa 19.733, protege el secreto de la fuente, pero no blinda al comunicador frente a cualquier tipo de persecución.
🔍 Caso Huenchullán: la Fiscalía formaliza al prófugo capturado en Temucuicui y la acusación ya tiene fecha
Esta semana se realizó la audiencia de formalización ante el Juzgado de Garantía de Collipulli, del werkén de Temucuicui, capturado el 19 de mayo en la “Operación Tridente”, quien permaneció prófugo durante cinco años. El imputado quedó en prisión preventiva. Los cargos formalizados incluyen tráfico de drogas, con pena de 10 años y un día en abstracto, tenencia ilegal de arma de fuego prohibida, 5 años, y tenencia ilegal de municiones, 3 años. La acusación formal será presentada en los próximos días ante el tribunal, dando inicio al proceso que podría derivar en juicio oral. En paralelo, la Fiscalía de La Araucanía mantiene abierta la línea investigativa sobre el exfundo Pidenco, donde en 2021 fueron enterrados ilegalmente los restos de un activista fallecido en circunstancias que el Ministerio Público investiga.
⚡ ¿Por qué importa? Cuando un imputado permanece prófugo, se suspende el plazo de investigación, según el art. 247 CPP. Al momento de la captura, el reloj procesal se reactiva. La acusación debe presentarse dentro del plazo legal. El imputado conserva todos sus derechos procesales, incluida la revisión de la medida cautelar, desde el momento en que queda a disposición del tribunal.
🔗 T13 / Ex-Ante · La Tercera — operativo
📋 La Corte Suprema publica su Cuenta Pública anual: gestión de causas y brechas en el acceso a la justicia
La Corte Suprema entregó su Cuenta Pública anual, correspondiente al año judicial 2025. Entre los datos más relevantes figura el número de causas ingresadas al sistema judicial, que superó los 4,5 millones en el año, con una tasa de término del 94%. Sin embargo, el informe reconoce brechas significativas: la duración promedio de los juicios orales en materia penal se extendió a 18,4 meses desde la formalización hasta la sentencia, por encima del estándar de razonabilidad. La presidenta del tribunal, ministra Gloria Ana Chevesich, destacó la implementación del plan de gestión “Quantum” y anunció metas específicas por corte para el año 2026. El informe también alerta sobre la sobrecarga de los Juzgados de Familia y de los Tribunales de Garantía en las regiones del sur del país.
⚡ ¿Por qué importa? La Cuenta Pública del Poder Judicial es el principal instrumento de rendición de cuentas ante la ciudadanía. Los datos sobre la duración promedio de los procesos son especialmente relevantes porque el derecho a ser juzgado en un “plazo razonable” está garantizado por la Constitución y la Convención Americana. Una duración promedio de 18 meses hasta la sentencia en materia penal es un indicador de estrés sistémico.
🔒 Seguridad y derechos: el Gobierno defiende ante el Congreso el uso del sistema IMSI Catcher en la nueva Ley Antiterrorista
En el marco de la fiscalización parlamentaria, el Ministerio del Interior expuso ante la Comisión de Seguridad de la Cámara los criterios y protocolos definidos para el uso del sistema IMSI Catcher —tecnología de intercepción de señales de telefonía móvil— incorporado por la Ley 21.732 (nueva Ley Antiterrorista, vigente desde el 12 de febrero de 2025). El gobierno explicó que el uso requiere autorización judicial previa del Juez de Garantía, está restringido a investigaciones por delitos terroristas debidamente formalizadas, y queda bajo supervisión del Ministerio Público. Sin embargo, parlamentarios del Frente Amplio y del Partido Comunista —quienes hicieron reserva de constitucionalidad en su momento, rechazada por el Tribunal Constitucional— insistieron en que la tecnología puede afectar las comunicaciones de personas no investigadas.
⚡ ¿Por qué importa? El IMSI Catcher no intercepta un teléfono específico, sino todos los dispositivos dentro de un radio determinado, lo que genera riesgos para personas ajenas a la investigación. La exigencia de autorización judicial es el mecanismo de control establecido. Este debate es relevante para Chile porque el equilibrio entre la seguridad nacional y la privacidad constituye una tensión permanente en el derecho constitucional comparado.
🔗 Poder Judicial — análisis Ley 21.732 · AlertaLey
🌍Internacional
🇪🇨 CIDH envía a la Corte IDH el caso de una mujer detenida embarazada en Ecuador: la hija recién nacida fue separada de su madre
El 3 de junio, la CIDH remitió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de una mujer que fue detenida en estado de embarazo en Ecuador y cuya hija recién nacida fue separada de ella durante el período de lactancia mientras permanecía privada de libertad. La Comisión determinó que el Estado ecuatoriano habría vulnerado los derechos a la integridad personal, a la familia, a la salud y a las garantías judiciales reconocidos en la Convención Americana. El caso ilustra un problema estructural en los sistemas penitenciarios latinoamericanos: la ausencia de protocolos adecuados para mujeres embarazadas y madres lactantes en situación de privación de libertad.
⚡ ¿Por qué importa? Las Reglas de Bangkok de la ONU, de 2010, establecen estándares específicos para el tratamiento de las mujeres reclusas, incluida la prohibición de privar a estas del derecho a lactar. En Chile, la Ley 20.587 permite suspender el cumplimiento de las penas privativas de libertad a las madres de hijos menores de dos años. Este caso puede generar jurisprudencia interamericana vinculante para todos los Estados.
🇧🇴 CIDH alerta por la escalada de conflictividad social en Bolivia: protestas, bloqueos y represión policial
El 2 de junio, la CIDH expresó su preocupación por la escalada de la conflictividad social en Bolivia y por sus impactos en los derechos humanos, en el contexto de las tensiones previas a las elecciones generales de agosto de 2026. El organismo llamó al Estado boliviano a garantizar el derecho a la protesta pacífica, a abstenerse del uso desproporcionado de la fuerza policial y a investigar los casos de represión denunciados. Alertó también sobre las restricciones a la libertad de prensa y la detención de periodistas que cubren las movilizaciones sociales. Bolivia enfrenta una profunda polarización política.
⚡ ¿Por qué importa? El derecho a la protesta pacífica está amparado por los artículos 13, (libertad de expresión) y 15 de reunión de la Convención Americana. La instrumentalización del poder judicial para excluir candidatos políticos, que algunos llaman “lawfare electoral”, es uno de los fenómenos más relevantes del derecho constitucional comparado latinoamericano en los últimos años.
🇨🇴 Comisión IDH lleva a la Corte IDH el asesinato de líderes campesinos y una periodista en Colombia
El 2 de junio, la Comisión IDH, presentó ante la Corte IDH un caso por el asesinato de varios líderes campesinos y de una periodista en Colombia, atribuido a grupos paramilitares que operan en zonas de conflicto armado. La Comisión determinó que el Estado colombiano no adoptó las medidas de protección adecuadas, pese a conocer la situación de riesgo de las víctimas, y que la investigación de los crímenes resultó ineficaz. En paralelo, la CIDH emitió el comunicado 94/26 expresando preocupación por la violencia política en Colombia en el contexto de las elecciones legislativas de noviembre de 2026, llamando a reforzar la protección de candidatos y líderes sociales.
⚡ ¿Por qué importa? El Estado tiene la obligación de proteger a quienes defienden los derechos humanos o ejercen el periodismo, especialmente cuando tiene conocimiento de la situación de riesgo en la que se encuentran. El incumplimiento de esa obligación positiva —no solo la negativa a matar— genera responsabilidad internacional. Colombia es el país de América Latina con más líderes sociales asesinados al año.
🔗 CIDH — comunicados 94/26 y 96/26
🇵🇪 Comisión IDH lleva a la Corte IDH el incumplimiento del pago de salarios a jueces peruanos: independencia judicial en riesgo
El 1 de junio, la Comisión IDH sometió a la Corte IDH un caso contra Perú por el incumplimiento sistemático del pago oportuno de los salarios de los jueces del Poder Judicial. La Comisión determinó que esta práctica afecta la independencia e imparcialidad de los magistrados, al generar una situación de dependencia económica respecto del Ejecutivo que controla el presupuesto. El caso incluye, además, denuncias por la falta de garantías en los procesos disciplinarios abiertos contra los jueces afectados. La CIDH consideró que se configuran violaciones de las garantías judiciales, de la protección judicial y del principio de independencia del Poder Judicial.
⚡ ¿Por qué importa? La independencia judicial no es solo un principio organizativo: es una garantía para los ciudadanos. Un juez que depende económicamente del ejecutivo tiene incentivos para no contradecirlo. Los estándares interamericanos exigen que los Estados garanticen la estabilidad e inamovilidad de los jueces, así como una remuneración adecuada, como condiciones mínimas de independencia.
📊 Informe Anual de la Comisión IDH 2025: las medidas cautelares baten un récord histórico con 1.969 solicitudes en el año
La Comisión IDH publicó su Informe Anual 2025, con datos que reflejan la creciente presión sobre el sistema interamericano de derechos humanos. La cifra más llamativa: 1.969 solicitudes de medidas cautelares en el año, un aumento del 66% respecto del promedio 2020–2024 y el registro más alto en la historia de la institución. Las solicitudes se refieren principalmente a personas en riesgo de vida en contextos de privación de libertad, personas desaparecidas o en movilidad humana, y defensores de derechos humanos. La Comisión IDH remitió 33 casos a la Corte IDH durante el año y participó en 52 audiencias. El informe también analiza el crimen organizado y los derechos humanos en las Américas como uno de los fenómenos más desafiantes del período.
⚡ ¿Por qué importa? Las medidas cautelares son órdenes de protección urgentes que la CIDH puede dictar cuando existe un riesgo grave e inminente para la vida o la integridad de una persona. Su récord histórico es un indicador del deterioro del Estado de derecho en la región: más personas en riesgo, menos protección estatal efectiva.
🔗 Provea — análisis Informe CIDH 2025 · CIDH — OEA
⚠️ Este boletín describe procesos judiciales en curso. Los imputados son inocentes hasta que la justicia dicte sentencia en su contra y esta se encuentre firme y ejecutoriada.
Derecho en Movimiento traduce cada semana lo que ocurre en los tribunales del país y el sistema internacional en un lenguaje claro, sin tecnicismos innecesarios