Esta semana, el mundo jurídico no descansó. Dos bandas desarticuladas en Arauco y en Los Ángeles y un megaoperativo de la PDI sacuden la agenda de seguridad en el Biobío. En paralelo, el Estado rompe contratos con una constructora española que abandonó tres obras estratégicas en el Gran Concepción y el Mall Plaza El Trébol obtiene su aprobación ambiental. A nivel nacional, el Senado da un paso hacia la penalización del ingreso clandestino, la Ley Miscelánea sobrevive una maratónica noche de indicaciones y la Corte Suprema falla en el caso NotCo vs. Aproval, trazando un límite para la industria plant-based. En el frente internacional, más de 30 países crean un tribunal especial para juzgar el crimen de agresión contra Ucrania, la CIDH publica un informe demoledor sobre las desapariciones en México y Amnistía Internacional advierte que las grandes potencias están erosionando los pilares de la justicia internacional. Todo esto, explicado con contexto jurídico y sin jerga innecesaria.

🗺️ REGIÓN DEL BIOBÍO

1. 👮 Tres carabineros detenidos en investigación a banda criminal en Curanilahue

¿Qué pasó? El 14 de mayo, un operativo conjunto del OS7 de Carabineros, el Departamento de Asuntos Internos y la Fiscalía de Arauco terminó con la detención de tres carabineros de la Prefectura de Arauco y de 12 civiles, todos presuntos integrantes de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y a enfrentamientos armados en la vía pública. Según la investigación, los uniformados le brindaban cobertura activa a la banda. Los cargos incluyen asociación ilícita, asociación criminal, falsificación de instrumento público, omisión de denuncia, obstrucción a la investigación e infracción a la Ley N.° 20.000 (Tráfico de Drogas). Los tres carabineros fueron dados de baja de inmediato y se instruyó un sumario administrativo paralelo.

¿Por qué importa? La corrupción policial es uno de los factores que más favorecen el avance del crimen organizado, porque neutraliza precisamente a quienes deben perseguirlo. En términos jurídicos, los imputados policiales pueden enfrentar cargos que van desde el simple encubrimiento hasta la asociación criminal. Este caso, además, ilustra cómo el sistema de control interno (Asuntos Internos) puede ser tan relevante como la persecución externa.

🔗 Fuentes: Publimetro | T13 | BioBioChile

2. 💊 Desarticulan banda “Nueva Táchira”: 24 detenidos y más de 200 funcionarios en operativo

¿Qué pasó? La Brigada Antinarcóticos de Los Ángeles, en coordinación con la Fiscalía Local, ejecutó un masivo operativo que permitió desarticular la organización criminal denominada “Nueva Táchira”, integrada principalmente por ciudadanos venezolanos y con una estructura jerárquica de líderes, mandos medios y “soldados”. Se intervino en 29 domicilios en comunas como Los Ángeles, Negrete, Nacimiento, Angol y Renaico. El resultado fue la detención de 25 personas, así como la incautación de drogas, armas, vehículos y otras especies. La investigación fue liderada por el Fiscal Jefe de Análisis Criminal del Biobío, Michelangelo Bianchi, quién confirmó que los imputados quedaron en prisión preventiva.

¿Por qué importa? La denominación de una organización criminal y la acreditación de su estructura jerárquica son elementos esenciales para perseguir el delito de asociación criminal (artículo 292 y siguientes del Código Penal). Identificar a líderes, mandos medios y operadores importa porque permite aplicar penas distintas según el rol desempeñado y habilita —en casos complejos— el uso de técnicas especiales de investigación contempladas en la Ley N.° 20.931.

🔗 Fuente: La Tribuna

3. 🔍 Megaoperativo PDI deja 32 detenidos en la provincia del Biobío en dos días

¿Qué pasó? Entre el 6 y el 7 de mayo, la PDI ejecutó a nivel nacional un operativo coordinado contra el crimen organizado y la delincuencia, cuya acción local se concentró en las comunas de Los Ángeles, Cabrero y Mulchén, con 32 detenidos por delitos como microtráfico, robo y receptación. Paralelamente, se realizaron controles migratorios que derivaron en la fiscalización de 32 personas extranjeras, de las cuales cinco ciudadanos venezolanos fueron denunciados administrativamente por ingreso por pasos no habilitados.

¿Por qué importa? La distinción entre una detención y una denuncia administrativa es jurídicamente relevante: quién ingresó irregularmente al país no es —hoy— detenido penalmente, sino que queda sujeto a un proceso administrativo de expulsión. Este es precisamente el punto que debate el proyecto de ley de tipificación del ingreso clandestino que avanza en el Senado (ver sección Nacional) y que cambiaría significativamente este escenario.

🔗 Fuente: La Tribuna

4. 🏗️ El Estado termina contratos con la constructora española Tapusa S.A. y anuncia acciones legales

¿Qué pasó? El 5 de mayo, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) puso término anticipado a todos sus contratos con la empresa española Tapusa S.A. tras constatar el abandono total de las faenas en tres obras viales estratégicas del Gran Concepción: el Paso Sobre Nivel Esmeralda (solo con un 20,3% de avance), el Enlace Perales Tramo 1 (51%) y el Corredor Colón-Perales Tramo 3 (64,6%) en Talcahuano. La empresa no presentó un plan de reanudación dentro del plazo otorgado. El Minvu ejecutará las boletas de garantía para proteger a cerca de 400 trabajadores directos y a más de 1.000 indirectos afectados e iniciará acciones legales. Entre el 9 y el 15 de mayo la CChC Concepción y el Seremi de Vivienda se reunieron para abordar el caso Tapusa, acordando la creación de una mesa de trabajo para actualizar las bases de los contratos de licitación con el Serviu.

¿Por qué importa? Este caso es un manual práctico de derecho de contratos públicos. En los contratos de obra pública en Chile, las boletas de garantía cumplen una función cautelar: permiten al mandante recuperar recursos sin necesidad de un juicio previo cuando el contratista incumple. El término anticipado, a su vez, es una potestad exorbitante del Estado , es decir, que no existe en los contratos privados, que le permite resolver el contrato unilateralmente ante incumplimientos graves. La toma de razón de la Contraloría es el control de legalidad previo que debe superar el acto administrativo antes de que produzca efectos.

🔗 Fuentes: Minvu | Diario Financiero | Radio UdeC | Emol

5. 🌿 Coeva Biobío aprueba Declaración de Impacto Ambiental para la ampliación del Mall Plaza El Trébol

¿Qué pasó? El 13 de mayo, la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la Región del Biobío otorgó una calificación favorable a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto “Ampliación Mall Plaza El Trébol”, que involucra una inversión de US$ 75 millones y representa uno de los movimientos de capital más importantes en infraestructura comercial del Gran Concepción en el corto plazo. El Servicio de Evaluación Ambiental concluyó que el proyecto cumple con la normativa ambiental aplicable y que el titular subsanó los errores, omisiones e inexactitudes observados durante el proceso de evaluación.

¿Por qué importa? La DIA es el instrumento más simple del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y se aplica cuando un proyecto no genera impactos ambientales significativos. A diferencia del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), no requiere la participación ciudadana obligatoria establecida en el artículo 26 de la Ley N.° 19.300, aunque la comunidad puede formular observaciones. La resolución de calificación ambiental favorable es el acto administrativo que habilita jurídicamente al titular para iniciar la obra y que, si es impugnada, puede ser objeto de recursos ante el Tribunal Ambiental, cuya sede regional está precisamente en Concepción.

🔗 Fuente: Diario Financiero

🇨🇱 NACIONAL

1. 🚧 Senado aprueba en general tipificar como delito el ingreso clandestino al país

¿Qué pasó? Con 24 votos a favor y 20 en contra, la Sala del Senado aprobó en general el proyecto que modifica la Ley N.° 21.325 de Migración y Extranjería para transformar el ingreso irregular al territorio nacional, actualmente una falta administrativa, en un delito penal sancionado con presidio menor en grado mínimo (61 a 540 días) y una multa de entre $350.000 y $705.000. El proyecto contempla mecanismos de expulsión inmediata como alternativa al cumplimiento de la pena en prisión, así como normas específicas para menores de edad y solicitantes de refugio. El plazo para las indicaciones vence el 28 de mayo. La senadora Yasna Provoste (DC) anunció la reserva de constitucionalidad.

¿Por qué importa? El debate central es si el derecho penal es la herramienta adecuada para el control migratorio o si esa función debe quedar en el ámbito administrativo. Los críticos argumentan que penalizar el ingreso irregular puede saturar el sistema judicial y penitenciario, vulnerar estándares internacionales de derechos humanos (como la Convención de Refugiados de 1951 y las directrices del ACNUR) y tensionar principios básicos de la dogmática penal. Los partidarios lo defienden como una medida disuasoria. La reserva de constitucionalidad anticipa un posible control preventivo o represivo por parte del TC.

🔗 Fuentes: Senado de Chile | Infobae | Radio UChile

2. 📜 La “Ley Miscelánea” supera las 1.000 indicaciones y vive una noche de descarte en la Comisión de Hacienda

¿Qué pasó? El Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, apodado “Ley Miscelánea”, impulsado por el ministro Jorge Quiroz, recibió más de 1.000 indicaciones en el Congreso. En una maratónica sesión que se extendió hasta las 5 de la madrugada en la Comisión de Hacienda de la Cámara, se aprobó la rebaja del impuesto corporativo y se rechazaron varios artículos polémicos, entre ellos la franquicia tributaria Sence y las normas sobre minería de datos e inteligencia artificial. La Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD) cuestionó el artículo que autorizaba a las plataformas de IA a utilizar obras protegidas sin restricciones.

¿Por qué importa? El rechazo del artículo sobre minería de datos e IA refleja una tensión creciente entre el derecho de autor y el desarrollo tecnológico, que está siendo objeto de legislación y litigio en todo el mundo. En Chile, aún no existe un marco regulatorio específico para el uso de obras protegidas en el entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial, lo que genera incertidumbre jurídica tanto para creadores como para empresas tecnológicas. Este debate volverá a surgir: es solo cuestión de tiempo.

🔗 Fuentes: BioBioChile | El Mostrador

3. ⚠️ La Corte Suprema formula observaciones al proyecto de Reconstrucción Nacional

¿Qué pasó? El pleno de la Corte Suprema emitió un informe sobre el proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional, advirtiendo que la propuesta introduce modificaciones al régimen de evaluación ambiental y al sistema de impugnación de las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA), con efectos en las competencias de los Tribunales Ambientales. Si bien el documento no es vinculante, la Corte señaló que se requieren ajustes relevantes en materia de coordinación normativa y de precisión competencial. El informe generó reacciones en el ámbito político, con sectores del oficialismo y de la oposición adoptando posturas distintas.

¿Por qué importa? El informe de la Corte Suprema sobre proyectos de ley es una instancia de consulta constitucional preceptiva en determinadas materias, como la organización y las atribuciones de los tribunales. Aunque no obliga al legislador, tiene un peso político y técnico significativo. En este caso, las observaciones sobre los Tribunales Ambientales son especialmente relevantes porque afectan el sistema de control jurisdiccional de las grandes inversiones, lo que puede impactar directamente en la celeridad de los proyectos de infraestructura.

🔗 Fuentes: Poder Judicial | Nuevo Poder

4. 🥛 Corte Suprema falla en el caso NotCo vs. Aproval: competencia desleal en la industria alimentaria

¿Qué pasó? La Cuarta Sala de la Corte Suprema resolvió el 11 de mayo una disputa legal de más de cinco años entre la startup chilena NotCo y la Asociación Gremial de Productores de Leche de Los Ríos (Aproval). El fallo acogió parcialmente la demanda por competencia desleal: ordenó a NotCo eliminar referencias propias de la industria láctea, incluyendo la palabra “leche” y elementos visuales como la imagen de una vaca en el envase, de la publicidad de NotMilk, pero rechazó la solicitud de prohibir el uso de la marca “NotMilk”. El tribunal concluyó que NotCo incurrió en prácticas de competencia desleal al emplear elementos asociados a la industria láctea para posicionar un producto vegetal.

¿Por qué importa? Este fallo establece un precedente relevante para la industria de alimentos de origen vegetal, “plant-based”, que en los últimos años ha adoptado estratégicamente denominaciones y elementos visuales asociados a productos lácteos y cárnicos. La regulación vigente de competencia desleal, Ley N.° 20.169, prohíbe el uso de elementos que puedan inducir a error sobre la naturaleza del producto y la Corte Suprema la aplicó a este nuevo contexto tecnológico-alimentario. La marca sobrevivió; la estrategia comunicacional, no.

🔗 Fuente: Ex-Ante

5. ⛏️ Ingresan proyecto de ley de régimen especial para minerales críticos y tierras raras

¿Qué pasó? Un grupo de senadores presentó una moción legislativa (Boletín N.° 18194-08) que crea un régimen jurídico especial para los minerales críticos y las tierras raras, recursos vinculados a la electromovilidad, la defensa, la energía y la tecnología avanzada. La iniciativa establece estándares de trazabilidad, de continuidad operacional y de gestión de riesgos, así como mecanismos de coordinación interinstitucional. El proyecto se aplicaría de forma complementaria a la legislación minera, ambiental y sectorial vigente, sin alterar las competencias existentes ni el régimen concesional minero.

¿Por qué importa? En el contexto de la transición energética global, el litio, el cobre y una serie de minerales estratégicos han adquirido una importancia geopolítica que el derecho minero tradicional no contemplaba. Un régimen jurídico especial para minerales críticos puede abrir o cerrar puertas a la inversión extranjera, determinar quién controla la actividad productiva y cómo se distribuyen las rentas. Chile, como potencia minera, tiene la oportunidad de definir sus propias reglas antes de que otros países le impongan sus estándares.

🔗 Fuente: Diario Constitucional

🌍 INTERNACIONAL

1. 🏛️ Europa aprueba creación del Tribunal Especial para el Crimen de Agresión contra Ucrania

¿Qué pasó? El 15 de mayo, durante la reunión del Comité de Ministros del Consejo de Europa celebrada en Chisinau, Moldavia, más de 30 de los 46 países miembros del organismo, junto a la Unión Europea, respaldaron la creación del Tribunal Especial para el Crimen de Agresión contra Ucrania. Países como España, Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido suscribieron el acuerdo, junto con otros estados no europeos como Australia y Costa Rica. El canciller ucraniano Andrí Sibiga calificó la jornada de “histórica” y la comparó con la creación del Tribunal de Núremberg. El tribunal tendrá competencia desde la invasión de 2014 (Crimea) y podrá juzgar en ausencia a las personas responsables que no formen parte de la “troika” (Putin, Mishustin, Lavrov), quienes, por razones de inmunidad de Estado, presentan una complejidad jurídica adicional.

¿Por qué importa? La Corte Penal Internacional (CPI) puede perseguir crímenes de guerra y de lesa humanidad, pero el crimen de agresión, atacar soberanamente a otro Estado, está sujeto a limitaciones jurisdiccionales en el Estatuto de Roma cuando los sospechosos no son ciudadanos de Estados partes. Este nuevo tribunal llenará esa brecha. Su creación también sienta un precedente para que futuros agresores sepan que pueden ser enjuiciados incluso en ausencia, lo que ejerce un efecto disuasorio en el derecho internacional contemporáneo.

🔗 Fuentes: Infobae | ABC Color | Parlamento Europeo

2. 📰 CIDH publica informe sobre desaparición de personas en México

¿Qué pasó? El 11 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un informe sobre la situación de las personas desaparecidas en México. Este país registra una de las cifras más altas del mundo en materia de desapariciones: más de 100.000 personas reportadas como desaparecidas o no localizadas. El informe analiza las causas estructurales, las fallas del Estado en la búsqueda, identificación y atención a las familias, y formula recomendaciones al Estado mexicano en materia de política pública, legislación e institucionalidad.

¿Por qué importa? La desaparición forzada se considera un crimen de lesa humanidad cuando es perpetrada por agentes del Estado o con su aquiescencia. Los informes de la CIDH, tienen un valor político y jurídico relevante: sientan la base para futuras demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), pueden activar mecanismos de seguimiento de la OEA y sirven como evidencia en procesos domésticos. Para América Latina, México es un espejo incómodo.

🔗 Fuente: CIDH

3. ✊ CIDH: la huelga y la acción colectiva como garantía de derechos laborales

¿Qué pasó? En el marco del Día Internacional de los Trabajadores, la CIDH publicó el 1 de mayo una resolución temática (RD76/26) en la que reconoce la acción colectiva de los trabajadores, incluido el derecho a la huelga, como una garantía esencial para el ejercicio efectivo de los derechos laborales en las Américas. La resolución llama a los Estados a proteger este derecho y a no criminalizarlo ni restringirlo de manera desproporcionada.

¿Por qué importa? En varios países de la región, el derecho a la huelga está sujeto a restricciones cada vez mayores, especialmente en los sectores considerados “esenciales”. La posición de la CIDH es que la represión de la acción colectiva vulnera el Convenio N.° 87 de la OIT y la Carta Democrática Interamericana. Para Chile, esto es relevante en el debate sobre la reforma laboral y los límites al ejercicio del derecho de huelga en empresas estratégicas.

🔗 Fuente: CIDH

4. 🌐 TJUE: exigir 10 años de residencia para acceder a prestaciones sociales es discriminación indirecta

¿Qué pasó? El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó el 7 de mayo (N.° 68/2026) que un requisito de residencia de diez años para acceder a prestaciones sociales y al empleo constituye una discriminación indirecta contraria al derecho comunitario cuando se aplica a beneficiarios de protección internacional, refugiados y personas con protección subsidiaria. El fallo interpreta las directivas europeas sobre el reconocimiento de la condición de refugiado.

¿Por qué importa? Este fallo tiene implicancias directas para los 27 países de la UE: las legislaciones nacionales que impongan requisitos de residencia prolongada para acceder a beneficios sociales deberán ser revisadas cuando se apliquen a personas con protección internacional. En términos más amplios, el fallo refuerza el principio de no discriminación como límite a la discrecionalidad estatal en materia migratoria y de integración, un debate también muy pertinente en Chile, dado el auge de la migración y el debate sobre el acceso a los derechos.

🔗 Fuente: TJUE / Curia

5. 📋 Amnistía Internacional: informe anual 2026 advierte erosión global de la justicia internacional

¿Qué pasó? Amnistía Internacional publicó su informe anual de 2026, en el que denuncia que Estados Unidos, Rusia e Israel han erosionado los mecanismos internacionales de rendición de cuentas, en particular la Corte Penal Internacional (CPI). El gobierno de Trump impuso sanciones al personal de la CPI y a la relatora especial de la ONU para el Territorio Palestino Ocupado; Rusia emitió órdenes de detención contra funcionarios del organismo. Varios Estados se retiraron del Estatuto de Roma o anunciaron su intención de retirarse de tratados sobre armas. El informe, no obstante, destaca avances en la elaboración de una convención vinculante de la ONU sobre fiscalidad y en las opiniones consultivas de la Corte Internacional de Justicia sobre el cambio climático y los derechos humanos.

¿Por qué importa? El debilitamiento de la CPI tiene consecuencias concretas: cuando las grandes potencias se abstienen de someterse al derecho internacional penal, los mecanismos de disuasión se debilitan y la impunidad se extiende. Para los países de América Latina, históricamente víctimas de violaciones de los derechos humanos sin rendición de cuentas, el fortalecimiento o el deterioro de la justicia internacional no es un asunto abstracto: es una cuestión de derechos.

🔗 Fuente: Amnistía Internacional

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Boletín elaborado con fines informativos y educativos. Las noticias cubren el período del 9 al 15 de mayo de 2026. Varias de las informaciones aquí contenidas se refieren a investigaciones y procesos penales en curso. En consecuencia, conforme al principio de presunción de inocencia consagrado en el artículo 4° del Código Procesal Penal y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile, ninguna de las personas mencionadas como imputadas o formalizadas debe ser considerada culpable mientras no exista una sentencia condenatoria firme y ejecutoriada dictada por un tribunal competente. La mención de cargos, detenciones o formalizaciones refleja el estado actual del proceso y no constituye, en ningún caso, un juicio anticipado de responsabilidad penal. Este boletín no constituye asesoría jurídica.

Imagínate esto: suena tu teléfono. Es la voz de tu hijo. Está llorando; dice que tuvo un accidente, que necesita dinero con urgencia y que no llames a nadie más. Reconoces perfectamente cómo suena. El tono, el acento, hasta los errores que comete al hablar.

El problema es que tu hijo está bien, en casa, viendo Netflix.

La voz que escuchaste era falsa. Generada por inteligencia artificial en cuestión de segundos, a partir de un audio que tu hijo subió a Instagram hace tres meses.

Bienvenido al cibercrimen en 2026.

Ya no son hackers encapuchados en sótanos oscuros

Olvídate de la imagen del nerd solitario tecleando en la oscuridad. Eso ya no existe. El crimen digital de hoy funciona exactamente igual que una empresa mediana: tiene un departamento de recursos humanos, un área de desarrollo de producto, equipos de ventas e incluso un soporte al cliente.

En serio.

Hay personas que solo se dedican a robar contraseñas. Otras que desarrollan software malicioso. Otras que lo distribuyen. Y otras que se encargan de “lavar” el dinero. Cada uno cobra por su rol, como cualquier empleado. El negocio se llama Crime-as-a-Service y está en pleno auge.

¿Lo más perturbador? Ahora cualquiera puede ser parte de este negocio. Antes necesitabas saber programar. Hoy le describes a una IA lo que quieres; ella escribe el código y listo: eres cibercriminal. Sin título universitario. Sin años de experiencia. Sin nada.

La IA que usas tú, la usan ellos también

Cuando ChatGPT llegó al mundo, todos nos emocionamos pensando en los correos que escribiríamos más rápido y en los resúmenes que generaríamos. Los criminales pensaron lo mismo, pero con otros planes.

Hoy usan inteligencia artificial para:

• Clonar tu voz. Con menos de un minuto de audio, el que dejaste en ese video de cumpleaños que subiste a redes sociales, pueden imitar perfectamente cómo hablas. Y llamar a tus papás para avisarles que estás en problemas.

• Copiar tu cara. En Brasil ya hay grupos criminales que usan IA para imitar el rostro de sus víctimas y engañar a los sistemas de reconocimiento facial. Esos que los bancos usan para verificar tu identidad. Sí, esos mismos.

• Escribir malware que muta solo. Antes, cuando un antivirus detectaba un virus, lo bloqueaba y listo. Ahora existe el malware polimórfico: un software malicioso que se reescribe constantemente para que los sistemas de seguridad no lo reconozcan. Como si el ladrón cambiara de disfraz cada vez que la cámara lo enfocara.

• Lanzar miles de estafas simultáneamente. La IA permite personalizar mensajes fraudulentos a gran escala. Ya no es ese correo de “príncipe nigeriano” con 47 errores ortográficos que todos ignoramos. Ahora son mensajes perfectamente redactados, con tu nombre y tus datos, que parecen provenir de tu banco, de tu jefe o de tu médico.

El número que debería quitarte el sueño es el 389%.

Ese es el aumento de las víctimas de ransomware en el último año, según el reporte global de amenazas 2026 de Fortinet.

El ransomware ocurre cuando alguien accede a tu computador, encripta todos tus archivos y te exige dinero para descifrarlos. Hospitales, municipios, empresas enteras han quedado paralizados por esto. Y está creciendo casi cuatro veces más rápido que el año anterior.

Para 2027, se estima que el cibercrimen le costará al mundo 23 billones de dólares al año. Para que te hagas una idea: eso es más que el PIB de todos los países de América Latina juntos.

Lo que viene es todavía más raro

Europol, la agencia policial europea, publicó hace pocos días su informe anual sobre cibercrimen. Y hay una advertencia que parece salida de una película de ciencia ficción: el cibercrimen autónomo.

¿Qué significa eso? Que muy pronto los ataques cibernéticos no necesitarán que ningún humano los opere. Una IA detectará la vulnerabilidad, la explotará, robará los datos y exigirá un rescate. Todo sola. Mientras el criminal duerme.

El sistema funciona solo, como un robot de inversión, pero para el crimen.

Y si crees que esto solo les pasa a las grandes empresas o a los gobiernos, piénsalo dos veces. Cada dispositivo conectado a internet en tu casa, tu smart TV, tu timbre con cámara, incluso tu refrigerador inteligente, es una puerta de entrada potencial. Los criminales pueden encadenar millones de estos aparatos con seguridad débil para lanzar ataques masivos.

¿Y qué hacen las autoridades?

Básicamente, corren atrás.

Cuando la policía logra cerrar una plataforma criminal en la dark web, en pocas semanas ya hay otra en marcha. Los usuarios migran, crean nuevos foros y el negocio sigue. Es como cerrar una cuenta de Instagram y que el influencer simplemente abra otra.

Lo que sí está cambiando es la colaboración entre países. Brasil y Estados Unidos, por ejemplo, acaban de firmar un acuerdo para compartir datos aduaneros e inteligencia y detectar envíos ilegales. Y Europol está insistiendo en trabajar junto al sector privado porque, sin acceso a los datos de las plataformas tecnológicas, investigar estos crímenes resulta casi imposible.

Pero la brecha entre lo que pueden hacer los criminales y lo que pueden hacer las autoridades sigue siendo enorme.

¿Qué puedes hacer tú?

No te voy a mentir: si el crimen organizado quiere atacar a una empresa grande con todo su arsenal de IA, hay poco que una persona promedio pueda hacer al respecto. Pero sí hay cosas concretas que te protegen en el día a día:

• Activa la verificación en dos pasos en todo lo importante: correo, banco, redes sociales. Es el escudo más básico y el más ignorado.

• Desconfía de lo urgente. Si alguien te llama o te escribe pidiéndote dinero o datos con urgencia, aunque parezca alguien de confianza, verifica por otra vía antes de hacer cualquier cosa.

• Actualiza todo. Los ataques más exitosos aprovechan vulnerabilidades en software desactualizado. Esa notificación de actualización que llevas tres semanas ignorando es una puerta abierta.

• Cuida lo que publicas. Cada video, cada audio, cada foto tuya que subes a internet es potencialmente material que una IA puede usar para imitarte.

• Revisa los dispositivos de tu casa. Esa cámara de seguridad o ese enrutador que compraste hace cinco años y nunca configuraste bien es un punto débil.

Conclusión: el crimen aprendió más rápido

Hay algo inquietante en todo esto: el crimen organizado adoptó la inteligencia artificial de forma más rápida y más creativa que la mayoría de las empresas legítimas. No tienen burocracia. No tienen comités de aprobación. No tienen que convencer a un directorio. Simplemente prueban, aprenden y escalan.

Eso no significa que estemos perdidos. Significa que la conversación sobre IA no puede limitarse a la productividad y la eficiencia. Tiene que incluir también para qué se está usando en el lado oscuro.

Porque mientras tú usas IA para escribir correos más rápido, alguien más la usa para robarte.

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Ficha de la sentencia

• Tribunal: Corte Suprema, Tercera Sala

• Rol: N° 618-2026

• Fecha: 7 de abril de 2026 (pronunciado el 7 de mayo de 2026)

• Acción: recurso de protección

• Resultado: Se confirma sentencia apelada; recurso rechazado

• Integración: Ministras/os Ravanales, Matus, Ruz y abogados integrantes Valdivia y Ruiz

El caso

Un funcionario municipal obtuvo una licencia médica que le permitía ausentarse de sus labores por motivos de salud. En lugar de destinarla al reposo que la justifica, viajó fuera de Chile.

La municipalidad instruyó un sumario administrativo y, al término del procedimiento, le aplicó la medida disciplinaria más severa prevista en el Estatuto Administrativo para funcionarios municipales: la destitución.

El funcionario impugnó esa decisión mediante un recurso de protección, argumentando que la sanción era arbitraria, que no se habían ponderado adecuadamente los antecedentes y que el artículo 155 de la Ley Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República impedía la aplicación de dicha medida. Tanto la Corte de Apelaciones de Valparaíso como la Corte Suprema le dieron la razón a la municipalidad.

La pregunta jurídica

¿Puede un funcionario municipal ser destituido por usar una licencia médica para viajar al extranjero? ¿Constituye esa conducta una vulneración grave del principio de probidad administrativa que habilita la medida disciplinaria más extrema?

Lo que resolvió la Corte

La Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que había rechazado el recurso de protección. Estimó que no hubo ilegalidad ni arbitrariedad en el procedimiento sancionatorio ni en la sanción aplicada.

La destitución fue considerada la consecuencia normativa derivada de la conducta del funcionario, y el tribunal no encontró mérito para otorgar el amparo constitucional solicitado.

El razonamiento del fallo

La Corte estructuró su razonamiento en torno a tres ejes.

Primero, precisó que el recurso de protección exige constatar actos u omisiones ilegales o arbitrarios que afecten garantías fundamentales, y que las alegaciones del recurrente se limitaban a cuestionar razones de mérito o de ponderación ya evaluadas en sede administrativa, lo cual no constituye materia propia de esta acción constitucional.

Segundo, recordó que el artículo 8.º de la Constitución Política obliga a las autoridades y funcionarios públicos a actuar con probidad en todas sus actuaciones, priorizando el interés general sobre el particular. En ese mismo sentido, el artículo 123 del Estatuto Administrativo para funcionarios municipales establece que la destitución procede cuando los hechos vulneran gravemente dicho principio.

Tercero, calificó la conducta del funcionario, usar la licencia médica para viajar al extranjero con fines distintos al reposo, como una infracción que afecta el cumplimiento regular y continuo de las funciones del órgano y la satisfacción de las necesidades colectivas. A ello se sumó que el procedimiento disciplinario fue tramitado con pleno respeto al derecho de defensa, analizando todos los argumentos del sumariado, incluido el recurso de reposición.

La clave del fallo

El punto central no es solo que viajar con licencia médica sea una falta grave, eso ya estaba asentado, sino la forma en que la Corte delimita el rol del recurso de protección frente a decisiones administrativas disciplinarias.

El tribunal es explícito: cuando el funcionario sancionado reproduce en sede constitucional los mismos argumentos que ya fueron conocidos y rechazados en el procedimiento administrativo, el recurso de protección no es la vía idónea. No se trata de una segunda instancia para revisar el mérito de la sanción ni la ponderación de los antecedentes.

Esto tiene una implicancia práctica relevante: el recurso de protección solo prosperará si existe una ilegalidad o arbitrariedad concreta y verificable en el procedimiento o en la decisión misma, no por el solo hecho de que el sancionado esté en desacuerdo con la conclusión de la autoridad. La Corte, en definitiva, traza una línea entre el control de legalidad, que sí le compete, y el control de mérito, que corresponde a la administración activa.

Por qué importa

Este fallo refuerza una doctrina consolidada en materia de probidad funcionaria, pero también envía una señal sobre los límites del recurso de protección como herramienta impugnatoria en el ámbito disciplinario.

Para quienes asesoran a funcionarios públicos o a municipios, la sentencia confirma que el uso indebido de licencias médicas tiene una consecuencia sancionatoria predecible y que los márgenes para revertirla en sede constitucional son estrechos si el procedimiento fue tramitado correctamente. El cumplimiento del debido proceso en el sumario constituye, en la práctica, la principal garantía de la validez de la destitución.

Conclusión

La Corte Suprema no innovó en este fallo, pero sí consolidó. Reafirmó que la probidad es un estándar exigible con consecuencias concretas, que el procedimiento administrativo disciplinario tiene pleno valor cuando respeta el derecho a la defensa, y que el recurso de protección no está diseñado para sustituir el juicio de mérito de la administración.

Para el derecho funcionario municipal, es un precedente que conviene tener presente.

En Estados Unidos no existe un único “derecho a la identidad” regulado de manera uniforme a nivel federal. Lo que existe es un conjunto de mecanismos jurídicos que protegen, según el caso, el nombre, la imagen, la voz, la firma, el retrato, la semejanza y otros rasgos identificables de una persona.

La figura más relevante es el right of publicity, o derecho de publicidad. Este derecho permite a una persona controlar el uso comercial de su identidad. En términos simples, impide que terceros utilicen sin autorización la voz, la imagen o el nombre de alguien para vender productos, promocionar servicios o generar una apariencia falsa de respaldo comercial.

El problema se ha vuelto especialmente actual con la inteligencia artificial. Hoy ya no es necesario copiar una fotografía o una grabación exacta. Basta con generar una voz, un rostro o una imagen “parecida” mediante IA para producir confusión o aprovecharse del valor económico de una celebridad.

Por eso, artistas como Taylor Swift y Matthew McConaughey (alright, alright, alright), han buscado proteger elementos de su identidad mediante registros marcarios. Swift ha solicitado protección sobre clips de voz e imágenes escénicas. McConaughey, por su parte, ha protegido frases, voz e imagen asociadas a su personalidad pública. No se trata solo de proteger canciones, películas o fotografías, sino la identidad reconocible como activo comercial.

También existen casos en que las voces de artistas fallecidos han sido licenciadas para usos mediante IA. Es lo que ha ocurrido con figuras como Judy Garland, James Dean, Burt Reynolds, Laurence Olivier, John Wayne o Michael Caine, cuyas voces han sido utilizadas o recreadas con autorización de sus herederos o titulares patrimoniales.

En una línea similar, James Earl Jones autorizó el uso tecnológico de su voz para mantener la presencia de Darth Vader en nuevas producciones.

Este fenómeno muestra que la voz y la imagen ya no son solo atributos personales: se han convertido en bienes jurídicos y económicos susceptibles de explotación, licencia y protección.

En el derecho estadounidense, la regulación depende mucho de cada Estado. California protege el nombre, la voz, la firma, la fotografía e imagen de las personas, incluso después de su muerte en ciertos casos. Nueva York regula el uso no autorizado del nombre, retrato, imagen, semejanza o voz con fines comerciales. Tennessee, mediante la llamada ELVIS Act, ha avanzado especialmente en la protección de artistas frente a la clonación de voz e imagen mediante inteligencia artificial.

A nivel federal todavía no existe una ley general, aunque se discute el NO FAKES Act, proyecto que busca crear una protección nacional frente a réplicas digitales no autorizadas de la voz o semejanza visual de una persona.

La dificultad radica en equilibrar esta protección con la libertad de expresión. No todo uso de la imagen o de la voz ajena es ilícito. El periodismo, la crítica, la parodia, las biografías, los documentales y ciertas obras artísticas pueden estar protegidos por la Primera Enmienda. El problema se intensifica cuando el uso es comercial, engañoso o pretende hacer creer que una persona respalda un producto, una campaña o una idea sin haberlo autorizado.

La tesis de fondo es clara: la inteligencia artificial está obligando al derecho a repensar la identidad personal como un activo protegible. Antes, la pregunta era quién era el dueño de una canción, una fotografía o una película. Hoy, la pregunta es más compleja: ¿quién controla una voz, un rostro o una presencia digital que puede recrearse artificialmente?

En Chile la protección es insuficiente

No existe una ley única que regule el derecho a la identidad en términos amplios, como ocurre en Estados Unidos con el llamado right of publicity, que permite controlar la explotación comercial del nombre, la imagen o la voz de una persona.

Sin embargo, eso no significa que la identidad esté desprotegida. En nuestro sistema existen varias herramientas jurídicas que, combinadas, permiten defender el nombre, la imagen, la voz, la honra, la vida privada y los datos personales.

El punto de partida está en la Constitución. El artículo 19 N° 4 asegura el respeto y la protección de la vida privada, la honra de la persona y de su familia, así como la protección de sus datos personales. Aunque la norma no menciona expresamente la voz ni la imagen, ha servido de base para reconocer formas más amplias de protección de la personalidad.

La jurisprudencia chilena también ha reconocido el derecho a la identidad personal como un derecho implícito, vinculado a la dignidad humana, a la vida privada y a los tratados internacionales. Del mismo modo, los tribunales han protegido la propia imagen frente a usos no autorizados, especialmente cuando se afecta la privacidad, la honra o se produce una utilización comercial indebida.

La protección de datos personales será cada vez más relevante. La nueva Ley N° 21.719, cuya entrada en vigencia está prevista para el 1 de diciembre de 2026, fortalece el régimen chileno de protección de datos y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. Esto importa porque el rostro, la voz, la huella o cualquier dato biométrico puede permitir identificar a una persona. Por tanto, su captura, almacenamiento o uso mediante inteligencia artificial puede constituir un tratamiento de datos personales.

La propiedad intelectual también ofrece protección, pero con límites. Protege obras, grabaciones e interpretaciones artísticas, pero no necesariamente la voz ni la imagen de una persona en abstracto. Es decir, una canción, una fotografía o una actuación pueden estar protegidas; pero la identidad reconocible de una persona requiere otras herramientas jurídicas.

La propiedad industrial, por su parte, permite registrar marcas, nombres comerciales, logotipos, frases distintivas e incluso marcas sonoras. Esto puede ser útil para artistas, comunicadores, influencers o profesionales que han construido una marca personal. Pero tampoco equivale a registrar la identidad completa de una persona.

En consecuencia, Chile protege la identidad por capas: Constitución, jurisprudencia, datos personales, propiedad intelectual, marcas y responsabilidad civil. El problema es que la inteligencia artificial está desafiando esas categorías. Hoy ya no se trata solo de usar una fotografía sin permiso, sino de crear una voz, un rostro o una réplica digital que parezca real y que la persona nunca haya autorizado.

La conclusión es clara: Chile sí protege la identidad, pero de manera fragmentada e incompleta. El desafío futuro será construir una regulación más precisa para enfrentar la explotación no autorizada de la voz, la imagen y la semejanza digital de las personas en tiempos de la inteligencia artificial.

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El caso comenzó en el marco de una investigación penal por fraude. Bradley Heppner, ex CEO de una empresa financiera en quiebra, usó Claude, de Anthropic, después de recibir una citación del gran jurado y de saber que era el objetivo de la investigación.

Según su defensa, Heppner ingresó en la IA la información que le dieron sus abogados y generó documentos sobre posibles estrategias de defensa, que luego compartió con ellos. El gobierno obtuvo esos documentos mediante una orden de registro y solicitó que se declarara que no estaban protegidos.

El caso United States v. Heppner fue resuelto por el juez Jed S. Rakoff, de la U.S. District Court for the Southern District of New York. La opinión escrita se emitió el 17 de febrero de 2026.

Este caso es relevante porque, según comentarios jurídicos, sería una de las primeras decisiones federales en Estados Unidos que aborda directamente si las conversaciones con una IA generativa pueden estar protegidas por el attorney-client privilege o por la doctrina del work product.

El juez rechazó la protección por secreto profesional abogado-cliente por tres razones principales:

1. Claude no es abogado. La comunicación no fue entre el cliente y el abogado. El juez consideró que el hecho de que la IA no fuera un abogado bastaba para descartar el privilegio.

2. No existía una expectativa razonable de confidencialidad. El usuario utilizó una plataforma de IA de un tercero. Además, la política de privacidad de Anthropic permitía recopilar datos, utilizarlos y compartir información con terceros, incluidas las autoridades, así como en litigios.

3. La IA no se utilizó para obtener asesoría jurídica de un abogado. Aunque Heppner después compartió los resultados con sus abogados, eso no hacía que esas comunicaciones fueran privilegiadas. Además, sus abogados no le indicaron que usara Claude.

También se rechazó la protección por la work product doctrine porque los documentos no fueron preparados por los abogados, ni por encargo de ellos, ni reflejaban directamente la estrategia o las ideas del abogado defensor.

¿Qué es la doctrina del work product?

La work product doctrine es una regla del derecho procesal estadounidense que protege ciertos materiales preparados por un abogado, por una parte o por sus representantes, en anticipación de un litigio o durante un litigio.

En resumen: no todo lo que una parte prepara para defenderse en juicio puede ser exigido por la contraparte mediante la discovery, que es el proceso en el que las partes presentan sus argumentos y defensas.

El objetivo es que el abogado pueda preparar el caso con libertad, sin que la contraparte acceda fácilmente a su estrategia, teorías, notas, análisis o líneas de defensa.

La formulación clásica proviene del caso Hickman v. Taylor, de la Corte Suprema de EE.UU.

Se suele distinguir entre dos niveles de protección:

1. Fact work product
   Estos materiales incluyen hechos, entrevistas, cronologías, documentos preparados para el litigio, informes, recopilaciones o antecedentes. Se puede determinar si la contraparte demuestra una necesidad importante y que no puede obtener la información por otros medios con mucha dificultad.

2. Opinion work product
   Esta es la parte más protegida. Incluye las ideas, teorías jurídicas, estrategias, opiniones o razonamientos del abogado. Normalmente recibe una protección casi total.

3. Por eso, aunque el imputado usó un chatbot con “contenido jurídico”, el tribunal concluyó que ello no era suficiente para aplicar la work product doctrine: los documentos no fueron preparados por el abogado, ni por encargo del abogado, ni reflejaban directamente la estrategia del abogado defensor.

Una equivalencia aproximada en la tradición continental sería la protección de la estrategia de defensa, de los borradores internos, de las notas de preparación del juicio y de los análisis reservados del abogado. En Estados Unidos, sin embargo, funciona como una doctrina procesal específica dentro del sistema de descubrimiento.

Una salida a pesar de todo

Un matiz importante: el juez dejó abierta otra posibilidad. Si el abogado hubiera indicado al cliente que usara una herramienta de IA bajo ciertas condiciones, la IA podría haber funcionado como un agente técnico del abogado, como un intérprete, contador o consultor. Sin embargo, eso no ocurrió en este caso.

Por eso, es mejor confiar en tu abogado de carne y hueso.

Compartir Derecho en movimiento

En el año 2009, Chile incorporó al sistema penal la responsabilidad de las personas jurídicas. Seguimos la tendencia de otros sistemas, como los de Estados Unidos, de Inglaterra y de España, entre otros. La idea era ponerse a la altura de lo que significaba, entre otras razones, la modernización de la prevención de delitos y, al mismo tiempo, cumplir con estándares propios de la OCDE en un mundo cambiante, donde la criminalidad organizada transnacional y la corrupción comenzaban a tener un protagonismo importante en los países.

En septiembre de 2024 se produjo la tormenta perfecta porque el catálogo inicial de delitos, que sólo contemplaba lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho, se amplió considerablemente, incluyendo incluso los cuasidelitos. También se establecieron distintas formas de determinar la pena y de su cumplimiento mediante penas sustitutivas.

Hasta esa fecha, muy pocas empresas habían incorporado eficazmente las nuevas obligaciones que establecía el estatuto jurídico. Sin embargo, está claro que, desde el 1 de septiembre de 2024, si una persona jurídica incurre en alguno de los supuestos legales, puede ser perseguida penalmente conforme a la Ley N° 20.393 reformada.

A nuestro estudio llegaron muchas empresas preguntando si diseñábamos planes de prevención de delitos. Pero luego de estudiar la ley, la doctrina comparada y otros ejemplos internacionales, nos dimos cuenta de que era necesario contar con un equipo muy afiatado de auditores, economistas preventivistas de riesgos y otras especialidades.

Esto era fundamental, sobre todo a la hora de elaborar la matriz de riesgos; vale decir, establecer con certeza cuáles eran las eventuales responsabilidades derivadas de la falta de control en los procedimientos industriales y empresariales, que, por cierto, variaban según la actividad que realizara la persona jurídica.

En palabras simples, la matriz es el mapa de los riesgos penales de la empresa. Sin ella, el modelo de prevención queda genérico; con ella, el modelo se adapta realmente al tamaño, giro, estructura y exposición concretos de la organización.

Y teníamos razón. En nuestra práctica jurídica nos hemos encontrado con la sorpresa de que muchos planes de prevención de delitos han sido elaborados bajo el formato de “copiar y pegar”, sin mayor análisis y sin indicar en detalle cómo la actividad de la empresa podría generar riesgos específicos. Es como tener o no tener un plan de prevención de delitos; es como cumplir o no cumplir la ley.

Tampoco existe forma de comprobar si los distintos estamentos y colaboradores de las empresas fueron efectivamente capacitados bajo la nueva norma, estableciendo con claridad las obligaciones, y menos aún si ello se cumple en los contratos de trabajo y de relación. Todo lo cual genera riesgos importantes para la actividad de la empresa.

Encontramos también que, en muchos casos, el oficial de cumplimiento no cuenta objetivamente con los recursos ni la independencia necesarios para desempeñar su función, y tampoco existen canales de denuncia eficaces para dar estricto cumplimiento a la normativa vigente.

El problema es que, cuando ocurre un evento sancionable por la ley, para el organismo persecutor resulta muy fácil elaborar un checklist y realizar algunas diligencias de investigación para llegar a la conclusión definitiva de que el evento ocurrió, entre otras razones, por defectos en la implementación del plan de prevención, a todas luces aparentes e insuficientes.

Aquella cuestión también es sancionable penalmente, sin perjuicio de las responsabilidades civiles que eventualmente puedan derivarse del evento dañoso.

Ya estamos asistiendo a la persecución penal derivada de la responsabilidad de las personas jurídicas. Es posible que, en los próximos años, esta se vea incrementada por la existencia de modelos de prevención de delitos extraordinariamente defectuosos que, en su elaboración, no resultaron lo suficientemente precisos para determinar con exactitud los riesgos de la empresa, establecer con claridad las mitigaciones y crear condiciones eficaces para evitar problemas penales.

Cuando ello ocurra, ya será tarde para introducir modificaciones al plan; en ese momento, deberás simplemente buscar a los especialistas más calificados para ejercer la defensa ante el sistema de justicia. Si aún no has tenido problemas penales, aún estás a tiempo de revisar tu plan de prevención de delitos.

Cuando George Fletcher nos invita a pensar en la relación del derecho del castigo, hay una estructura piramidal, donde por una parte y en la cúspide se encuentra el juez, y en los vértices inferiores ubicamos a un lado el persecutor, y en el otro el imputado.

En cualquier modelo, es fundamental el diseño de la forma de persecución y juzgamiento, conjuntamente con las sanciones legales probables, y la expansión de los tipos penales.

Para el modelo Bukele, se requiere la modificación profunda de la relación y los procedimientos.

Así ocurrió en El Salvador, en varias etapas sucesivas, que reconstruyeron el funcionamiento del sistema punitivo.

1) Primero, la reforma del árbitro y el acusador

El 1 de mayo de 2021, la nueva Asamblea Legislativa, con mayoría del Ejecutivo, destituyó y reemplazó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y removió al Fiscal General, procediendo a nuevas designaciones.

Dos consecuencias:

i.- La Sala constitucional era el “árbitro” de las disputas en materia de garantías individuales. Cambiar el titular, mediante la destitución súbita, altera el balance del juego.

ii.- La Fiscalía es el “motor” de la persecución penal. En un modelo apoyado en lo excepcional, sin un contrapeso constitucional robusto el presecutor es funcional a la dirección estratégica oficial.

En ambos casos, se debilita la vigencia de las garantías del juzgamiento.

2) Segundo, la reforma a la carrera judicial y a la gobernanza interna

El segundo paso ocurrió el 31 de agosto de 2021, con reformas legislativas que incidieron en la carrera judicial y en la estructura de la Fiscalía, promoviendo el reemplazo de jueces, magistrados y fiscales, con márgenes de discrecionalidad relevantes.

Cuando la política criminal exige volumen, el sistema necesita obediencia funcional. No necesariamente “obediencia” en sentido ideológico, sino disponibilidad institucional para absorber la carga sin frenar el diseño.

3) Tercero, la implementación del régimen de excepción

Fue declarado el 27 de marzo de 2022, y funciona como un marco de operación judicial.

Al modificar el entorno de garantías, plazos y controles, el régimen transforma la justicia penal en una máquina, que puede procesar un flujo masivo de detenciones, actuando con parámetros distintos al estándar “caso a caso” que exige alta individualización probatoria y defensa efectiva.

4) Cuarto, los juicios y las audiencias masivas

La mayor innovación no policial, sino procesal, es transformar miles de causas en un formato manejable, lo que ocurrió el año 2023.

Aquí cambia la naturaleza del proceso penal. El foco, pasa a ser la pertenencia a una organización, la imputación por categorías, la acumulación de imputados en un mismo juicio, y una tramitación que prioriza el control del volumen.

Cuando el proceso se vuelve una herramienta para sostener el volumen, el riesgo es que la excepción deje de ser excepcional.

5) Epílogo, el cierre del círculo de reformas y la continuidad

Una vez realizados los cambios al sistema, el Estado tiene la puerta abierta para introducir todas las reformas necesarias para dibujar un sistema de garantías procesales, modelos penitenciarios y reformas permanentes, sin contrapesos políticos.

Como se ve, es un proceso que constituye un cambio radical al sistema punitivo.

La incompatibilidad estructural del modelo securitario salvadoreño, con nuestra realidad jurídica

Si en El Salvador, el “modelo” se sostiene en el control del árbitro constitucional, la reingeniería de la carrera judicial y de la Fiscalía y herramientas procesales para tramitar simultáneamente grandes volúmenes, en Chile el “sistema” opera con una lógica distinta: más frenos institucionales, vigencia de garantías, más litigación contradictoria y menos espacio para un “carril excepcional” permanente.

Los límites de un posteo, me impiden hacer un análisis detallado de las profundas diferencias entre ambos países, pero me parece necesario destacar algunas cuestiones básicas.

Así por ejemplo, en El Salvador, la medida cautelar de prisión preventiva es la “columna vertebral” del modelo de encarcelamiento masivo. En nuestro país, la prisión preventiva está regulada como una cautelar que debe debatirse en audiencia, por regla general esto ocurre en la formalización, y se decide mediante resolución fundada, revisable por los tribunales superiores.

En El Salvador, la práctica procesal, es el juicio “en lote”, donde se juzgan a decenas de personas en un solo proceso. Nuestro país, en cambio, sólo permite la acumulación de investigaciones, bajo estrictos parámetros reglados, pero siempre en una lógica de “caso a caso”, con independencia probatoria para cada imputación, y sentencia fundada, de acuerdo a estrictas reglas de sana crítica.

Por otra parte, nuestro país cuenta con órganos jurísdiccionales con jueces de carrera, especializados e independientes, y un modelo persecutor que privilegia la objetividad y las técnicas investigativas, sin perjuicio del control judicial de las actuaciones de la fiscalía.

Ademas, instituciones como el recurso de amparo, las acciones ante el Tribunal Constitucional, la plena vigencia del derecho convencional, y el derecho penitenciario, entre otros elementos cautelares, constituyen un cúmulo de garantías que aseguran el debido proceso.

Bajo tales condiciones, el modelo salvadoreño, no es compatible con nuestra realidad jurídica.

Y por cierto, es posible un nuevo modelo penitenciario, con adecuaciones a la persecución penal actual, pero eso es para otro posteo.

Si la creación de economías paralelas ilícitas en ambientes donde rige la norma, es la definición más simple de crimen organizado, entonces quienes se dedican a comercializar bienes y servicios al interior de las cárceles, son crimen organizado.

La diferencia con otras, es que en este caso los operadores son funcionarios públicos, por lo tanto el factor “corrupción”, propio de estos modelos, es definitorio del concepto.

Como implementar economías ilícitas en los penales

La receta es simple y fácil, como todo en el crimen organizado:

1.- Permites que los presos tengan poder adquisitivo, dinero en efectivo para el pago. debes asegurarte que los controles bajen sus estándares de vigilancia de entrada.

2.- Identificas las necesidades y por ende creas la oferta “por catálogo” de bienes y servicios.

3.- La oferta debe ser variada en comida, entretención, comunicaciones con el mundo externo y seguridad.

4.- Tienes que organizarte como una empresa, sabiendo que deberás compartir las utilidades con quienes cumplen funciones de compliance, oferentes, recaudadores, encubridores, Etc.

5.- Debes estar atento al surgimiento de posibles competidores, si el mercado es grande, tendrás que negociar áreas, si es pequeño, eliminarlos a través de la delación, la violencia o la oferta.

6.- Creas mecanismos de protección al negocio, es posible que debas “apuntarte de facto”, con las organizaciones gremiales, o de otro tipo, que ejercen el control ético y reglamentario del recinto.

7.- Asegúrate que tus vendedores interactúen con la población penal, de manera privada, oculta, lejos de cámaras de seguridad y ojos indiscretos.

8.- Vendes los bienes y servicios hasta con un mil por ciento más del precio marcado en el medio libre.

9.- La moneda de curso legal, es el efectivo, especies y personas.

10.- Debes tener un modelo de lavado de dinero, que asegure la imposibilidad de que alguien pueda trazar tus ganancias.

Formas preventivas de evitar el modelo

A veces entre tanta academia, opinión puramente política u oportunista, especialistas venidos a menos y otras hierbas, se pierde el foco de que la respuestas son más sencillas y de sentido común, sólo diré tres:

1.- Modelos penitenciarios que reduzcan al mínimo el contacto entre los celadores y los presos.

2.- Modelos penitenciarios que eviten el contacto directo entre los presos y las visitas.

Para ambas, la palabra mágica es “tecnología”, obviamente.

3.- No es deseable, la existencia de organizaciones gremiales en instituciones jerarquizadas.

Las palabras son tres: “ley”, “autoridad” y por ende “Estado de Derecho”, nada nuevo bajo el sol. Podría citar muchas experiencias comparadas, en otro posteo.

Nunca es tarde

• El punto decisivo es que quienes operan el mercado interno son funcionarios, por lo que la corrupción no es un accidente, sino el elemento estructural que hace viable el modelo.

• La “receta” muestra una cadena cerrada: ingreso de poder adquisitivo y baja de controles, creación de oferta por catálogo (comida, entretención, comunicaciones, seguridad), reparto de utilidades con roles tipo “compliance y encubrimiento”, manejo de competidores y, al final, un sistema de lavado para impedir trazabilidad.

• Se debe cortar el circuito donde se produce la captura: menos interacción directa celador–interno, menos contacto interno–visitas (vía tecnología) y evitar que organizaciones en instituciones jerarquizadas, erosionen la ley, la autoridad y el Estado de Derecho”.

El juicio oral es un diálogo ordenado, con reglas preestablecidas, en el que usted y su contraparte persiguen intereses distintos nacidos de un conflicto que debe resolverse sin violencia.

Acuden a un tercero imparcial que los oirá y luego decidirá quién tiene la razón. En palabras sencillas, es un enfrentamiento dialéctico entre dos historias, donde gana la más creíble.

Existe una relación tripartita, imaginemos la pirámide: en la cúspide el juez, a cada uno de los lados de las bases, la fiscalía y el querellante por un lado, y la defensa por el otro.

Estructura básica del juicio

• Alegato de apertura. El tribunal necesita saber, primero, cuál es el problema y por qué usted sostiene que tiene la razón; cuáles son sus fundamentos y por qué solicita una decisión favorable.

• Examen directo. Usted debe probar sus afirmaciones incorporando información útil por medio de la prueba: presentar evidencias e interrogar a sus testigos.

• Contraexamen. Podrá interrogar a los testigos de la contraparte para verificar la fiabilidad y calidad de su información, revelar defectos de percepción o veracidad y demostrarlo al tribunal.

• Alegato de clausura. Antes de cerrar el debate, puede exponer su opinión jurídica fundada sobre lo ocurrido, destacando las razones de su petición y por qué la contraparte se equivoca o carece de sustento.Ahora vamos al Derecho.

Una metáfora para entenderlo

Imagine el juicio como un tren que avanza sobre rieles y es conducido por un experto:

• El tren: el Derecho penal, con su carga dogmática y probatoria, se desplaza hacia un destino: que prevalezca su teoría del caso (un vehículo pesado que debe manejarse con cuidado).

• Los rieles: el Derecho procesal penal, cuyas reglas permiten que lo dogmático y lo probatorio lleguen a destino.

• La conducción: el interviniente, atento al camino, sabe cuándo acelerar o frenar y cómo evitar el descarrilamiento; su volante son las destrezas de litigación oral.

Así se resume el esquema fundamental de un juicio oral: usted, como conductor, tiene el poder de planificar y ejecutar el viaje, que como sabemos, comienza mucho antes de subir a la máquina.

La regla de oro. La investigación no es un trámite: es el momento donde se define el caso. Ahí decides qué pedir al persecutor para robustecer tu teoría del caso y qué indagar por tu cuenta. En esa mezcla —diligencias bien enfocadas + investigación propia— se cocina el 70% del resultado.

Dos carpetas, una estrategia. Existen la carpeta del fiscal y la tuya. Tu teoría del caso vive en la segunda, pero se alimenta leyendo —con copia actualizada— la primera. Sin eso, sólo darás cátedra abstracta; tu cliente necesita respuestas concretas: cuáles son las pruebas de cargo y cómo las enfrentarás.

La entrevista que importa. La primera conversación rara vez basta: la confianza se construye cumpliendo tu palabra. Si prometiste visitar en 48 horas a un cliente en prisión preventiva, ve. Ese gesto separa a los serios de los “vende humo” y abre la puerta a información esencial y confidencial para tu estrategia.

Define el juicio… antes del juicio. Lo que harás en audiencia se decide en la investigación: qué objeciones anticipas, qué testimonios priorizas, qué peritajes requieres y qué salidas intermedias activarás. Todo se ensaya—por escrito—antes de pisar estrado.

Peritos que expliquen lo complejo con simpleza. Si necesitas ciencia, busca experiencia real en sala. El buen perito no deslumbra: aclara. Debe sostener su informe y enseñar al tribunal sin jerga innecesaria.

Checklist de investigación (para convertir en rutina)

• Teoría del caso (versión 1.0) con hechos, normas y narrativas rivales.

• Copia al día de la carpeta fiscal y matriz de pruebas de cargo/descargo.

• Diligencias al persecutor alineadas a hipótesis verificables.

• Investigación propia: entrevistas, inspecciones, trazabilidad documental.

• Entrevista en profundidad al cliente (cronología + corroboración externa).

• Plan de peritajes necesarios y criterios de selección (idoneidad y didáctica).

• Hoja de ruta procesal: salidas tempranas vs. preparación de juicio oral.

• Control de plazos y versión 2.0 de la teoría del caso según hallazgos.

Conclusión: no esperes sentado. La defensa investiga; el escritorio no reemplaza la calle. Pequeños detalles —puntualidad, rigor, seguimiento— marcan diferencias gigantes. El oficio del defensor es como el del alfarero: la forma final se decide con las manos en la arcilla, mucho antes del horno.

”Señores 🇵🇪 28 de julio Plaza Norte Empezo eso Alineación y Balanceo. Recordemos que 🇨🇱 es nuestro pedacito de cielo…y Serán Llamados Pa la Nueva Maners de trabajo solo Sumemos evitemos Restar a los incomodos ya saben la solución Para Ello el que Sabe Sabe… 🏛️DA🚂🦇👳🏻⭐️👽”

Hay libros que no se limitan a describir un fenómeno: lo encarnan. Nuestro pedacito de cielo. El nuevo crimen organizado en Chile, (Planeta), del periodista Carlos Basso, es una de esas obras que, bajo la apariencia de investigación periodística, se instala en el territorio de la novela negra y del testimonio brutal.

El título, tomado de un mensaje de WhatsApp enviado por un líder del Tren de Aragua, parece un guiño irónico a la inocencia perdida. Ese “pedacito de cielo” es, en realidad, el territorio tomado por balas, drogas y códigos cifrados que nos recuerdan que Chile ya no es el refugio distante del crimen transnacional que alguna vez imaginamos ser.

La crítica más férrea que puede hacerse a este libro es también su mayor virtud: la prosa de Basso incomoda. No concede respiros. El arranque —“Cáncer Fase IV”— no es sólo metáfora, es declaración estética: el crimen organizado no se presenta como un tema de interés académico, sino como una enfermedad terminal que corroe las venas del país. La descripción de un asalto cualquiera en una esquina de Santiago resuena como un eco de James Ellroy o Don DeLillo, pero con la crudeza de la experiencia chilena.

Basso construye un texto híbrido: a ratos relato testimonial, a ratos crónica detectivesca, siempre con el pulso de quien ha visto demasiado. En sus páginas conviven Santiago y Talcahuano con Nueva York y Caracas, la PDI con la DEA, el Tren de Aragua con Los Trinitarios. El mensaje es claro: el crimen organizado no conoce fronteras, y su gramática es universal.

El lector de derecho encontrará aquí un manual indispensable; el lector de literatura hallará una pieza de realismo sucio que, sin proponérselo, traza la cartografía estética de una violencia que ya es nuestra. Y es que Nuestro pedacito de cielo no se limita a denunciar: atrapa, hiere, obliga a pensar.

Carlos Basso nos recuerda que, en Chile, la crónica periodística con tintes de novela negra ya no es género importado: es noticia, es investigación y, sobre todo, es espejo.

Hablar frente a una Corte, no es simplemente repetir un discurso aprendido. Es un ejercicio de concentración, estrategia y claridad. Un alegato puede abrirte puertas… o cerrarlas para siempre.

Y, aunque cada abogado tiene su estilo, hay errores que son fatales y que debes evitar a toda costa.

1. Leer tu alegato

Cuando un abogado lee, la Corte lo nota. La mirada baja, la voz monótona, la falta de contacto con los jueces… todo transmite inseguridad. Y lo peor: proyecta la imagen de alguien que no domina el oficio.

Piensa en lo siguiente: mientras tú lees, tu contraparte puede estar hablando con convicción, manteniendo la atención de los jueces y dejando claro que sabe de lo que habla. ¿A quién van a escuchar con más interés?

2. Aburrir con lo que los jueces ya saben

El tiempo en un alegato es oro. Y perderlo explicando lo evidente es, simplemente, un desperdicio.

Los jueces conocen perfectamente qué es la sana crítica, qué artículos del Código aplican y que la prisión preventiva es la medida más gravosa de todas. No necesitan un recordatorio escolar.

Lo que sí esperan de ti es que, por ejemplo, cites jurisprudencia con precisión —rol, Corte y un par de frases clave— y que expliques, en palabras simples, por qué respalda tu posición. Ellos harán el resto.

3. Repetir lo que ya dijo el relator

Cuando la relación del caso es pública, el relator expone los detalles: fechas, hechos, documentos. No caigas en la tentación de repetir todo eso.

Tu trabajo es otro: darle vida a tu teoría del caso. Si ya se mencionó que los predios eran contiguos y que tu cliente quedó con un portón cerrado, no lo repitas. Habla, en cambio, de lo que eso significó para sus hijos pequeños que cada mañana llegan tarde a la escuela. Ese es el tipo de detalle que conecta, que despierta empatía y mantiene la atención del tribunal.

De verdad, espero que estos tips sean de utilidad para tu trabajo.

En la celda 23 no hay silencio: hay órdenes. Afuera, un teléfono suena, una moto arranca, un sicario recibe coordenadas. Todo comenzó en un penal, pero el alcance es continental.

Hace veinte años, cuando yo entraba a las cárceles como defensor penal público, la historia era otra. Los pasillos olían a humedad y resignación, no a negocios internacionales. El que caía preso era, casi siempre, un ladrón torpe, un microtraficante sin ambiciones globales. La violencia más sofisticada quedaba en las películas.

Pero las prisiones cambiaron, y lo hicieron en silencio. Entre muros y rejas se incubaron organizaciones que hoy operan como corporaciones: con jerarquías, logística, finanzas y hasta planes de expansión internacional. El encierro, que debía cortarles las alas, terminó dándoles un refugio seguro para planificar.

De aulas de castigo a oficinas de comando

En las clases de derecho penal enseñamos que la cárcel es la consecuencia jurídica para quien rompe la norma. Teoría de la pena: castigo, rehabilitación, ejemplo. Eso dice el manual. La realidad, sin embargo, se ha vuelto otra: muchas prisiones ya no corrigen ni disuaden; coordinan. Son el centro de mando donde se deciden el próximo motín, la próxima ruta de cocaína o el próximo secuestro.

Los imperios nacidos tras las rejas

En Venezuela, el Tren de Aragua se fundó en la cárcel de Tocorón, bajo el mando de Héctor “Niño Guerrero”. Desde allí, sin mover un pie del penal, tejió una red que cruzó fronteras hasta llegar a Chile, México y Argentina. En 2025, EE.UU. lo declaró organización terrorista.

En Paraguay, Armando Javier Rotela convirtió la Penitenciaría Nacional de Tacumbú en su centro de operaciones. Controla pabellones, decide quién vive y quién muere. En 2023, un motín que él ordenó dejó 10 muertos.

En Brasil, el Primeiro Comando da Capital nació en 1993, en la Casa de Custodia de Taubaté, después de la masacre de Carandiru. Su líder, Marcos “Marcola”, dicta instrucciones desde una cárcel de máxima seguridad, usando abogados, familiares y mensajeros como antenas de transmisión.

El Comando Vermelho, con Luiz Fernando “Beira-Mar” a la cabeza, dirige desde la Penitenciaria Federal de Mossoró rutas de cocaína que unen Colombia, Paraguay y Río de Janeiro.

Y en El Salvador, pese al nuevo régimen de excepción, líderes de la Mara Salvatrucha y Barrio 18 han seguido ordenando extorsiones y homicidios desde sus celdas.

Cómo se construye un cuartel detrás de barrotes

Para que una prisión se convierta en base de operaciones, deben alinearse varios factores:

• El Estado pierde el control y la autoridad pasa a manos criminales.

• Los funcionarios carecen de formación y recursos para detectar el germen de la organización.

• Las agencias estatales no se coordinan; adentro y afuera los criminales se comunican sin obstáculos.

• El hacinamiento camufla a los líderes y diluye responsabilidades.

• La administración carcelaria sigue pensando en delincuentes de baja monta, cuando dentro ya operan estrategas delictivos.

La dura verdad del Crimen Inc

El mito de que los barrotes contienen al crimen se derrumba. Las cárceles ya no son el fin del camino delictivo; para muchos, son el punto de partida. Allí se planifica, se ordena y se hereda el negocio.

Y lo más inquietante: mientras las leyes y las políticas sigan creyendo que encarcelar basta, los muros seguirán graduando a las próximas generaciones de líderes del crimen organizado.

Hablemos de litigación, nunca está demás recordar de manera sencilla algunas técnicas básicas.

En juicio, las primeras palabras no son un trámite: son la llave que abre —o cierra— la mente del tribunal. Un alegato de apertura bien construido no se limita a presentar pruebas; establece el marco mental con el que el juez interpretará todo lo que vendrá después. Si logra contar la historia correcta, habrá ganado más de la mitad de la batalla antes de que la primera testigo suba al estrado.

Un buen alegato de apertura no es una lección de derecho: es una historia bien contada.

Te dejo 5 tips que pueden orientar un buen alegato de apertura.

En un juicio, dos narrativas se enfrentan. La que el tribunal encuentre más clara, creíble y coherente es la que termina prevaleciendo.

1. Piense como narrador, no como académico

El alegato de apertura debe presentar los hechos y a sus protagonistas de manera sencilla, sin ahogar al tribunal con teorías jurídicas. Es el momento de pintar el escenario para que todo lo que venga después tenga sentido.

2. Guíe al tribunal

Anticipe quiénes serán los testigos, qué pruebas se presentarán y cómo encajan en la historia. Esto no solo ordena el debate: ayuda al tribunal a seguir cada pieza del caso con mayor atención.

3. Sea claro sobre el conflicto y el objetivo

Defina con precisión cuál es el problema central, qué postura defenderá y qué decisión espera obtener. Un lema breve que resuma la esencia de su caso puede convertirse en un ancla poderosa durante todo el juicio.

4. Use sentido común y simplicidad

Las mejores aperturas no se recuerdan por su complejidad, sino por su capacidad de conectar. Si su historia puede explicarse con naturalidad en una conversación, es señal de que está lista para la sala.

5. Cierre con un hilo conductor

No termine su apertura como si cerrara un trámite. Deje una idea fuerza —una frase breve, fácil de recordar— que conecte todo su relato. Esa línea será la brújula que oriente al tribunal mientras escuche testigos y analice pruebas.

En la sala, el reloj corre y cada palabra cuenta. El alegato de apertura no es el momento para impresionar con tecnicismos, sino para sembrar una historia que el tribunal quiera creer. Porque al final, el juicio es un relato… y la voz que lo cuente mejor, gana la atención del tribunal.

Hablar de crimen organizado no es hablar solo de armas, dinero y violencia. Es hablar de una estructura que no se agota con un arresto ni se desmantela con un operativo. En más de tres décadas, hemos visto cómo estos grupos se regeneran, amplían sus redes y perfeccionan sus métodos.

A continuación, 10 verdades incómodas —respaldadas por casos reales— que explican por qué el crimen organizado sigue vigente.

1. El líder es reemplazable

Cuando un líder criminal es capturado o eliminado, el golpe rara vez desarticula la estructura. Estas organizaciones no dependen de una sola persona, sino de redes jerárquicas con mandos intermedios listos para asumir el control.

📍 Ejemplo: La captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán en 2016 fue presentada como una gran victoria del Estado mexicano. Sin embargo, su hijo Ovidio Guzmán López y el histórico socio de su padre, Ismael “El Mayo” Zambada, mantuvieron intactas las rutas de tráfico y las alianzas internacionales. Incluso tras la extradición del Chapo a EE. UU., el Cártel de Sinaloa continuó siendo uno de los principales exportadores de metanfetamina y fentanilo hacia el norte, según informes de la DEA.

2. Fijarse en un solo enemigo es un error

Concentrar esfuerzos contra una sola organización puede generar un “efecto vacío” que otras bandas aprovechan para expandirse.

📍 Ejemplo: Durante el Plan Colombia (2000-2015), el objetivo principal fue debilitar militarmente a las FARC. Aunque se redujo su capacidad operativa, el retiro de la guerrilla de vastas zonas rurales permitió que grupos paramilitares, disidencias y carteles como el Clan del Golfo ocuparan esos territorios, manteniendo e incluso aumentando la violencia.

3. La debilidad del Estado de Derecho se paga caro

La ausencia de un sistema judicial sólido lleva a que la respuesta inmediata sea militarizar la seguridad, con resultados limitados y temporales.

📍 Ejemplo: En México, la “guerra contra el narco” iniciada en 2006 desplegó al Ejército en las calles. Si bien se lograron capturas importantes, los homicidios se dispararon de 8867 en 2007 a más de 36000 en 2019. El problema estructural —corrupción en policías y falta de independencia judicial— permaneció intacto.

4. La migración no es el problema, pero puede ser la vía

El crimen organizado aprovecha los flujos migratorios para mover personas, drogas, armas e información.

📍 Ejemplo: El Tren de Aragua ha usado las rutas migratorias irregulares desde Venezuela hacia Chile, Perú y Colombia no solo para infiltrar miembros, sino también para mover mujeres y menores destinados a la explotación sexual, transportar armas y drogas, y establecer redes de microtráfico en ciudades fronterizas y capitales.

5. Tecnología al servicio de la ilegalidad

Los grupos criminales invierten en tecnología para ganar ventaja táctica y psicológica.

📍 Ejemplo: El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha usado drones comerciales modificados con explosivos para atacar a rivales y fuerzas de seguridad en Michoacán. Desde 2020, la Fiscalía mexicana ha registrado más de 260 incidentes con drones armados, que no solo causan daños físicos, sino que también generan terror en la población.

6. Infiltración en las instituciones

El acceso a información privilegiada y la manipulación de procesos judiciales otorgan una impunidad más eficaz que cualquier arsenal.

📍 Ejemplo: En Argentina, (2018) el caso de “narcojusticia” reveló cómo jueces federales protegían a organizaciones criminales. El ex juez de Orán, Raúl Reynoso, fue acusado de liderar una asociación ilícita que favorecía a narcotraficantes, filtrando información de operativos y reduciendo cargos a cambio de sobornos millonarios. En paralelo, el juez de Itatí, Carlos Soto Dávila, fue imputado por facilitar el ingreso de marihuana desde Paraguay con complicidad de autoridades locales y fuerzas de seguridad.

7. Influencia en la política

Colocar aliados en cargos clave permite controlar leyes y presupuestos.

📍 Ejemplo: La ‘Ndrangheta italiana, considerada la organización criminal más rica de Europa, financió campañas de concejales y alcaldes en Calabria, Lombardía y Emilia-Romaña. A cambio, recibían contratos públicos, control de licitaciones y acceso a información fiscal. Investigaciones de la Fiscalía Antimafia han documentado su capacidad para manipular votaciones municipales completas.

8. La seguridad comunitaria no basta

El miedo es un arma de control social que neutraliza los esfuerzos vecinales.

📍 Ejemplo: En São Paulo, el Primeiro Comando da Capital (PCC) impone reglas propias en barrios periféricos: prohíben delitos menores contra vecinos para ganar legitimidad, pero exigen obediencia absoluta. Las sanciones por desobedecer van desde multas hasta ejecuciones públicas, eliminando cualquier intento de organización comunitaria independiente.

9. Debilitarlos no es lo mismo que destruirlos

Una banda puede fragmentarse, pero las redes criminales tienden a reciclarse.

📍 Ejemplo: Tras la muerte de Pablo Escobar en 1993, el Cártel de Medellín desapareció como tal, pero sus rutas y contactos fueron heredados por el Cártel de Cali y luego por la Oficina de Envigado. A mediados de los 2000, facciones de paramilitares desmovilizados retomaron esas actividades ilícitas, adaptando el modelo de negocio.

10. La cooperación institucional es vital

Sin coordinación entre agencias, el crimen organizado opera sin obstáculos.

📍 Ejemplo: La MS-13 y Barrio 18 han mantenido presencia simultánea en El Salvador, Honduras y Guatemala gracias a la falta de intercambio de datos policiales y control fronterizo. La Operación Cross Border X (2014), es un ejemplo de cooperación entre la DEA de Estados Unidos, la Policía Nacional de Colombia, la Policía Nacional de España, Europol y agencias de inteligencia financiera, logró desarticular una red transnacional de narcotráfico que enviaba cocaína desde Colombia hacia España y otros países europeos.

Conclusión

El crimen organizado, no se derrota con arrestos mediáticos ni operativos aislados. Es una red que aprende, se adapta y siempre busca nuevas grietas para colarse.

El pasado 12 de julio, casi inadvertida, pasó la noticia de que Aduanas en el Puerto de San Antonio incautó 783 kilos de químicos usados para fabricar drogas. El contenedor iba rumbo a Callao, Perú. Dos semanas después, el 27 de julio, en San Vicente, Región del Biobío, se decomisaron otros 40 tambores de precursores.
Ambos casos apenas captaron atención pública, pero revelan una realidad crítica: no hay drogas sin precursores.

🔬 ¿Qué son los precursores químicos?

Son sustancias legalmente utilizadas en procesos industriales o farmacéuticos, pero que también pueden emplearse para la fabricación ilícita de estupefacientes y psicotrópicos. Actúan como ingredientes clave en la síntesis de drogas como cocaína, heroína, metanfetamina, MDMA o fentanilo.

En otras palabras: sin estos compuestos, el narcotráfico moderno no existe.

Dado su potencial para el uso ilícito, los precursores están regulados por convenciones internacionales, como la Convención de Viena de 1988, y por normativas nacionales. Se clasifican por listas según su peligrosidad, y su comercio está sujeto a control estricto por agencias como el SENDA en Chile o la DEA en Estados Unidos.

Desde el derecho penal, su posesión sin autorización se castiga incluso sin que exista droga elaborada. Es lo que jurídicamente llamamos anticipación de punición: se sanciona la preparación de un delito antes de que ocurra.

Por supuesto atendida la peligrosidad de las sustancias, éstas se encuentran reguladas por convenciones internacionales, como la Convención de Viena de 1988, y por leyes nacionales.

Se clasifican en listas según su riesgo y su uso más o menos directo en la elaboración de drogas. Su comercio, importación y transporte están sujetos a control y monitoreo por organismos nacionales, como el Senda en Chile, o la DEA en EE.UU.

Su posesión y transporte sin autorización está castigado como delito, sin entrar en tecnicismos, en derecho penal le llamamos “anticipación de punición”, en cuanto se castigan conductas, que potencialmente son aptas para cometer delitos.

🌍 ¿Quién produce y mueve los precursores?

🇨🇳 China: el laboratorio del mundo… también del narcotráfico sintético

China domina la producción y exportación global de precursores químicos, tanto en su uso legítimo como en su desvío hacia mercados ilícitos. Desde fábricas legales, toneladas de sustancias como efedrina y pseudoefedrina —clave en la producción de metanfetaminas—, safrol y otros compuestos utilizados para sintetizar MDMA, han salido hacia destinos ambiguos o directamente criminales.

Pero el gran protagonista en esta historia es el fentanilo: una droga sintética ultrapotente que ha transformado el narcotráfico global. China produce muchos de los precursores esenciales para su elaboración, y aunque ha prometido regularlos, investigaciones internacionales han detectado flujos constantes hacia cárteles en México y distribuidores en Estados Unidos. Su bajo costo, facilidad de transporte y altísima rentabilidad lo han convertido en el estandarte del nuevo narcotráfico, y gran parte de su cadena comienza en un laboratorio chino.

🇮🇳 India: el gigante farmacéutico

India alberga una de las industrias farmacéuticas y químicas más grandes del mundo, con una capacidad de producción que abastece tanto a mercados legales como, indirectamente, a redes ilegales. Entre los compuestos más relevantes se encuentra el anhídrido acético, una sustancia esencial en la producción de heroína, además de otros precursores empleados en la síntesis de metanfetamina.

Pese a contar con marcos regulatorios, el volumen masivo de producción y exportación —sumado a controles irregulares en algunas zonas— ha facilitado desvíos hacia mercados ilícitos. Desde laboratorios clandestinos en Afganistán hasta rutas de tráfico hacia África y América Latina, los químicos producidos en India son parte crítica del engranaje global de la droga.

🇩🇪🇨🇭🇳🇱 Alemania, Suiza y Países Bajos: potencias químicas con fugas hacia el narcotráfico

En el corazón de Europa, países como Alemania, Suiza y los Países Bajos lideran la producción de compuestos químicos avanzados utilizados en farmacología, biotecnología e industria pesada. Sin embargo, este liderazgo también tiene una cara opaca: parte de estos productos, especialmente aquellos clasificados como “precursores farmacéuticos”, han sido desviados —de forma deliberada o negligente— hacia laboratorios ilegales que fabrican drogas sintéticas como MDMA, LSD y metanfetamina.

El sofisticado aparato químico europeo, con estrictas regulaciones, ha demostrado tener puntos ciegos. Ya sea a través de empresas fachada, documentos falsificados o exportaciones mal fiscalizadas, estos precursores han terminado alimentando redes criminales tanto dentro como fuera del continente.

🇲🇽 México: el corazón de la síntesis clandestina

Aunque México no compite con China o India en la producción a gran escala de precursores químicos, se ha consolidado como un nodo clave en su importación, desvío y transformación. Desde puertos del Pacífico y rutas logísticas ocultas, llegan toneladas de sustancias químicas provenientes de Asia, que luego son procesadas en laboratorios clandestinos esparcidos por el país.

Cárteles como el de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación dominan este negocio con eficiencia industrial: reciben precursores, sintetizan metanfetamina y fentanilo en volúmenes masivos y exportan los productos terminados hacia los Estados Unidos y más allá. Esta transformación local de químicos importados ha convertido a México no solo en un productor de drogas, sino en un verdadero centro logístico y químico del narcotráfico global.

🇺🇸 Estados Unidos: el consumidor voraz y proveedor inadvertido

Estados Unidos no solo lidera el consumo global de drogas sintéticas, sino que también produce muchos de los precursores necesarios para fabricarlas. Sustancias como acetona, ácido clorhídrico y anhídrido acético —comunes en la industria química legal— circulan dentro de su economía bajo regulación, pero no siempre con suficiente control.

Parte de estos compuestos ha sido desviado desde laboratorios y distribuidores estadounidenses hacia México, donde son procesados por cárteles para sintetizar metanfetamina y fentanilo. Ya sea por filtraciones internas, robos industriales o contrabando sistemático, Estados Unidos actúa —quizás sin quererlo— como eslabón logístico en la cadena de suministro del narcotráfico que luego golpea su propia crisis de sobredosis.

🇧🇴🇨🇱 Bolivia y Chile: tráfico encubierto en el sur

Un dato inquietante pasó casi desapercibido en el informe de control de narcóticos 2025 del Departamento de Estado de EE. UU.: los precursores químicos utilizados en Bolivia para producir cocaína estarían ingresando desde Chile y otros países vecinos.

La advertencia no es menor. Aunque Chile no es un gran productor de drogas ni precursores, su infraestructura portuaria, su extensa red vial y la fragilidad en algunos controles fronterizos lo convierten en una ruta atractiva para el tráfico químico encubierto.

Bolivia, por su parte, con una producción significativa de hoja de coca y laboratorios de procesamiento, depende de precursores importados para transformar la materia prima en clorhidrato de cocaína. Si estos insumos están llegando desde el sur, el rol de Chile en la cadena logística del narcotráfico regional podría ser mucho más relevante —y peligroso— de lo que se ha querido asumir públicamente.

💰 Cifras del negocio: química y crimen organizado

• 💵 $5,7 billones de dólares: valor estimado de la industria química global.

• 🧪 $85.000 millones: corresponde a fine chemicals, que incluyen precursores farmacéuticos.

• 📦 $30.000 millones: de esas sustancias se venden a terceros, fuera de su producción interna.

Además, investigaciones de firmas como Elliptic y Chainalysis revelan que solo entre precursores para fentanilo vendidos directamente desde China a redes criminales, se han identificado transacciones en criptomonedas por entre $27 y $38 millones, en cinco años.

Según un paper publicado en ScienceDirect, la industria química global moviliza aproximadamente 5,7 trillones de dólares al año en ventas de productos químicos, incluyendo materias primas, especialidades, solventes y otros compuestos de uso industrial y farmacéutico.

Dentro de estos, los “fine chemicals” (que incluyen muchos precursores farmacéuticos), representan unos 85.000 millones de dólares, de los cuales alrededor de 30.000 millones corresponden a ventas a terceros, no producidos internamente por las empresas consumidoras.

Y eso es solo lo que puede rastrearse. El valor real, considerando el volumen que escapa al radar, puede ser cientos o miles de veces mayor.

"Para los traficantes, el fentanilo es un producto milagroso. Según los fiscales estadounidenses, el Cártel de Sinaloa gasta solo 800 dólares en productos químicos para producir un kilo, una cantidad que puede generar una ganancia de hasta 640.000 dólares." (Fuente: New York Times)

⚠️ Chile y sus puntos ciegos

Con decenas de puertos, largas fronteras y recursos limitados, Chile enfrenta un desafío estructural. Casos recientes —como las incautaciones en San Antonio y San Vicente— muestran la fragilidad del sistema aduanero, ante el tráfico de precursores.

Aunque se han reforzado controles con camiones escáner en zonas críticas como Tarapacá, sigue la pregunta clave:

¿Es suficiente nuestra capacidad operativa para detectar y frenar el ingreso y tránsito de sustancias que sostienen el narcotráfico internacional?

En un país donde -como tantos otros-el crimen organizado avanza más rápido que la prevención y la represión, preguntarse por la ruta de los precursores no es paranoia, es prevención.

(Fotografía de GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, hace entrega de un reconocimiento al ex secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos Zepeda, durante la ceremonia alusiva al Bicentenario de la Creación del Colegio Militar en la nombrada Fortaleza de San Carlos, construcción histórica y parte de la historia del Ejército mexicano)

Hay casos de estudio que vale la pena revisar, para aprender y prevenir.

¿Quién es el personaje?

Salvador Cienfuegos Zepeda es un militar mexicano nacido en 1948, cuya carrera castrense se desarrolló íntegramente en las Fuerzas Armadas de México.

Ingresó al Heroico Colegio Militar a los 15 años de edad y ascendió paulatinamente en la jerarquía militar, ocupando diversos cargos de mando en regiones como Jalisco, Guerrero y Chiapas.

Tras décadas de servicio, alcanzó el grado de General de División.

En diciembre de 2012, el presidente Enrique Peña Nieto lo nombró titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), posición que ocupó durante todo el sexenio 2012-2018. En ese cargo, Cienfuegos fue el máximo responsable del Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea, gozando de amplio prestigio dentro de las filas castrenses y siendo visto como un militar leal, serio y respetado por la tropa.

Durante su gestión al frente de la SEDENA, el Ejército continuó desplegado en tareas de seguridad pública internas, en el contexto de la llamada “guerra contra el narcotráfico”. Su mandato, sin embargo, estuvo marcado por señalamientos de violaciones graves de derechos humanos cometidas por elementos militares.

Cienfuegos era conocido por defender la actuación de las Fuerzas Armadas aún frente a denuncias de abusos; por ejemplo, respaldó a los elementos militares implicados en la ejecución extrajudicial de civiles en Tlatlaya (2014) y obstaculizó que investigadores independientes entrevistaran a soldados sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa (2014).

Pese a estas controversias, el general mantuvo una imagen institucional sólida y, al concluir su encargo en 2018, incluso recibió reconocimientos, tanto nacionales como internacionales, por su trayectoria militar (el propio Pentágono de EE.UU. le otorgó una condecoración al mérito en 2018 por la cooperación bilateral en seguridad).

La detención y los cargos

El 15 de octubre de 2020, el general Salvador Cienfuegos fue detenido por autoridades de Estados Unidos en el aeropuerto internacional de Los Ángeles, California. La aprehensión ocurrió cuando Cienfuegos arribó al aeropuerto con su familia, para pasar unas vacaciones en Disneylandia, y fue realizada a petición de la agencia antidrogas estadounidense (DEA), que llevaba varios años investigándolo en forma sigilosa.

De acuerdo con la acusación del Gran Jurado Federal en Nueva York (Expediente 19-366, E.D.N.Y.), los cargos presentados contra Salvador Cienfuegos fueron los siguientes:

• Conspiración internacional para manufacturar y distribuir narcóticos: Incluyendo el acuerdo para producir, transportar y distribuir grandes cantidades de heroína, cocaína, metanfetaminas y marihuana con conocimiento de que dichas drogas serían importadas ilegalmente a Estados Unidos. Estos hechos habrían ocurrido entre 2015 y 2017. Según la legislación estadounidense, cada uno de los tres cargos ligados a narcóticos conlleva una pena mínima de 10 años de prisión y hasta cadena perpetua, dada la gravedad de las cantidades traficadas.

• Conspiración para lavar dinero de procedencia ilícita: Relativo al movimiento y ocultamiento de millones de dólares en ganancias del narcotráfico durante el mismo periodo (2015–2017). Este cargo acusa que Cienfuegos realizó operaciones financieras transferiendo fondos que provenían de la venta de drogas, buscando legitimar dichos recursos.

Eso no es todo amigos

En la acusación, los fiscales identificaron a Cienfuegos con el sobrenombre de “El Padrino”, el alias con el que presuntos narcotraficantes se referían a un alto funcionario mexicano protector del cartel H-2. Este apodo había aparecido en comunicaciones interceptadas por la DEA desde al menos 2012, aunque solo en 2017 los investigadores lograron confirmar que “El Padrino” era el propio Secretario de la Defensa mexicano en funciones.

Según los fiscales:

• Cienfuegos abusó de su cargo al frente de la SEDENA (2012–2018) para actuar como protector del Cártel H-2 – una célula del cartel de los Beltrán Leyva operante en Nayarit y Sinaloa – a cambio de considerables pagos en sobornos. Durante 2015–2017, habría asegurado que el Ejército no emprendiera operativos contra las actividades de dicho cartel, dirigiendo en cambio las acciones militares contra grupos rivales, lo que permitió al H-2 operar con impunidad en ciertas regiones de México.

• Asimismo, los mensajes interceptados indican que el general facilitó el transporte marítimo de cargamentos de droga del H-2, amplió el territorio bajo control de esa organización (por ejemplo, favoreciendo su expansión hacia la ciudad de Mazatlán y otras zonas de Sinaloa), e incluso presentó a líderes del cártel con otros funcionarios mexicanos corruptos dispuestos a colaborar, todo ello para apuntalar las operaciones delictivas del grupo.

• Las comunicaciones muestran que Cienfuegos alertaba al líder del cártel H-2 sobre investigaciones en curso por parte de autoridades estadounidenses, incluyendo la existencia de informantes y testigos cooperantes dentro del cártel. Esta filtración de información confidencial habría tenido consecuencias letales: de acuerdo con los fiscales, gracias a las advertencias de Cienfuegos el cártel llegó a asesinar al menos a un miembro de su organización sospechoso de colaborar con la DEA.

Además de las pruebas electrónicas, el expediente estadounidense mencionaba que múltiples testigos protegidosproporcionaron "una gran cantidad de información" sobre las operaciones del cártel H-2 y el papel de Cienfuegos, incluyendo detalles sobre sobornos pagados a cambio de protección gubernamental. Esta combinación de evidencia testimonial y tecnológica cimentó el caso que las autoridades de EE.UU. consideraron sólido.

La liberación y el viaje a México

A pesar de la gravedad de las acusaciones, el desenlace del proceso en Estados Unidos dio un giro inesperado. En noviembre de 2020, a solo cinco semanas de la detención, el gobierno estadounidense tomó la decisión extraordinaria de retirar los cargos penales contra Cienfuegos y enviarlo de regreso a México.

Esta decisión – sin precedente en casos de esta magnitud – obedeció oficialmente a consideraciones diplomáticas y de cooperación bilateral, aunque también estuvo marcada por fuertes presiones políticas por parte de México.

Sectores militares advirtieron al entonces presidente Lopez Obrador, que la detención del general Cienfuegos era un atentado a la soberanía mexicana, y entre otras cuestiones, pidieron la salida de todos los agentes de la DEA que operaban en el país.

El epílogo

Tras analizar el caso, la Fiscalía Mexicana anunció el 14 de enero de 2021, su determinación de no ejercer acción penal contra Salvador Cienfuegos, es decir, cerrar la investigación sin presentar cargos en su contra.

La decisión de la Fiscalía de no encausar a Cienfuegos fue respaldada públicamente por el presidente López Obrador, quien afirmó que la fiscalía actuó de manera independiente y que, si no había pruebas sólidas, no se podía proceder en contra del general. El mandatario incluso llegó a acusar a la DEA de “fabricar” las acusaciones contra Cienfuegos, cuestionando la calidad de la investigación estadounidense.

Sobre el tema, recomiendo el libro “A sus órdenes mi general”, del destacado escritor mexicano J. Jesus Perez Esquivel, publicado en el 2023, bajo el sello editorial Grijalbo.

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Nos leemos pronto.

Debo partir agradeciendo el comentario en audio de Nika y Simón, sobre el post que van a leer.

Ahora vamos a la publicación.

El extranjero que ingresó con nombre supuesto, y escapó de la cárcel, ocupó planas, videos y titulares durante toda la semana que pasó.

Voy a centrarme, en el problema de la obtención de identidades falsas.

En cuanto a su identidad sabemos que ingresó a Chile bajo el nombre de Osmar Ferrer, pero luego de su fuga desde la cárcel, recién se identificó como Carlos Alberto o Alberto Carlos Mejía Hernandez.

Participó en el asesinato por encargo de un conocido empresario del Barrio Meiggs en Santiago de Chile, fue detenido y con una diferencia de aproximadamente 10 o 15 minutos, un tribunal dispuso su prisión preventiva y luego su liberación.

Obviemos la masiva y recíproca atribución de culpas. Por ahora veamos las causas, y no las consecuencias. Anteriores a la fuga, y muy peligrosas, por cierto, no sólo en el ámbito penal, por cierto.

Lo último que sabemos es que habría pagado dos millones y medio de pesos a un conductor de aplicación para trasladarse al norte, y de ahí viajar a Perú.

¿Es posible ingresar a Chile con una identidad falsa o comprar una dentro de nuestras fronteras?

La respuesta es sí, no solo en nuestro país, y prácticamente en toda Latinoamérica.

¿Voy a dar algunos datos? Para nada, sólo voy a revisar algunas noticias en la prensa, que aparecen desapercibidas, entre los líos de Colo Colo, la próxima inauguración del estadio de Universidad Católica y los goles de la Universidad de Chile, el país real, según algunos.

Veamos,le voy a poner números para ordenar esto:

1.- "Detienen a banda que falsificaba cédulas de identidad chilenas para extranjeros"

Nota de Chilevisión de marzo de 2023

2.- Andacollo: Fiscalía y PDI lograron probar que 3 sujetos falseaban documentos para que extranjeros obtuvieran cédula de identidad provisoria" - Ministerio Público

(21 de junio de 2024).

La noticia dice:

Tras reunir una serie de antecedentes y documentación, la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Regional de Coquimbo, logró que 3 sujetos fueran condenados por el Juzgado de Garantía de Andacollo por el delito de falsificación de documentos para obtener cédulas provisorias.

El procedimiento abreviado se desarrolló contra las personas de iniciales B.L.C.O., mujer de origen venezolano; F.P.E., hombre de origen boliviano y F.A.H.P., también de procedencia venezolana.

La investigación fue desarrollada junto la Brigada de Investigación de Delitos Económicos, Bridec, de la PDI.

El fiscal de focos, Freddy Salinas, explicó que, en esta causa, “los sujetos formaban parte de una organización criminal que se dedicaba a contactar a personas de nacionalidad extranjera, que ingresaba irregularmente al país por pasos no habilitados para proceder a entregarles documentaciones para obtener cédulas provisorias en el registro civil”, dijo.

“Los documentos que falsificaban correspondían a documentos del servicio nacional de inmigraciones y de la policía internacional, con los cuales podían concurrir luego a obtener una cédula provisoria”, añadió Salinas.

La investigación de la Fiscalía y la PDI dio cuenta que los sujetos cobraban desde 500 mil pesos a un millón en moneda nacional.

“De los 3 condenados, uno era el líder de la organización que cobraba entre $500 mil a un millón o un millón doscientos mil pesos a las personas para entregarles la documentación falsa”.

Con la investigación se pudo determinar a una importante cantidad de sujetos que obtuvieron cédula fraudulenta, antecedentes que posibilitaron el trabajo de la BRIDEC y la Fiscalía de Focos.

3.- "PDI detiene a venezolano por falsificación de carnet de identidad al presentarse como testigo en causa penal" - Tierramarillano

((9 de enero de 2025).

Copio el texto de la noticia:

"Oficiales policiales de la Bridec Copiapó fueron advertidos por un fiscal de la presencia de un ciudadano extranjero con un documento de identidad falso, quien se encontraba en el Tribunal Oral en lo Penal de Copiapó prestando declaración como testigo de una causa penal. Por esta razón, se concurrió rápidamente al lugar para proceder a la detención de manera flagrante del imputado, al acreditar el delito de falsificación o uso malicioso de instrumento público". ", señaló el subprefecto Darwin García de la Bridec Copiapó.

El oficial a cargo del caso añadió que "el imputado reconoció haber confeccionado él mismo un documento de identidad falso, el cual presentó en el Tribunal. Además, el trabajo policial permitió determinar que el detenido, de nacionalidad venezolana y de 22 años de edad, se encuentra con su situación migratoria irregular".

Tras su captura, el imputado fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Copiapó, instancia donde será formalizado por el Ministerio Público.

4.- "Coquimbo: Fiscalía de Focos y PDI investigan a sujetos que falsificaban documentos para obtener cédulas provisorias." - Ministerio Público

(29 de junio de 2023).

Le ahorro el click:

La Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Regional de Coquimbo y la Brigada de investigación de Delitos Económicos de la PDI investigan los delitos de Asociación Ilícita, Lavado de Activos, Falsificación de Instrumento Público y por un delito de la Ley de Migraciones, en la obtención fraudulenta de cédula de identidad.

Entre 500 mil y 1 millón de pesos cobraban por trámite para obtener cédula de identidad nacional para extranjeros,trámite que, formalmente, no superaría los 4 mil pesos en el Servicio de Registro Civil e Identificación.

Los despliegues de la investigación se efectuaron por la PDI en las regiones de Antofagasta, Coquimbo y O´higgins.

“Desde fines del año 2021 contamos con la primera información que nos permitió desarrollar una compleja labor de análisis criminal e inteligencia policial. Los detectives de esta unidad especializada con el Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la fiscalía, logramos reunir la evidencia necesaria para identificar e intervenir a los miembros de una organización criminal. Son extranjeros de nacionalidad venezolana y boliviana, que habían conformado una estructura para defraudar al Estado de Chile, aprovechando la automatización y digitalización de los trámites migratorios, en el contexto de la pandemia”, informó el subprefecto Carlos Paz, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos La Serena.

Según la PDI, 580 cédulas de identidad temporarias para extranjeros y 22 permanencias definitivas para migrantes, fueron emitidas por el Registro Civil en la región de Coquimbo, mediante el uso de documentación falsificada que le proporcionaron al servicio a través de esta organización criminal.

Ante el tribunal, la Fiscalía formalizó los cargos contra los 3 imputados, entre los 34 y 45 años, que permanecían de manera irregular en Chile, aunque los antecedentes indican que contaban con su cédula nacional temporaria que también consiguieron vulnerando el sistema. “Todos se encuentran imputados por asociación ilícita, lavado de activos, falsificación de instrumento público y por un delito de la Ley de Migraciones, en la obtención fraudulenta de cédula de identidad”, indicó el fiscal Salinas.

“Con los documentos concurrían al registro civil para obtener cédulas provisorias. Algunos casos estaban en etapas de obtener cédulas definitivas. Hay 3 formalizados, el líder en prisión preventiva, el segundo que era un captador de personas de nacionalidad extranjera, también en prisión preventiva. Una tercera imputada que facilitaba su cuenta para la recaudación del dinero obtenido ilícitamente, también está en prisión preventiva por peligro de fuga”, explicó Freddy Salinas, fiscal de Focos La Serena.

La investigación continúa para analizar si los casi 600 usuarios de las cédulas de identidad tuvieron acceso a los beneficios, subsidios, ayuda social o financieras del Estado, que se destinaron para superar los problemas económicos que provocó la crisis sanitaria, perjuicio multimillonario que hasta este minuto está en estudio.

Dentro de los alcances de la investigación, los detectives siguen con el análisis para determinar e identificar si otros miembros componen esta estructura transnacional que provocó además de la defraudación, la pérdida de recursos multimillonarios para el país.

El Juzgado de Garantía otorgó un plazo de 70 días para terminar las diligencias de investigación.

5.- Así operaba en Perú la mafia de falsificación de pasaportes más grande de Sudamérica

¿Viene de tránsito por Perú? No faltaba más…¿Como quiere que sea su primer apellido? ¿Bond? ¿Wick?

Basta con cinco noticias, no quiero aburrir. Hay demasiadas similares publicadas en la web.

La proyección del fenómeno criminal y los evidentes problemas de control dentro de nuestras fronteras

En primer lugar, la falsificación de documentos de identidad, es un excelente negocio para el crimen organizado.

No sólo permite, que alguien como Osmar Carlos Alberto Alberto Carlos pueda entrar y salir de Chile cometiendo delitos y fugándose de la cárcel, sino que esta clase de suplantaciones puede estar relacionado con otros delitos, dentro de la amplísima cartera de inversiones de las bandas en cuestión:

• Trata de personas y tráfico de migrantes: Facilitan el movimiento y la explotación de personas.

• Tráfico de drogas y armas: Permiten a los delincuentes operar con impunidad y evadir la detección.

• Lavado de dinero: Ayudan a ocultar el origen ilícito de los fondos.

• Fraudes financieros: Permiten abrir cuentas bancarias falsas, solicitar créditos o realizar transacciones fraudulentas.

• Terrorismo: Pueden ser utilizadas para financiar o llevar a cabo ataques.

• Ciberdelincuencia: Facilitan estafas y ataques informáticos al permitir la suplantación de identidad.

En el ámbito social, la obtención de los múltiples subsidios y ayudas que el Estado entrega a los migrantes, sin saber si quien recibe, es realmente quien dice ser. Podría haber duplicidad en la obtención de beneficios provisionales y de salud, con el impacto económico que aquello tiene en la economía del país.

Fraude en la obtención de residencias temporales o definitivas, cuestión que puede ser difícil de determinar en el período de tramitación, sobre todo si el beneficiario recurre a los tribunales de justicia, mediante los múltiples reclamos que permite el sistema.

Ya vemos que alguien podría tener antecedentes penales en Chile con un nombre ficticio, y a continuación con otra identidad aparecer libre de toda anotación en su extracto de filiación y antecedentes, si cambia su identidad por otra falsa.

Incluso para un Estado extranjero que esté dispuesto a realizar labores de espionaje, hoy es muy fácil ingresar a nuestro país con identidades falsas, que incluso podrían ser cambiadas dentro de nuestras propias fronteras por una tercera o cuarta identidad, atendida la existencia de bandas dedicadas al negocio de la falsificación de documentos.

Y se ve que los controles no son los más adecuados, para determinar la verdadera identidad de un extranjero.

Por lo que se ve, el problema es bastante más complejo que el caso de Carlos Alberto Osmar Alberto Carlos.

Siempre estará vigente el interés de las organizaciones criminales por involucrar en el negocio a los organismos armados, en funciones de protección y operativas.

Algunas razones:

• Para abrir rutas, es necesario sobornar a quienes tienen el control de la circulación aérea, marítima y terrestre y muy especialmente el control de las fronteras.

• Quienes poseen el monopolio de la fuerza, están en condiciones de entregar poder de fuego, mediante la comercialización abierta o encubierta de armas y explosivos.

• Es posible obtener información de los focos territoriales de interés del Estado, lo que permite desplazar las actividades ilícitas hacia zonas seguras.

• Quienes sirven en las Fuerzas Armadas y de Orden, han sido formados en el uso de armas de fuego y la protección de personas, necesidades permanentes para el crimen.

• Es fácil tomar contacto con agencias estatales que se desempeñan en las calles y otras que por necesidad el Estado involucra en la “guerra” contra el crimen organizado que le dicen y que también salen a la calle.

• Los propios miembros de las organizaciones armadas, tarde o temprano llegan a la conclusión que se trata de una actividad lucrativa, cuyas ganancias son notablemente superiores a un sueldo mensual pagado por el Estado.

• Las estructuras jerárquicas y organizadas ya están formadas, por lo que el desplazamiento hacia las organizaciones criminales es muy fácil, desde que los liderazgos militares y policiales mutan y se mantienen en el mundo civil.

• Los descolgados, sirven de puente para reclutar desde las instituciones armadas a otros miembros que estén disponibles para irse al otro bando, a cambio de la ventaja económica y el poder criminal.

• Quienes mantienen relaciones al interior de sus instituciones, están en condiciones de obtener informaciones sensible de seguridad, que es funcional al mejor desempeño de las organizaciones ilícitas.

• El ingreso voluntario y temporal, como la formación a través del servicio militar, puede ser una alternativa gratuita para combatientes que de vuelta a la vida civil, presten servicios al crimen organizado, en calidad de soldados.

Las posibilidades son múltiples, podría seguir pero no quiero aburrir.

El cartel de los zetas como un caso de estudio

México, el laboratorio de pruebas del crimen organizado, está cruzado por múltiples carteles que se disputan el territorio. Para efectos de lo que comentamos, el cartel de los zetas es nuestro punto de interés.

A fines de la década del 90, un grupo de militares del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, liderados por el teniente Arturo Guzmán Decena, fueron reclutados por Osiel CárdenasGuillén, líder del cartel del Golfo, para su escolta personal.

Por supuesto los desertores vieron una tremenda oportunidad de negocios y fundaron su propio cartel, el de los zetas, al cual se unieron con el tiempo, militares guatemaltecos, los “kaibiles” fuerzas especiales de élite del Ejército de Guatemala, reconocidos por su entrenamiento extremadamente riguroso y sus habilidades en combate irregular.

Es casi un lugar común, decir que las actividades se ampliaron desde el tráfico de drogas, al tráfico de personas, el lavado de dineros y un extenso portafolio de negocios que incorporó hasta el robo de petróleo a la estatal Pemex. Y por cierto, la muerte de algunos jefes y la ambición de otros, como siempre ocurre en estos casos, divido el grupo en muchas facciones.

• Cártel del Noreste (CDN): Esta es considerada la principal heredera de Los Zetas y es una de las facciones más violentas y activas. Operan principalmente en estados como Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.

• Los Zetas Vieja Escuela: Esta facción busca retomar los orígenes de la organización y a menudo ha estado en conflicto con el Cártel del Noreste.

• Otras facciones más pequeñas como Los Talibanes (ubicados en Zacatecas), Los Zetas Sangre Nueva, y Los Alemanes.

Historia conocida la de progresivas divisiones, lo que hace más difícil aún la individualización y extinción. Se reproducen como las células. Y los zetas se caracterizaron siempre por ser extraordinariamente sanguinarios, mal que mal habían sido inicialmente formados para la guerra.

México involucró de manera significativa a las fuerzas armadas en la guerra contra el narco el 11 de diciembre de 2006 , cuando el entonces presidente Felipe Calderón envió 6,500 soldados del ejército mexicano al estado de Michoacán para combatir la violencia relacionada con las drogas.

Fue un error.

¿Y nosotros qué?

Nunca nos va a pasar. La gran frase que lo justifica y explica todo.

Sin duda que estamos lejos de procesos como el mexicano, pero todo comienza de alguna forma casi imperceptible, tanto que el Estado no advierte los “signos de alerta”, no reacciona a tiempo, está ocupado de otras cosas o simplemente no entiende el problema. Todos los sectores políticos por igual, caen en la trampa, que incluye las recriminaciones mutuas por razones electorales: otro profundo error.

Tres mil millones de pesos, ciento noventa y seis kilos de pasta base y cocaína. Es el botín que incautaron las policías, hace un par de días a una banda integrada por seis suboficiales del ejército y un civil, que operaban desde Tarapacá hasta la Región Metropolitana.

Los militares pertenecían a la Segunda brigada Acorazada 'Cazadores' de Pozo Almonte, y fueron dados de baja del Ejército.

En la noticia hay cuestiones alentadoras, como que la propia institución habría alertado a los persecutores.

Pero convengamos que no es fácil identificar este tipo de conductas, en instituciones donde sus miembros están preparados exactamente para actuar encubiertos y burlar la vigilancia de quienes identifican como amenazas.

Pero aún estamos a tiempo, espero.

Hay que ser, a pesar de todo, optimistas.

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Como dice el célebre lema del Washington Post, la democracia muere en la oscuridad. En las sociedades abiertas, la libertad de prensa es un requisito esencial para saber los entresijos del poder, controlar a los que mandan y formar opinión.

Alexander Hamilton, en “El federalista” dice: "La libertad de prensa es uno de los baluartes más fuertes de la libertad y nunca puede ser restringida sino por gobiernos despóticos."​

Toda la razón.

¿Pero habrá algún límite razonable? ¿Donde termina el derecho de informar, y comienza la apología de la violencia?

Tiempo que no veía las noticias por TV, pero de punta a cabo los noticiarios están mostrando ajusticiamientos, baleos, muertes violentas por doquier. Hay cámaras por todas partes, y no es difícil conseguir las imágenes, ademas todo el mundo porta celulares, que se levantan y graban, apenas suena el primer disparo.

Las imágenes apenas difuminan el cuerpo que se desploma, cuando el proyectil lo atraviesa o el cuchillo lo corta. Y conté hasta ocho veces la repetición, mientras la música digna de Hitchcock y la voz fúnebre, alterada y escandalosa del locutor, repite que al tipo lo mataron. (?)

Me entero ocho veces, que al tipo lo mataron.

Los funerales narcos son el nuevo reality show

La muerte de un pandillero es noticia nacional y provoca cadenas de facto en los programas de televisión. Se entrevista a los deudos, aparecen unas cuantas armas de fuego, musica urbana que le llaman y largos paneos a la carroza Maserati que traslada el cuerpo.

Es la antesala de la violencia criminal que viene con la venganza. La pandilla del muerto va a ir sobre los que lo mataron, y eso también será transmitido por los medios, probablemente en directo.

Hemos normalizado la violencia, el crimen, la muerte de una manera que no tiene precedentes en la historia democrática del país. El crimen organizado en nuestro país, no necesita expertos en comunicación estratégica, los propios medios hacen el trabajo gratuitamente.

Y la policía sirve de escolta, como si de una celebridad se tratara.

¿Pueden los medios transmitir lo que se les venga en gana?

Bueno, es la ventaja de una sociedad abierta.

Tema distinto, es la propia autorregulación que deberían tener al momento de definir las pautas informativas. Porque como en toda actividad humana, no todo vale.

¿A cuanto estamos de la apología del crimen organizado? Una cosa es informar, otra es servir de vehículo propagandístico.

Hace unas décadas, recién llegada la televisión por cable, venía en el paquete el canal colombiano, eran los tiempos de Pablo Escobar.

Los noticiarios tenían el mismo estilo de los que hoy abundan en la TV abierta. También mostraban los cadáveres, las balaceras, había caza noticias que los fines de semana, se ubicaban estratégicamente en lugares en los cuales podía haber violencia criminal, la grababan y luego al noticiario.

Un emprendimiento muy lucrativo, pero macabro.

Hasta que un día el canal colombiano lo cortaron, era muy violento, me dijeron y no sé si será verdad, pero el propio gobierno de allá pidió que no lo internacionalizaran más.

En Chile los medios no se auto regulan, la violencia vende, entonces se exhibe. El criminal es una celebridad, entonces su funeral se transmite en directo.

El problema no es la noticia sino su tratamiento

Quiero ver noticias. No participo de la apología del crimen organizado .

¿Noticias internacionales? France 24, la Deutsche Welle, los diarios top que por ¡diez dólares anuales! en oferta, me permiten saber lo que pasa más allá de las fronteras.

¿Noticias nacionales? Los numerosos podcast que en 15 minutos temprano en la mañana, o por la noche, te dejan al día con los hechos nacionales más importantes.

No necesito ver morir ocho veces a una persona, no quiero asistir en directo al funeral del narco de moda, no quiero oír los éxitos musicales del cantante urbano que era su amigo, no necesito saber que el muerto regalaba dulces a los niños del barrio y pagaba las cuentas de la luz de los vecinos, no quiero saber quienes serán los próximos muertos de la pandilla rival.

Y sería recomendable, que los medios se auto regularan. Es lo razonable en una sociedad, donde la libertad de prensa exige que el buen sentido común se imponga por sobre los contenidos baratos, que convierten la garantía de la libertad de prensa en una patente de corso.