Una semana decisiva para el Ministerio Público del Biobío: la Corte de Apelaciones de Concepción definió la terna de candidatos a Fiscal Regional, encabezada por Roberto Garrido. La región también vio caer una red de contrabando de productos del mar que operaba entre el Biobío y Los Lagos con el apoyo de funcionarios públicos, mientras avanzan los casos Coelcha, Casa Schwager y Grollmus. A nivel nacional, el Senado votó en sala la ley antifiltraciones, el proyecto de ingreso clandestino volvió a la Cámara y la Ley Emilia sigue en el centro del debate parlamentario tras la sentencia de Concepción. En el plano internacional, la CIDH llevó dos nuevos casos a la Corte IDH —uno por incumplimiento de pago a los jueces en Perú y otro por una desaparición forzada en México— y el Día Mundial del Medio Ambiente reactivó el debate sobre los litigios climáticos en la región.

🌊Región del Biobío

🏛️ Definida la terna para el nuevo Fiscal Regional del Biobío: Roberto Garrido encabeza la lista, seguido por Patricio Aravena y Álvaro Hermosilla

El jueves 11 de junio, el Pleno de la Corte de Apelaciones de Concepción —integrado por el Pleno de ministros — realizó la audiencia pública del concurso para proveer el cargo de Fiscal Regional del Biobío y, tras escuchar las exposiciones de los 12 postulantes, definió la terna que será remitida al Fiscal Nacional, Ángel Valencia. Encabeza la nómina, con ocho votos, Roberto Garrido Bedwell, actual Fiscal Regional de La Araucanía. Le siguen, con cinco votos cada uno, José Patricio Aravena López, fiscal adjunto de Concepción, y Álvaro Pedro Hermosilla Bustos, fiscal jefe de Bulnes —quien también integra la terna para Fiscal Regional de Ñuble—. Otros postulantes obtuvieron votos: Juan Yáñez Martinich (4), Mauricio Lártiga Obal (2), y con un voto cada uno, Jorge Lorca Rodríguez, Michelangelo Bianchi Negrón, Mauricio Decap Fernández y Bernardo Orellana Fernández. Garrido agradeció el respaldo y manifestó su interés en regresar a su región de origen para replicar en el Biobío métodos de trabajo que, según indicó, han dado resultados en La Araucanía.

📌 Próximo paso: El Fiscal Nacional Ángel Valencia tiene la decisión final entre los tres nombres de la terna. El nuevo Fiscal Regional debe asumir el 2 de agosto, cuando vence el período de Marcela Cartagena Ramos.

⚡ ¿Por qué importa? La terna es el resultado de la votación del Pleno de la Corte de Apelaciones respectiva, conforme al artículo 31 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (Ley 19.640). El Fiscal Nacional no está obligado a seguir el orden de los votos: puede designar a cualquiera de los tres. Quien resulte elegido asumirá la conducción de la persecución penal en una región que enfrenta el caso Grollmus, la causa Coelcha y una agenda creciente de crimen organizado.

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🐟 Megaoperativo entre el Biobío y Los Lagos: 56 personas formalizadas por una red de contrabando de mariscos que lavó casi $9.000 millones e infiltró a Carabineros

La PDI y el Ministerio Público desarticularon una asociación criminal transregional dedicada a la comercialización ilegal de productos del mar, que operaba entre las regiones de Los Lagos y del Biobío. Según la investigación, la organización corrompió a funcionarios públicos para evadir controles fronterizos y fiscalizaciones, y ocultó una fortuna estimada en casi $9.000 millones. Entre los 56 formalizados figuran al menos tres funcionarios activos de Carabineros (identificados en el proceso como C.R.V., M.A.S. y P.F.T.), un fiscalizador del Servicio Nacional de Pesca y un funcionario de la Municipalidad de Valdivia. Los cargos imputados incluyen asociación criminal, lavado de activos, falsificación de instrumento público, cohecho, delitos contra la salud pública e infracciones graves a la Ley General de Pesca y Acuicultura. La audiencia de formalización se extendió por varias jornadas dada la magnitud del caso.

⚡ ¿Por qué importa? El delito de cohecho (art. 248 y siguientes del Código Penal) sanciona a los funcionarios públicos que reciben beneficios a cambio de favorecer a particulares. Cuando la corrupción se integra a una cadena de comercialización ilegal, se configura, además, el delito de asociación criminal (Ley 21.459 y modificaciones al CP). Este caso es relevante porque ilustra cómo el crimen organizado “de cuello blanco” se vale de la corrupción de agentes del Estado para operar con impunidad.

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🔥 Caso Coelcha: el Juzgado de Garantía de Nacimiento fija la audiencia de preparación de juicio oral

Tras la acusación formal presentada la semana anterior por los incendios de 2023 que dejaron 17 personas fallecidas en Santa Juana y Nacimiento, el Juzgado de Garantía de Nacimiento agendó la audiencia de preparación de juicio oral para los dos trabajadores de la Cooperativa Eléctrica Charrúa (Coelcha) acusados —identificados en el proceso como G.M. (supervisor) y E.M. (contratista)—. En esta etapa, el tribunal revisará las pruebas que se presentarán en el juicio, podrá depurar los antecedentes irrelevantes y resolver las convenciones probatorias entre las partes. La Municipalidad de Santa Juana, la Municipalidad de Nacimiento y las familias de las víctimas mantienen su calidad de querellantes, mientras que la defensa insiste en su tesis de fallas estatales en la fiscalización de cortafuegos y en los protocolos de evacuación.

⚡ ¿Por qué importa? La audiencia de preparación de juicio oral (arts. 260 a 287 CPP) es el momento procesal en el que se define exactamente qué se discutirá en el juicio: qué pruebas se admiten, qué hechos se dan por establecidos sin necesidad de prueba (convenciones probatorias) y qué vicios formales deben corregirse. Es una etapa clave porque delimita lo que el tribunal oral podrá considerar al dictar sentencia.

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🔪 Caso Casa Schwager: los seis formalizados quedan con medidas cautelares máximas mientras avanza la investigación

Tras las audiencias de formalización realizadas la semana anterior ante el Juzgado de Garantía de Concepción por el homicidio de una adulta mayor en la histórica Casa Schwager de Coronel, esta semana se conoció el detalle de las medidas cautelares dictadas. Los dos imputados adultos —identificados como F.A.C.M. (18) y S.F.D.M. (20, de nacionalidad colombiana)— permanecen en prisión preventiva por el delito de robo con homicidio. Los cuatro adolescentes —identificados como A.A.O.C. (14), B.A.C.V. (15), L.A.A.D. (16) y L.S.G.F. (17)— quedaron con internación provisoria en régimen cerrado, la medida más gravosa contemplada para menores. La investigación continúa para determinar el grado de participación individual de cada uno de los seis imputados en los hechos.

⚡ ¿Por qué importa? La internación provisoria (art. 32 de la Ley 20.084) es la versión, para adolescentes, de la prisión preventiva: una medida cautelar excepcional que solo procede cuando existen antecedentes que justifiquen, a juicio del tribunal, la necesidad de cautela. Su aplicación a los cuatro adolescentes refleja la gravedad que el sistema atribuye al delito de robo con homicidio, incluso en el ámbito de la responsabilidad penal juvenil.

🔗 BioBioChile · La Tribuna

⚖️ Cuenta regresiva para el caso Grollmus: faltan menos de dos semanas para el juicio oral que comenzará el 23 de junio en Cañete

El Tribunal Oral en lo Penal de Cañete se prepara para el inicio, el 23 de junio, del juicio oral unificado contra los 21 acusados —19 adultos y 2 adolescentes— por el ataque incendiario al Molino Grollmus en Contulmo, ocurrido en agosto de 2022. Esta semana continuaron los preparativos logísticos de seguridad para el desarrollo de las audiencias, en un contexto marcado por el reciente cambio de mando en la Jefatura de la Defensa Nacional de Arauco. La Fiscalía mantiene su solicitud de presidio perpetuo para 10 de los acusados adultos por los delitos de incendio terrorista, homicidio frustrado calificado y lesiones graves. La Defensoría Penal Pública continúa gestionando ante la Corte Suprema el resguardo de los plazos especiales aplicables a los dos imputados adolescentes del proceso.

⚡ ¿Por qué importa? Este será uno de los juicios orales más extensos y mediáticos de los últimos años en la macrozona sur, tanto por el número de acusados como por la gravedad de los cargos. La acusación se basa en la antigua Ley 18.314, no en la nueva Ley Antiterrorista, Ley 21.732, porque los hechos investigados son anteriores a su entrada en vigencia, en aplicación del principio de irretroactividad de la ley penal desfavorable.

🔗 BioBioChile · Cambio de mando JEDENA

🇨🇱Nacional

📁 La Sala del Senado vota la ley antifiltraciones: protección de las investigaciones penales versus libertad de prensa

Tras el despacho de la Comisión de Constitución, la Sala del Senado debatió y votó el proyecto de ley antifiltraciones, que sanciona la divulgación indebida de antecedentes reservados de investigaciones penales con una escala de penas que recae con mayor severidad sobre los funcionarios públicos, incluidos fiscales y policías, que filtren dicha información. El texto crea un “anexo reservado” dentro de los expedientes para los antecedentes sin valor investigativo. Durante el debate, varios senadores reiteraron que la Ley de Prensa, Ley 19.733, y el secreto de la fuente periodística no se ven alterados por esta normativa, en respuesta a las objeciones planteadas por el gremio periodístico la semana anterior.

⚡ ¿Por qué importa? El equilibrio entre el secreto de las investigaciones penales, que protege la presunción de inocencia y la integridad de la prueba, y la libertad de información, que permite el control ciudadano sobre el poder, es una de las tensiones más antiguas del derecho procesal. La forma en que se redacte la definición de “antecedente reservado” determinará si la ley logra ese equilibrio o termina por inhibir el periodismo de investigación.

🔗 Senado de Chile

🛂 El proyecto que tipifica el ingreso clandestino como delito vuelve a la Cámara de Diputados para la revisión final

Tras su aprobación en particular por el Senado —que zanjó la disputa sobre el quórum aplicándose finalmente la mayoría simple—, el proyecto que modifica la Ley 21.325 de Migración y Extranjería pasó a la Cámara de Diputados para que esta revise las modificaciones introducidas durante el segundo trámite constitucional. La norma aprobada mantiene la pena base de presidio menor en su grado mínimo, de 61 a 540 días, o multa de 5 a 10 UTM para el ingreso clandestino, eleva la pena para quienes ingresen con prohibición vigente, y excluye expresamente a solicitantes de la condición de refugiado y a niños, niñas y adolescentes. Si la Cámara aprueba sin observaciones las modificaciones del Senado, el proyecto pasará directamente a manos del Presidente de la República para su promulgación.

⚡ ¿Por qué importa? En el sistema bicameral chileno, cuando una cámara introduce modificaciones a un proyecto ya aprobado por la otra, este debe volver a la cámara de origen para que apruebe o rechace dichos cambios (art. 67 y siguientes de la Constitución). Si hay diferencias persistentes, puede convocarse una comisión mixta. Este mecanismo busca que ambas cámaras concuerden en el texto final antes de su promulgación.

🔗 Radio Universidad de Chile · Senado de Chile

🍺 Las indicaciones para reformar la Ley Emilia ingresan formalmente al Congreso tras la sentencia de Concepción

Las mociones e indicaciones anunciadas la semana anterior por parlamentarios de distintas bancadas, motivadas por la sentencia que condenó al conductor responsable de la muerte de una joven tecnóloga médica en Concepción a cinco años de libertad vigilada, fueron ingresadas formalmente al Congreso. Las propuestas, que ahora deberán seguir su tramitación en comisión, buscan elevar el techo de la pena de la Ley 20.770 de 5 a 10 años, establecer que la pena sea efectiva e irrenunciable cuando exista resultado de muerte, y abrir la posibilidad de imputar homicidio cuando concurra dolo eventual en la conducción en estado de ebriedad. La discusión en comisión determinará si estas propuestas avanzan como proyectos independientes o se refunden en una sola iniciativa.

⚡ ¿Por qué importa? El ingreso formal de una moción o indicación es apenas el primer paso de un proceso legislativo que puede tardar meses o años. La comisión técnica correspondiente deberá evaluar, entre otros aspectos, si elevar las penas realmente reduce la siniestralidad vial, si la evidencia en derecho penal comparado no siempre respalda un efecto disuasivo automático del aumento de penas, o si se requieren, además, medidas de prevención y fiscalización.

🔗 BioBioChile

📋 Primera Cuenta Pública del Presidente Kast: seguridad, persecución penal y reforma al sistema de justicia entre los anuncios

El lunes 1 de junio, el Presidente de la República, José Antonio Kast Rist, presentó su primera Cuenta Pública ante el Congreso Pleno. Entre los anuncios en materia de justicia y seguridad, el Ejecutivo reiteró su compromiso con la tramitación de los proyectos sobre crimen organizado, ingreso clandestino y la ley antifiltraciones, todos en distintas etapas de tramitación esta misma semana, además de anunciar el envío de nuevas indicaciones para fortalecer las atribuciones de las policías en el marco legal vigente.

⚡ ¿Por qué importa? La Cuenta Pública del 1 de junio, del art. 24 de la Constitución, es el momento en que el Presidente da cuenta al país del estado administrativo y político de la nación, y habitualmente marca la agenda legislativa prioritaria del año. Que varias de las leyes anunciadas coincidan con proyectos que avanzaron esta misma semana en el Congreso, antifiltraciones, ingreso clandestino, confirma que se trata de prioridades efectivas del Ejecutivo.

🔗 Tribunal Constitucional de Chile

🔍 Caso del werkén de Temucuicui: la Fiscalía presenta la acusación formal tras la captura en la “Operación Tridente”

La Fiscalía de La Araucanía presentó la acusación formal contra el imputado conocido públicamente como werkén de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, identificado en el proceso como J.H.C., capturado el 19 de mayo tras cinco años de búsqueda. La acusación mantiene los cargos formalizados anteriormente: tráfico de drogas, tenencia ilegal de arma de fuego prohibida y tenencia ilegal de municiones. El imputado permanece en prisión preventiva mientras el Juzgado de Garantía de Collipulli fija la fecha de la audiencia de preparación de juicio oral.

⚡ ¿Por qué importa? La presentación de la acusación formal (arts. 248 y 259 CPP) marca el fin de la etapa de investigación y da inicio a la fase intermedia del proceso. A partir de este momento, la defensa puede oponer excepciones, solicitar la exclusión de pruebas y plantear su propia teoría del caso, antes de llegar al juicio oral propiamente dicho.

🔗 T13 / Ex-Ante

🌍Internacional

🔎 México: la CIDH otorga medidas cautelares por una desaparición y refuerza su seguimiento al fenómeno de personas desaparecidas

La CIDH otorgó medidas cautelares en favor de una persona desaparecida en México, ordenando al Estado mexicano adoptar de manera urgente todas las medidas necesarias para determinar su situación y paradero, así como para proteger a su familia. La decisión se suma al informe que la CIDH publicó recientemente sobre la situación general de la desaparición de personas en México, en el que se documentan fallas estructurales en los mecanismos de búsqueda, investigación y sanción frente a un fenómeno que afecta a decenas de miles de familias en ese país.

⚡ ¿Por qué importa? Las medidas cautelares de la CIDH, art. 25 de su Reglamento, son órdenes de protección urgente para situaciones de gravedad y urgencia que puedan causar daño irreparable. No prejuzgan el fondo del caso, pero obligan al Estado a actuar de inmediato. Su otorgamiento es un indicio de que la Comisión considera la situación lo suficientemente grave como para requerir una respuesta estatal inmediata, no solo una investigación ordinaria.

🔗 CIDH — comunicado 93/26

🇳🇮 Nicaragua: la CIDH otorga nuevas medidas cautelares a una persona privada de libertad en el contexto de represión política

La CIDH otorgó medidas cautelares en favor de una persona privada de libertad en Nicaragua, en el marco del seguimiento que el organismo realiza desde hace varios años a la situación de las personas detenidas en ese país por motivos políticos. La decisión se suma a una serie de medidas similares adoptadas en las últimas semanas respecto de distintas personas en Nicaragua, lo que refleja la persistencia de la preocupación de la CIDH por las condiciones de detención y el debido proceso en ese país.

⚡ ¿Por qué importa? Nicaragua se retiró formalmente de la Organización de los Estados Americanos en 2023, pero la CIDH ha sostenido que mantiene competencia para supervisar la situación de derechos humanos en ese país en virtud de la Carta de la OEA y la Declaración Americana, independientemente de la decisión del Estado de retirarse del organismo. Este es un debate jurídico abierto sobre los límites de la jurisdicción de los órganos del sistema interamericano.

🔗 CIDH — comunicado 91/26

🇨🇴 La CIDH concluye una visita de trabajo en Colombia sobre soluciones amistosas y medidas cautelares

Una delegación de la CIDH concluyó una visita de trabajo a Colombia centrada en el seguimiento de soluciones amistosas —acuerdos entre el Estado y las víctimas que ponen fin a un caso ante la Comisión sin llegar a la Corte IDH— y en la supervisión de medidas cautelares vigentes en ese país. La visita se enmarca en el seguimiento que la CIDH realiza a la situación de las personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en Colombia, uno de los focos de atención más constantes del organismo en los últimos años.

⚡ ¿Por qué importa? Las “soluciones amistosas” del art. El artículo 49 de la Convención Americana es un mecanismo de resolución de conflictos que permite a los Estados reconocer su responsabilidad y comprometerse a adoptar medidas reparatorias sin necesidad de una sentencia condenatoria de la Corte IDH. Para las víctimas, suelen significar reparaciones más rápidas que un litigio que puede tardar años; para los Estados, representan una vía para evitar una condena formal.

🔗 CIDH — comunicado 92/26

🌱 Día Mundial del Medio Ambiente: el fallo climático de la CIJ comienza a citarse en litigios ambientales de América Latina

El 5 de junio se conmemoró el Día Mundial del Medio Ambiente, instancia que esta semana sirvió para que organizaciones ambientales y académicos de la región comenzaran a analizar cómo la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de julio de 2025 —respaldada por la Asamblea General de la ONU a fines de mayo— puede invocarse en litigios climáticos nacionales. La CIJ estableció que los Estados tienen obligaciones legales vinculantes para proteger el sistema climático y que su incumplimiento puede generar responsabilidad internacional. Especialistas en derecho ambiental de varios países sudamericanos señalaron que este pronunciamiento ofrece un nuevo fundamento jurídico para las demandas ciudadanas contra los Estados por omisiones en las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático.

⚡ ¿Por qué importa? Aunque las opiniones consultivas de la CIJ no son vinculantes por sí mismas, los tribunales nacionales pueden citarlas como fuente de interpretación del derecho internacional. Para Chile —país altamente expuesto a la crisis hídrica, los incendios forestales y la pérdida de biodiversidad— este tipo de fundamentos jurídicos puede ser relevante en futuras causas ante los tribunales ambientales o en acciones de protección por omisiones del Estado en materia climática.

🔗 Amnistía Internacional

⚠️ Presunción de inocencia: Todas las personas mencionadas en relación con investigaciones o juicios pendientes son inocentes mientras no exista sentencia condenatoria firme y ejecutoriada en su contra, conforme al artículo 4 del Código Procesal Penal.

Desde la terna que definirá al próximo Fiscal Regional hasta los casos que la CIDH lleva ante la Corte Interamericana, esta semana el derecho avanzó en muchos frentes a la vez. Derecho en Movimiento te ayuda a entender qué significa cada uno de estos hitos, con un contexto jurídico claro y sin tecnicismos innecesarios. Suscríbete gratis y recibe el próximo boletín directamente en tu correo. ⚖️

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Dinamarca es el país número uno en el índice de percepción de la corrupción. Sus instituciones públicas funcionan con una precisión casi suiza. Su sociedad respira transparencia. Así que cuando en 2017 saltó la noticia de que el Danske Bank, el mayor prestamista del país, había estado lavando aproximadamente 200 mil millones de euros a través de su sucursal en Estonia durante casi una década, la sorpresa fue comparable a descubrir que el reloj de la catedral de Copenhague vendía metanfetaminas.

Qué es el lavado de dinero

Antes de contar la historia, vale la pena entender qué significa realmente lavar dinero. La expresión proviene de la época de la prohibición del alcohol en Estados Unidos: los mafiosos compraban lavanderías donde reportaban dinero obtenido del narcotráfico como si fuera ganancia legítima del negocio. Hoy el concepto es más sofisticado, pero el objetivo sigue siendo el mismo: tomar dinero de origen ilícito (drogas, corrupción, tráfico de personas, evasión fiscal grave) y convertirlo en dinero que parece legítimo.

El lavado tiene típicamente tres fases:

1. Colocación: introducir el dinero sucio en el sistema financiero formal. Es el momento más peligroso para el lavador, porque es cuando el dinero está en su forma más incriminatoria.

2. Estratificación: hacer que el dinero “rebote” a través de múltiples transacciones, distintos bancos, distintos países. Cada transacción lo aleja un paso más de su origen criminal. Es como dejar un rastro cada vez más borroso.

3. Integración: el dinero ya “limpio” (o al menos tan lejano del crimen que es imposible vincularlo) reingresa a la economía. Ahora el criminal puede comprar propiedades, iniciar negocios, invertir en bolsa, sin levantar sospechas.

Un banco que falla en detectar esto no solo incumple las normas técnicas de compliance. Es autor del delito de lavado de dinero.

Veamos el esquema simple.

Cómo comenzó todo: la adquisición que nadie supervisó bien

En 2007, Danske Bank compró Sampo Bank, una entidad finlandesa que operaba prósperamente en Estonia, con una sucursal que ofrecía servicios bancarios a clientes extranjeros que no residían en Estonia. Esto, en el lenguaje financiero, se denomina “portafolio de clientes no residentes”.

Estonia en esos años era un paraíso regulatorio al borde de Europa: jurisdicción pequeña, marcos de supervisión débiles, ubicación conveniente para el dinero ruso y exsoviético. Sampo Bank lo sabía. Por eso, la sucursal en Estonia era muy rentable: atendía a miles de clientes de Rusia, Azerbaiyán, Moldavia y Ucrania. Dinero que buscaba esconder, en otras palabras.

Danske Bank, que adquirió esta operación sin auditar adecuadamente su composición de riesgos, decidió mantener y ampliar el negocio. Entre 2007 y 2015, llegó a contar con aproximadamente 15.000 clientes no residentes. En algunos años, este portafolio representaba entre el 40 y el 79 por ciento de las ganancias de la sucursal en Estonia.

La dirección central en Copenhague vio números, rentabilidad, pero no vio riesgos. O si los advirtió, prefirió ignorarlos.

El modus operandi: una unidad con su propia ley

Bajo las órdenes de gerentes que reportaban directamente a Copenhague, operaba lo que se conocía internamente como la “unidad bancaria no residente”: un equipo de alrededor de una docena de banqueros cuyo único trabajo era atender a estos clientes extranjeros de alto riesgo.

He aquí cómo operaban:

Paso 1: Clientes que nunca debieron serlo. Un “cliente” llegaba desde, por ejemplo, Rusia. Presentaba documentos. Algunos de estos documentos estaban en ruso o en estonio, idiomas que el personal de cumplimiento en Copenhague no podía leer. Las verificaciones de antecedentes eran superficiales. Un auditor externo anotó con ironía que estos clientes solían ser “empresas constituidas unos meses antes, sin página web, sin oficina real, con una actividad empresarial imposible de explicar”. Pero llegaban con dinero, así que se abrían las cuentas.

Paso 2: Transacciones que violaban todo patrón normal. Una vez dentro, el cliente realizaba transacciones extrañas. Depósitos masivos. Transferencias a paraísos fiscales. Movimientos sin lógica económica aparente. Cada operación individual tendría banderas rojas. Las normas internacionales de compliance exigen que se reporte. Danske lo sabía, pero reportaba poco.

Paso 3: Uso de entidades fantasma. Muchas de las empresas cliente operaban principalmente como intermediarias. Su lógica no consistía en producir bienes o servicios, sino en redirigir dinero. Llegaba dinero desde Rusia a través de la cuenta de una entidad offshore en las Islas Vírgenes. De ahí iba a otra entidad en Chipre. Luego a Gran Bretaña. Luego de vuelta a la región. Con cada salto, el origen se vuelve cada vez menos claro. Danske procesaba todas estas transacciones.

Paso 4: Ignorar las alertas. En 2013, JPMorgan Chase, banco corresponsal de Danske, emitió una alerta. Había observado patrones irregulares en las transacciones de la sucursal de Estonia. Chase tenía razón en desconfiar. Danske le aseguró a su corresponsal que todo estaba bajo control automático, que contaba con sistemas robustos de monitoreo de sanciones. Todo era mentira. Danske seguía usando sistemas manuales, propensos a errores humanos. Chase terminó la relación.

¿La respuesta de Danske? No ordenar una auditoría. No investigar las preocupaciones. Simplemente seguir adelante como si nada.

La tecnología como cómplice

Un detalle crucial: la sucursal estonia operaba con su propia plataforma tecnológica, completamente desintegrada del sistema de la matriz. Esto significaba que el departamento de cumplimiento en Copenhague no tenía visibilidad real sobre lo que ocurría en Estonia. No podía monitorear clientes. No podía rastrear transacciones en tiempo real. No podía cruzar información. Es como si la sucursal fuera un barco en alta mar sin comunicación con el puerto.

Esta desintegración tecnológica no fue un error. Fue, probablemente, una característica que permitía que el dinero circulara sin ser visto por los guardianes.

Cómo fueron descubiertos: el periódico que se atrevió

En marzo de 2017, el periódico danés Berlingske publicó una investigación. El titular era simple: algo raro estaba pasando en Estonia. Berlingske tenía documentos internos, reportes de denunciantes y pistas de que Danske Bank estaba procesando volúmenes masivos de dinero sospechoso.

Las autoridades reaccionaron lentamente. Los reguladores estonios habían identificado problemas desde 2014, tras reportes de auditores internos, pero se movieron lentamente. Los daneses todavía más lentamente. Fue una denuncia de un empleado interno, a principios de 2014, la que finalmente encendió las alarmas. Un auditor interno escribió un reporte escéptico sobre cómo era posible que clientes sin presencia comercial real, sin empleados, sin actividad verificable, estuvieran generando transacciones de miles de millones de dólares. La pregunta era retórica. La respuesta obvia: porque el dinero no era legítimo.

En septiembre de 2018, Danske Bank encargó una investigación formal a la firma de abogados danesa Bruun & Hjejle. El reporte de 87 páginas fue demoledor: entre 2007 y 2015, aproximadamente €200 mil millones (USD $230 mil millones) en transacciones sospechosas fluyeron a través de la sucursal en Estonia. Casi el tamaño del PIB total de Dinamarca. Diez veces la economía de Estonia.

Esa misma semana, el CEO Thomas Borgen, que había estado a cargo de las operaciones internacionales, incluida Estonia, entre 2009 y 2012, renunció. Su declaración fue: “Está claro que Danske Bank no cumplió con su responsabilidad. Lo lamento profundamente”. Aunque técnicamente un informe interno concluyó que Borgen no había violado ninguna obligación legal, sostuvo su responsabilidad moral. Un gesto que, en el contexto financiero contemporáneo, fue casi radical.

Qué falló: deficiencias sistemáticas

El reporte de investigación fue específico sobre los controles que fallaron:

1. KYC (Know Your Customer) deficiente. Las verificaciones básicas de identidad y antecedentes de los clientes fueron superficiales. En muchos casos, Danske abrió cuentas con base en documentación incompleta o no verificada. En el ámbito de las finanzas, el KYC es la primera línea de defensa. Si no sabes quién es tu cliente, no tienes manera de saber si su dinero es lícito.

2. Due diligence mejorada (EDD) inexistente. Cuando un cliente presenta riesgos más altos (por país de origen, tipo de negocio, volumen de transacciones), se requiere una investigación más profunda. Danske simplemente no la hacía ni bien ni mal. Aceptaba explicaciones vagas sobre la “actividad empresarial” de entidades claramente fantasmales.

3. Monitoreo transaccional débil. Los sistemas para rastrear patrones sospechosos en transacciones eran manuales, desactualizados, incapaces de procesar el volumen. Una computadora de 2015 habría detectado de inmediato que una pequeña empresa de Azerbaiyán estaba moviendo $30 millones al mes a través de diez países distintos. Danske usa personas revisando hojas de cálculo. Es como proteger una ciudad con vigías a caballo.

4. Controles de sanciones inexistentes. Tras las sanciones internacionales contra Rusia, Irán y otras jurisdicciones, los bancos tienen la obligación de verificar si sus clientes figuran en listas negras. Danske le mintió a sus bancos corresponsales al afirmar que contaba con controles automatizados.

5. Falta de integración corporativa. La sucursal estonia operaba como un feudo independiente. Copenhague no sabía qué pasaba allá. O sabía, pero optó por no saber, dejándola operar sin supervisión real.

6. Gobierno corporativo fallido. La dirección de Danske Bank vio señales de alerta —denuncias internas, cartas de auditoría, reguladores que levantaban la bandera— y no hizo nada. En 2014, después de que auditores y denunciantes internos levantaron la alarma, la dirección simplemente continuó operando la sucursal como si nada hubiera pasado.

Este no fue un fallo técnico. Fue un fallo de voluntad institucional.

Quiénes fueron condenados

Las consecuencias legales fueron variadas:

Para Danske Bank como institución:

• En diciembre de 2022, Danske Bank se declaró culpable ante la corte federal de Nueva York de un cargo de conspiración para cometer fraude bancario.

• Fue condenada a tres años de libertad condicional.

• Debió desembolsar aproximadamente USD 2.060 millones en concepto de decomisos y multas.

• El banco también donó aproximadamente 1.500 millones de coronas danesas (sus ganancias del período 2007-2015) a organizaciones de derechos humanos.

• La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) impuso sanciones por fraude en valores.

Para individuos:

• Diez antiguos empleados de la sucursal en Estonia fueron arrestados en 2018.

• Ocho fueron reportados formalmente a la policía de Estonia.

• 42 empleados y agentes fueron reportados a la unidad de inteligencia financiera de Estonia.

• El CEO Thomas Borgen, aunque no fue formalmente condenado, porque se concluyó que no violó obligaciones legales específicas, perdió su carrera en la banca de inversión de primer nivel.

• En mayo de 2019, el anterior CEO y otros nueve gerentes ejecutivos fueron acusados preliminarmente por las autoridades danesas de delitos financieros graves y de corrupción.

• A nivel de los empleados operativos, se impusieron condenas penales. En junio de 2025, la Corte de Apelaciones de Dinamarca confirmó que una mujer fue condenada a nueve años de prisión y un hombre a seis años por lavado de dinero agravado.

Pero la verdad incómoda es que sigue habiendo un vacío de responsabilidad personal en los niveles más altos. Algunos de los que tomaron las decisiones más graves no han enfrentado la prisión. El sistema legal danés, como muchos europeos, tiende a ser más duro con la institución como entidad legal que con los individuos que la dirigían.

Qué significa todo esto

El caso de Danske Bank ilustra una lección que se repite en la historia financiera moderna: los sistemas que previenen el lavado de dinero solo funcionan si existe voluntad institucional para aplicarlos.

Danske Bank tenía marcos regulatorios. Tenía políticas. Tenía procedimientos en papel. Lo que no tenía era una supervisión real. No tenía una segregación de deberes que impidiera que una sucursal operara sin control. No tenía liderazgo que tomara en serio las señales de riesgo. No tenía una cultura en la que el cumplimiento fuera más importante que los números de ganancia.

Dicho esto, el caso también muestra que el sistema, aunque lentamente, finalmente reacciona. Los periodistas investigan. Los auditores hablan. Los denunciantes se animan. Los reguladores, aunque lentos, eventualmente actúan. Danske Bank perdió decenas de miles de millones en multas; su reputación, su CEO y algunos de sus empleados están en prisión.

Reflexión final

Cuando piensas en “lavado de dinero”, es fácil imaginar operaciones sofisticadas, criminales brillantes, escondrijos en paraísos fiscales. La realidad del caso Danske es más sencilla: fue dinero sucio que fluía a través de un banco europeo respetado, procesado por empleados normales, bajo la supervisión de directivos que sabían lo que pasaba y miraron hacia otro lado.

Eso es lo aterrador. No que el crimen sea sofisticado. Es ordinario, burocrático, incrustado en las operaciones diarias de una institución que aparenta tener todo bajo control.

El sistema de compliance existe para detectar esto. Pero un modelo de prevención de delitos es solo papel mojado si no hay personas en los ámbitos de poder dispuestas a formular preguntas incómodas.

Danske Bank no tuvo eso entre 2007 y 2015. Costó 200 mil millones de euros descubrirlo.

Los casos de estudio son la materia prima que nos permite estudiar cómo opera el crimen organizado a nivel mundial. Si el post te parece interesante, siéntete libre de compartir mi trabajo

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Ficha de la sentencia

• Tribunal: Corte Suprema, Segunda Sala

• Rol: N° 41.620-2025

• Fecha: 1 de junio de 2026

• RIT de origen: 89-2025, Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Calama

• Acción: Recurso de nulidad (artículo 373 letra a) Código Procesal Penal)

• Resultado: rechazado en todos sus extremos

• Integración: Ministros Valderrama, Llanos, Gajardo; Abogados Integrantes Tavolari, Urquieta

El caso

El 22 de febrero de 2024, en horas de madrugada, Carabineros concurrió a un domicilio en Calama tras una denuncia por supuesta violencia intrafamiliar. Allí encontraron al imputado saliendo del inmueble en ropa interior, desorientado, con lesiones visibles en el cuerpo y portando un cuchillo de mantequilla. Los funcionarios lo controlaron, lo esposaron y lo subieron al vehículo policial. Se entrevistó a la madre del imputado, quien indicó que su hijo “estaba descontrolado”.

Una vez en la comisaría, el imputado agredió con un puño en el rostro a un carabinero , causándole lesiones leves (eritema en la sien izquierda). Posteriormente fue trasladado al hospital. Al abrir la puerta de ingreso, propinó un cabezazo en el rostro a otro funcionario policial, causándole fracturas dentarias y nasales, con lesiones graves de pronóstico médico-legal superior a 30 días.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Calama lo condenó, en sentencia del 22 de septiembre de 2025, por dos delitos: maltrato de obra a Carabinero causando lesiones graves (art. 416 bis N°2 CJMIL) a cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, y maltrato de obra a Carabinero causando lesiones leves (art. 416 bis N°4 CJMIL) a sesenta y un días de presidio menor en su grado mínimo.

La pregunta jurídica

¿Puede una detención irregular —sin flagrancia, sin denuncia previa, sin indicio alguno de delito— contaminar la prueba de delitos que el imputado comete voluntariamente después, en escenarios desvinculados del acto inicial?

Dicho de otro modo: ¿existe un vínculo causal suficiente entre la infracción procesal en la detención y la acreditación de conductas posteriores para que prospere una causal de nulidad por prueba ilícita?

Lo que resolvió el tribunal

La Corte Suprema reconoció que la detención inicial fue irregular. De acuerdo con el artículo 85 del Código Procesal Penal, una detención requiere un indicio de que se ha cometido o se ha intentado cometer un delito, o de que la persona podría suministrar información útil para la indagación de uno. En este caso, ni siquiera el tribunal de origen encontró que existiera delito alguno que justificara la detención. La Jueza de Garantía ya había observado que el imputado estaba visiblemente golpeado y que no existía flagrancia ni denuncia previa. La Corte Suprema lo confirmó: la detención no se ajustó a ninguna hipótesis legal.

Sin embargo, rechazó el recurso de nulidad por una razón central: no existía un vínculo causal entre la infracción normativa y los elementos probatorios que sustentaban la condena.

La Corte determinó que:

Primero, las conductas por las que fue condenado ocurrieron después de la detención, en escenarios totalmente distintos. La agresión en comisaría se produjo cuando ya estaba bajo custodia, como acto libre y voluntario del imputado. La agresión en el hospital ocurrió durante el traslado y también fue una conducta voluntaria, desacoplada temporoespacialmente de la detención inicial.

Segundo, la prueba de estas agresiones provenía de fuentes independientes del hecho de la detención. No eran documentos obtenidos mediante detención irregular ni interrogatorios derivados de ella. Eran hechos acreditados por el propio tribunal mediante documentación médica (informe de lesiones del Servicio Médico Legal) y el testimonio directo de los carabineros afectados.

Tercero, las supuestas agresiones que el condenado habría sufrido en comisaría y en el hospital —y que, según su defensa, justificarían su reacción defensiva— no fueron acreditadas. Sin esa acreditación, la defensa no podía demostrar que la reacción del imputado fue forzada o derivada de un acto abusivo posterior.

Por tanto, concluyó la Corte, descartándose el nexo causal funcional entre la irregularidad procesal y la prueba incriminatoria, no procedía la causal de nulidad.

Por qué importa

Este fallo aborda un aspecto crucial de la doctrina de la prueba ilícita en el derecho procesal penal chileno, que con frecuencia se malinterpreta en la práctica forense.

La presunción no sustituye la causalidad. Es verdad que el Código Procesal Penal contempla la inadmisibilidad de evidencia obtenida en violación de derechos constitucionales. Pero esa regla opera cuando la infracción es el origen directo de la prueba. Una detención irregular que no genera prueba incriminatoria per se —es decir, que no produce documentación, registros o confesiones derivados de ella— no contamina automáticamente todo lo que sucede después. Especialmente cuando lo que sucede después son actos del propio imputado, ejecutados libre y voluntariamente.

La defensa debe probar el vínculo. No basta con demostrar que hubo una irregularidad previa. Debe acreditarse que esa irregularidad fue causa de los elementos probatorios que sustentan la condena. En este caso, la defensa alegó que Carabineros procedió ilegalmente desde el inicio, pero no logró demostrar que de esa detención derivaran los golpes posteriores. No podía hacerlo: los golpes fueron actos del propio imputado, no la consecuencia de la detención.

La temporalidad y la espacialidad son relevantes. Cuando hay distancia temporal y espacial clara entre el acto irregular y la conducta acreditada, y cuando esta última es voluntaria, la doctrina del “fruto del árbol envenenado” no aplica con la misma fuerza. Un delito cometido en un lugar distinto, minutos o horas después, por decisión propia del imputado, resulta más difícil vincular causalmente con una irregularidad inicial.

Implicancias para la práctica. Para defensores: el camino no es solo atacar la detención. Es demostrar con rigor que la infracción fue el origen de la prueba y que las conductas posteriores fueron una reacción forzada, no libre. Debe haber un nexo probado, no una mera especulación del tipo “si no hubiera sido detenido ilegalmente, nada de esto habría pasado”. Para los acusadores: una detención irregular es un error grave. Aunque la prueba posterior sea independiente, es un error que daña la credibilidad ante el tribunal y puede costar la confianza en el resto del caso.

El equilibrio entre persecución y garantías. La Corte no dice que las detenciones irregulares sean aceptables. Las rechaza explícitamente. Pero equilibra el respeto de las garantías con la realidad de que un imputado puede cometer delitos adicionales durante su traslado o custodia, y que esos delitos son autónomos y punibles aunque el punto de partida haya sido irregular. Es un equilibrio delicado que sitúa la carga correctamente: en quien alega contaminación.

Si la sentencia te parece relevante y conoces a alguien a quien le pueda interesar la decisión, no dudes en compartir este post

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Una semana marcada por dos grandes hitos que se vienen gestando desde hace meses: en el Biobío, la Fiscalía presentó la acusación formal contra los imputados por los incendios de Santa Juana, que en 2023 dejaron 17 víctimas fatales, mientras el Tribunal de Cañete confirmó el inicio del juicio oral del caso Grollmus para el 23 de junio, con 21 acusados. A nivel nacional, el Senado aprobó, en particular, el proyecto que tipifica el ingreso clandestino como delito, y el debate sobre la Ley Emilia se reactivó con fuerza en el Congreso tras la sentencia de la semana pasada. En el plano internacional, la CIDH tuvo una semana prolífica: envió cuatro casos a la Corte IDH y expresó su preocupación por la conflictividad social en Bolivia y la violencia política en Colombia.

Esta semana vamos el sábado para que comiences el fin de semana informado con el resumen de noticias.

🌊Región del Biobío

🔥 Caso Coelcha: la Fiscalía presenta la acusación formal por los incendios de 2023 que arrasaron Santa Juana y dejaron 17 muertos

Tal como lo había anunciado el fiscal Jorge Lorca, en los primeros días de junio la Fiscalía Regional del Biobío comunicó el cierre de la investigación y presentó ante el Juzgado de Garantía de Nacimiento la acusación formal contra dos trabajadores de la Cooperativa Eléctrica Charrúa (Coelcha), por su presunta responsabilidad en los incendios de Santa Ana que en febrero de 2023 devastaron las comunas de Santa Juana y Nacimiento, arrasando más de 70.000 hectáreas y causando 17 muertes y decenas de heridos. Los cargos imputados son: incendio, cuasidelito de homicidio (en relación con cada una de las 17 víctimas fatales), cuasidelito de lesiones y daños. Las penas solicitadas superan los 5 años de reclusión efectiva. La Municipalidad de Santa Juana, la Municipalidad de Nacimiento y las familias de las víctimas actúan como querellantes. La defensa de Coelcha, que había solicitado ampliar el plazo de investigación hasta julio para realizar nuevas diligencias, deberá ahora enfrentar el juicio oral con la tesis de que la responsabilidad por el siniestro recae en el Estado, por presuntas fallas en la fiscalización de Conaf y en los protocolos de evacuación.

📌 Próximo hito: El tribunal fijará la audiencia de preparación del juicio oral. La acusación abre también la vía para las acciones civiles indemnizatorias que preparan el municipio y las familias.

⚡ ¿Por qué importa? El cuasidelito de homicidio (art. 490 del Código Penal) sanciona la muerte causada por imprudencia temeraria. Cuando existe pluralidad de víctimas, cada muerte configura un delito independiente, lo que puede acumular penas significativas. Este juicio será, además, un precedente relevante sobre la responsabilidad penal de las empresas de distribución eléctrica por el mantenimiento de sus franjas de seguridad.

🔗 BioBioChile — paso a juicio · Demandas civiles · Canal 9 Biobío

⚖️ Caso Grollmus: el Tribunal de Cañete unifica la causa y fija el juicio oral para el 23 de junio — 21 acusados, 10 con riesgo de presidio perpetuo

El Tribunal Oral en lo Penal de Cañete resolvió unificar en un solo proceso la acusación contra los 19 adultos y los 2 adolescentes imputados por el ataque incendiario al Molino Grollmus en Contulmo (29 de agosto de 2022), quienes pertenecen a la Resistencia Mapuche Lafkenche (RML). El juicio oral —que acumula cuatro postergaciones— quedó fijado para el 23 de junio a las 9 horas en Cañete. La Fiscalía solicita la pena de presidio perpetuo para 10 de los 19 acusados adultos, incluidos los líderes de la organización. La acusación incluye delitos de incendio terrorista, homicidio frustrado calificado y lesiones graves. El cambio de mando en la Jefatura de la Defensa Nacional (JEDENA) de Arauco —que pasó de la Armada al Ejército a solo días del inicio del juicio— generó preocupación entre las víctimas, que temen una descoordinación en la seguridad del entorno del tribunal durante las audiencias.

📌 La Defensoría Penal Pública mantiene pendiente ante la Corte Suprema un recurso de amparo en favor de uno de los menores acusados, que busca garantizar el respeto de los plazos legales especiales aplicables a adolescentes imputados.

⚡ ¿Por qué importa? La acumulación de acusaciones en un solo juicio evita la revictimización de testigos y víctimas que deberían declarar dos veces. La Ley 21.732 (nueva Ley Antiterrorista, vigente desde febrero de 2025) no aplica a este caso porque los hechos son anteriores a su entrada en vigencia: rige el principio de irretroactividad de la ley penal más gravosa (art. 19 N° 3 de la Constitución). La acusación se basa en la antigua Ley 18.314.

🔗 BioBioChile — unificación · La Tercera — amparo Defensoría · Cambio de mando JEDENA

🚗 La sentencia Yévenes reactiva el debate en el Congreso: parlamentarios del Biobío impulsan reforma urgente a la Ley Emilia

Tras el impacto que causó la sentencia del 29 de mayo —que condenó al conductor responsable de la muerte de Macarena Yévenes a cinco años en libertad vigilada, la pena máxima prevista por la Ley 20.770 (Ley Emilia)— parlamentarios de la región del Biobío y otras bancadas presentaron indicaciones y mociones para reformar la normativa. Las propuestas apuntan en tres direcciones: elevar el límite máximo de la pena de cinco a diez años; establecer una pena privativa de libertad efectiva e irrenunciable para las situaciones con resultado de muerte; y ampliar la responsabilidad por el delito de homicidio cuando concurra dolo eventual. La familia de Yévenes confirmó que analiza interponer un recurso de nulidad contra la sentencia ante la Corte de Apelaciones de Concepción, argumentando que el tribunal no valoró correctamente la prueba sobre el estado de ebriedad y el comportamiento del conductor.

⚡ ¿Por qué importa? La Ley 20.770, conocida como “Ley Emilia”, existe desde 2014 y establece penas de 3 a 5 años para quienes conduzcan ebrios y causen la muerte. El techo de 5 años permite postular siempre a penas sustitutivas bajo la Ley 18.216. El nudo jurídico es que el juez no puede imponer un plazo superior al permitido por la ley. Modificar ese umbral requiere una reforma legal.

🔗 BioBioChile — sentencia · Emol

🔪 Caso Casa Schwager: los seis detenidos son formalizados en Concepción — cuatro adolescentes enfrentan internación en régimen cerrado

Esta semana se realizaron las audiencias de formalización ante el Juzgado de Garantía de Concepción de los seis detenidos por el asesinato de una adulta mayor en la histórica Casa Schwager de Coronel, ocurrido durante la madrugada del 23 de mayo. Los dos imputados adultos —un ciudadano chileno de 18 años y un ciudadano colombiano de 20, fueron formalizados por robo con homicidio y quedaron en prisión preventiva. Los cuatro adolescentes, de 14, 15, 16 y 17 años, fueron formalizados ante el Tribunal de Garantía con competencia en responsabilidad penal juvenil, en cuyo marco la Fiscalía solicitó la internación provisoria en régimen cerrado, la medida cautelar más gravosa contemplada para menores por la Ley 20.084. El Ministerio Público reiteró su decisión de solicitar, en su momento, las penas más altas disponibles para cada rango etario.

⚡ ¿Por qué importa? La Ley 20.084 distingue dos tramos: de 14 a 15 años y de 16 a 17 años, con penas más leves en el primer tramo. Para crímenes tan graves como el robo con homicidio —penado con presidio mayor en su grado máximo, hasta presidio perpetuo para adultos—, los adolescentes en el tramo superior pueden enfrentar hasta 5 años de internación en régimen cerrado. El caso vuelve a instalar el debate sobre si Chile debe revisar a la baja el umbral de la inimputabilidad absoluta, actualmente fijado en los 14 años.

🔗 BioBioChile — detenidos · La Tribuna

🏛️ Concurso Fiscal Regional del Biobío: la Corte de Apelaciones de Concepción cierra el proceso de postulaciones

El plazo de postulaciones al concurso para proveer el cargo de Fiscal Regional del Biobío, abierto por la Corte de Apelaciones de Concepción mediante edicto del 15 de mayo, venció el 25 de mayo. Los candidatos son:

• Roberto Garrido (Fiscal Regional de La Araucanía)

• Michelangelo Bianchi (Fiscal adjunto del Biobío)

• Patricio Aravena (Fiscal adjunto del Biobío)

• Mauricio Lártiga (Fiscal adjunto del Biobío)

• Jorge Lorca (Fiscal adjunto del Biobío)

• Juan Yáñez (Fiscal adjunto del Biobío)

• Bernardo Orellana (Fiscal adjunto del Biobío)

• Paulo Pucheu (Fiscal adjunto del Biobío)

• Sergio Pérez (Fiscal de Ñuble)

• Álvaro Hermosilla (Fiscal de Ñuble)

• Mauricio Decap (Director de la Corporación de Asistencia Judicial del Biobío)

• Enrique Hernández (abogado en ejercicio libre)

La Corte deberá ahora evaluar los antecedentes de todos los postulantes, quienes, en audiencia pública el 11 de junio, expondrán ante el Pleno de Ministros, que deberá elaborar una terna de tres candidatos, la cual será remitida al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, quien tendrá la palabra final. El nuevo Fiscal Regional deberá asumir el 2 de agosto, cuando vence el período de funciones de Marcela Cartagena Ramos.

📌 El momento del concurso es estratégico: quien asuma heredará entre otras, la investigación del caso Grollmus, en pleno juicio oral desde el 23 de junio, la causa Coelcha, en etapa de acusación, y la más compleja agenda de crimen organizado transnacional de las últimas décadas en la región.

⚡ ¿Por qué importa? El Fiscal Regional define la política de persecución penal: qué casos prioriza, cómo se asignan los recursos y qué señales se envían al sistema. En una región que ocupa el tercer lugar a nivel nacional en causas por crimen organizado, esta designación tiene consecuencias concretas para la seguridad pública y el acceso a la justicia de miles de personas.

🔗 BioBioChile — candidaturas · Apertura del concurso

🇨🇱Nacional

🛂 El Senado aprueba en particular el proyecto de ingreso clandestino como delito: promulgación en el horizonte

Tras el vencimiento del plazo de indicaciones el 28 de mayo, la Sala del Senado debatió y aprobó, en particular, el proyecto que modifica la Ley 21.325 de Migración y Extranjería, tipificando como delito el ingreso clandestino al territorio nacional. La norma aprobada mantiene la pena de presidio menor en su grado mínimo (61 a 540 días) o multa de 5 a 10 UTM; establece una pena agravada de presidio menor en su grado medio a máximo (541 días a 5 años) para quienes ingresen con prohibición de ingreso vigente; y excluye expresamente a personas que reúnan condiciones de refugiados, a niños, niñas y adolescentes, y a quienes los acompañen. El proyecto fue aprobado con quórum de ley simple, zanjando la disputa técnica, y vuelve a la Cámara de Diputados para que revise las modificaciones introducidas por el Senado. Si no hay observaciones, pasará a promulgación.

⚡ ¿Por qué importa? La transformación del ingreso clandestino de infracción administrativa en delito penal supone un cambio de paradigma. A diferencia de la expulsión administrativa, rápida y ejecutable, la sanción penal exige formalización, defensa técnica, audiencia e incluso la privación de la libertad, lo que, paradójicamente, puede dificultar la expulsión. El Ministerio Público y la Defensoría Penal ya advirtieron sobre este efecto no deseado.

🔗 Radio Universidad de Chile · Senado de Chile

📁 Ley antifiltraciones: el Senado la vota en Sala y la tensión con el periodismo de investigación se agudiza

La Sala del Senado inició el debate en particular del proyecto de ley antifiltraciones, que crea un delito específico por la divulgación indebida de antecedentes reservados de investigaciones penales. La iniciativa establece una escala de sanciones: los funcionarios públicos que filtren información reservada, incluidos fiscales, policías y auxiliares de la administración de justicia, enfrentan las penas más severas. Se crea, además, un “anexo reservado” en los expedientes para los antecedentes sin relevancia investigativa que no deberían circular. El Colegio de Periodistas y el Observatorio de la Libertad de Prensa protestaron porque la definición de “antecedentes reservados” puede, según ellos, alcanzar a reporteros que reciban información de fuentes anónimas al interior del sistema.

⚡ ¿Por qué importa? La filtración de antecedentes penales vulnera la presunción de inocencia prevista en el art. 4 del Código Procesal Penal, y puede alertar a los imputados o contaminar la prueba. Pero también es un canal de transparencia frente al poder. La tensión es real: el periodismo de investigación, en ocasiones, ha revelado casos de corrupción gracias a fuentes internas del sistema judicial. La Ley de Prensa 19.733, protege el secreto de la fuente, pero no blinda al comunicador frente a cualquier tipo de persecución.

🔗 Senado de Chile

🔍 Caso Huenchullán: la Fiscalía formaliza al prófugo capturado en Temucuicui y la acusación ya tiene fecha

Esta semana se realizó la audiencia de formalización ante el Juzgado de Garantía de Collipulli, del werkén de Temucuicui, capturado el 19 de mayo en la “Operación Tridente”, quien permaneció prófugo durante cinco años. El imputado quedó en prisión preventiva. Los cargos formalizados incluyen tráfico de drogas, con pena de 10 años y un día en abstracto, tenencia ilegal de arma de fuego prohibida, 5 años, y tenencia ilegal de municiones, 3 años. La acusación formal será presentada en los próximos días ante el tribunal, dando inicio al proceso que podría derivar en juicio oral. En paralelo, la Fiscalía de La Araucanía mantiene abierta la línea investigativa sobre el exfundo Pidenco, donde en 2021 fueron enterrados ilegalmente los restos de un activista fallecido en circunstancias que el Ministerio Público investiga.

⚡ ¿Por qué importa? Cuando un imputado permanece prófugo, se suspende el plazo de investigación, según el art. 247 CPP. Al momento de la captura, el reloj procesal se reactiva. La acusación debe presentarse dentro del plazo legal. El imputado conserva todos sus derechos procesales, incluida la revisión de la medida cautelar, desde el momento en que queda a disposición del tribunal.

🔗 T13 / Ex-Ante · La Tercera — operativo

📋 La Corte Suprema publica su Cuenta Pública anual: gestión de causas y brechas en el acceso a la justicia

La Corte Suprema entregó su Cuenta Pública anual, correspondiente al año judicial 2025. Entre los datos más relevantes figura el número de causas ingresadas al sistema judicial, que superó los 4,5 millones en el año, con una tasa de término del 94%. Sin embargo, el informe reconoce brechas significativas: la duración promedio de los juicios orales en materia penal se extendió a 18,4 meses desde la formalización hasta la sentencia, por encima del estándar de razonabilidad. La presidenta del tribunal, ministra Gloria Ana Chevesich, destacó la implementación del plan de gestión “Quantum” y anunció metas específicas por corte para el año 2026. El informe también alerta sobre la sobrecarga de los Juzgados de Familia y de los Tribunales de Garantía en las regiones del sur del país.

⚡ ¿Por qué importa? La Cuenta Pública del Poder Judicial es el principal instrumento de rendición de cuentas ante la ciudadanía. Los datos sobre la duración promedio de los procesos son especialmente relevantes porque el derecho a ser juzgado en un “plazo razonable” está garantizado por la Constitución y la Convención Americana. Una duración promedio de 18 meses hasta la sentencia en materia penal es un indicador de estrés sistémico.

🔒 Seguridad y derechos: el Gobierno defiende ante el Congreso el uso del sistema IMSI Catcher en la nueva Ley Antiterrorista

En el marco de la fiscalización parlamentaria, el Ministerio del Interior expuso ante la Comisión de Seguridad de la Cámara los criterios y protocolos definidos para el uso del sistema IMSI Catcher —tecnología de intercepción de señales de telefonía móvil— incorporado por la Ley 21.732 (nueva Ley Antiterrorista, vigente desde el 12 de febrero de 2025). El gobierno explicó que el uso requiere autorización judicial previa del Juez de Garantía, está restringido a investigaciones por delitos terroristas debidamente formalizadas, y queda bajo supervisión del Ministerio Público. Sin embargo, parlamentarios del Frente Amplio y del Partido Comunista —quienes hicieron reserva de constitucionalidad en su momento, rechazada por el Tribunal Constitucional— insistieron en que la tecnología puede afectar las comunicaciones de personas no investigadas.

⚡ ¿Por qué importa? El IMSI Catcher no intercepta un teléfono específico, sino todos los dispositivos dentro de un radio determinado, lo que genera riesgos para personas ajenas a la investigación. La exigencia de autorización judicial es el mecanismo de control establecido. Este debate es relevante para Chile porque el equilibrio entre la seguridad nacional y la privacidad constituye una tensión permanente en el derecho constitucional comparado.

🔗 Poder Judicial — análisis Ley 21.732 · AlertaLey

🌍Internacional

🇪🇨 CIDH envía a la Corte IDH el caso de una mujer detenida embarazada en Ecuador: la hija recién nacida fue separada de su madre

El 3 de junio, la CIDH remitió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de una mujer que fue detenida en estado de embarazo en Ecuador y cuya hija recién nacida fue separada de ella durante el período de lactancia mientras permanecía privada de libertad. La Comisión determinó que el Estado ecuatoriano habría vulnerado los derechos a la integridad personal, a la familia, a la salud y a las garantías judiciales reconocidos en la Convención Americana. El caso ilustra un problema estructural en los sistemas penitenciarios latinoamericanos: la ausencia de protocolos adecuados para mujeres embarazadas y madres lactantes en situación de privación de libertad.

⚡ ¿Por qué importa? Las Reglas de Bangkok de la ONU, de 2010, establecen estándares específicos para el tratamiento de las mujeres reclusas, incluida la prohibición de privar a estas del derecho a lactar. En Chile, la Ley 20.587 permite suspender el cumplimiento de las penas privativas de libertad a las madres de hijos menores de dos años. Este caso puede generar jurisprudencia interamericana vinculante para todos los Estados.

🔗 CIDH — comunicado 99/26

🇧🇴 CIDH alerta por la escalada de conflictividad social en Bolivia: protestas, bloqueos y represión policial

El 2 de junio, la CIDH expresó su preocupación por la escalada de la conflictividad social en Bolivia y por sus impactos en los derechos humanos, en el contexto de las tensiones previas a las elecciones generales de agosto de 2026. El organismo llamó al Estado boliviano a garantizar el derecho a la protesta pacífica, a abstenerse del uso desproporcionado de la fuerza policial y a investigar los casos de represión denunciados. Alertó también sobre las restricciones a la libertad de prensa y la detención de periodistas que cubren las movilizaciones sociales. Bolivia enfrenta una profunda polarización política.

⚡ ¿Por qué importa? El derecho a la protesta pacífica está amparado por los artículos 13, (libertad de expresión) y 15 de reunión de la Convención Americana. La instrumentalización del poder judicial para excluir candidatos políticos, que algunos llaman “lawfare electoral”, es uno de los fenómenos más relevantes del derecho constitucional comparado latinoamericano en los últimos años.

🔗 CIDH — comunicado 97/26

🇨🇴 Comisión IDH lleva a la Corte IDH el asesinato de líderes campesinos y una periodista en Colombia

El 2 de junio, la Comisión IDH, presentó ante la Corte IDH un caso por el asesinato de varios líderes campesinos y de una periodista en Colombia, atribuido a grupos paramilitares que operan en zonas de conflicto armado. La Comisión determinó que el Estado colombiano no adoptó las medidas de protección adecuadas, pese a conocer la situación de riesgo de las víctimas, y que la investigación de los crímenes resultó ineficaz. En paralelo, la CIDH emitió el comunicado 94/26 expresando preocupación por la violencia política en Colombia en el contexto de las elecciones legislativas de noviembre de 2026, llamando a reforzar la protección de candidatos y líderes sociales.

⚡ ¿Por qué importa? El Estado tiene la obligación de proteger a quienes defienden los derechos humanos o ejercen el periodismo, especialmente cuando tiene conocimiento de la situación de riesgo en la que se encuentran. El incumplimiento de esa obligación positiva —no solo la negativa a matar— genera responsabilidad internacional. Colombia es el país de América Latina con más líderes sociales asesinados al año.

🔗 CIDH — comunicados 94/26 y 96/26

🇵🇪 Comisión IDH lleva a la Corte IDH el incumplimiento del pago de salarios a jueces peruanos: independencia judicial en riesgo

El 1 de junio, la Comisión IDH sometió a la Corte IDH un caso contra Perú por el incumplimiento sistemático del pago oportuno de los salarios de los jueces del Poder Judicial. La Comisión determinó que esta práctica afecta la independencia e imparcialidad de los magistrados, al generar una situación de dependencia económica respecto del Ejecutivo que controla el presupuesto. El caso incluye, además, denuncias por la falta de garantías en los procesos disciplinarios abiertos contra los jueces afectados. La CIDH consideró que se configuran violaciones de las garantías judiciales, de la protección judicial y del principio de independencia del Poder Judicial.

⚡ ¿Por qué importa? La independencia judicial no es solo un principio organizativo: es una garantía para los ciudadanos. Un juez que depende económicamente del ejecutivo tiene incentivos para no contradecirlo. Los estándares interamericanos exigen que los Estados garanticen la estabilidad e inamovilidad de los jueces, así como una remuneración adecuada, como condiciones mínimas de independencia.

🔗 CIDH — comunicado 95/26

📊 Informe Anual de la Comisión IDH 2025: las medidas cautelares baten un récord histórico con 1.969 solicitudes en el año

La Comisión IDH publicó su Informe Anual 2025, con datos que reflejan la creciente presión sobre el sistema interamericano de derechos humanos. La cifra más llamativa: 1.969 solicitudes de medidas cautelares en el año, un aumento del 66% respecto del promedio 2020–2024 y el registro más alto en la historia de la institución. Las solicitudes se refieren principalmente a personas en riesgo de vida en contextos de privación de libertad, personas desaparecidas o en movilidad humana, y defensores de derechos humanos. La Comisión IDH remitió 33 casos a la Corte IDH durante el año y participó en 52 audiencias. El informe también analiza el crimen organizado y los derechos humanos en las Américas como uno de los fenómenos más desafiantes del período.

⚡ ¿Por qué importa? Las medidas cautelares son órdenes de protección urgentes que la CIDH puede dictar cuando existe un riesgo grave e inminente para la vida o la integridad de una persona. Su récord histórico es un indicador del deterioro del Estado de derecho en la región: más personas en riesgo, menos protección estatal efectiva.

🔗 Provea — análisis Informe CIDH 2025 · CIDH — OEA

⚠️ Este boletín describe procesos judiciales en curso. Los imputados son inocentes hasta que la justicia dicte sentencia en su contra y esta se encuentre firme y ejecutoriada.

Derecho en Movimiento traduce cada semana lo que ocurre en los tribunales del país y el sistema internacional en un lenguaje claro, sin tecnicismos innecesarios

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Lo que cambió (sin jerga legal)

La Ley 21817, publicada el 23 de mayo de 2026, endurece las penas contra el tráfico de estupefacientes. El cambio central: pequeñas cantidades de drogas peligrosas ahora se castigan como si fuera tráfico a mayor escala.

Hasta ahora, la ley distinguía entre posesión y tráfico según la cantidad. Ahora, si una droga es capaz de causar “graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud” —incluso en dosis pequeñas— aplican las penas más severas. Esto es particularmente relevante para el fentanilo, las drogas de diseño y otras sustancias altamente potentes.

Tres nuevas circunstancias agravantes

La ley suma tres factores que aumentan las penas:

j) Drogas adulteradas o mezcladas. Si un traficante manipula, mezcla o adultera sustancias para aumentar su capacidad de causar daño, la pena sube.

De cualquier forma, la modifcación requiere del trabajo de los organismos investigadores para determinar con certeza el ¿nivel? de afectacion del bien juridico protegido.

Con la ya acostumbrada demora, en los procesos de análisis de sustancias.

Lo que demuestra que cualquier reforma en materia penal, debe ir aprejada de mayores reursos para su implementación y puesta en funciónamiento.

k) Uso de tecnología avanzada. Valiéndose de comercio electrónico, aplicaciones virtuales o sistemas tecnológicos sofisticados para facilitar o encubrir el tráfico.

Cuestión que significa un desafío mayor en cuanto espacios como la dark web y sitios aparentemente inocuos, pero de tráfico, serán un importante desafío para los organismos investigadores. Sin perjuicio de las medidas intrusivas, la pregunta es lógica: los organismos auxiliares ¿tienen la tecnología y los medios, para acreditar esta agravante?

l) Drogas robadas de recintos de salud. Por último, si las sustancias provienen de farmacias, hospitales, centros de almacenamiento o lugares de destrucción, y el imputado lo sabía o “no podía menos que conocer”.

Lo técnico

Se elimina la exigencia de analizar “grado de pureza” en el artículo 43. Ahora basta determinar naturaleza, contenido y composición. Parece menor, pero no necesariamente facilitará los procesos penales.

Pero más allá de la tipificación y las nuevas agravantes,a mi juicio se avecina un importante debate en estrados, entre otras cuestiones sobre la naturaleza lesiva de la sustancia, peritaje contra peritaje, por ejemplo.

El plazo para la reglamentación

El Ministerio de Seguridad Pública tiene seis meses para modificar el decreto que define qué drogas califican como causantes de “graves efectos tóxicos” en pequeñas cantidades. Eso será lo que realmente defina el impacto práctico.

¿Por qué importa? Esta ley anticipa un cambio en las drogas del mercado ilícito, respecto del tratamiento penal sobre las sustancias más sintéticas, más potentes, más adulteradas. Busca castigar con mayor severidad las nuevas formas del tráfico.

Puedes examinar la ley aquí.

En Derecho en Movimiento cubrimos estas transformaciones legales porque afectan a cómo la justicia funciona en la práctica. Si quieres estar atento a los cambios legales, reformas penales y cómo la tecnología redefine la ilegalidad, suscríbete para no perderte las próximas actualizaciones

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Ficha de la sentencia

• Tribunal: Corte Suprema, Segunda Sala

• Rol: N° 27.848-2026

• Fecha: 25 de mayo de 2026

• RIT de origen: 804-2026, Juzgado de Garantía de Quinteros

• Acción: Recurso de amparo (apelación de sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Ingreso Corte N° 1712-2026)

• Resultado: Se revoca la sentencia apelada y se acoge el recurso de amparo; se suspende el procedimiento penal y se ordena internación psiquiátrica provisional inmediata

• Integración: Ministros Valderrama, Llanos, Gajardo, Zepeda y Abogada Integrante Tavolari

El caso

P.C.M.R. fue formalizada por el delito de incendio y quedó sujeta a prisión preventiva. En paralelo, su defensa acompañó al proceso con una serie de informes médicos que acreditaban un cuadro de salud mental de extrema gravedad: ideación suicida activa, indicación de hospitalización, tratamiento farmacológico con múltiples fármacos psiquiátricos, alucinaciones visuales y auditivas, sensación de persecución, múltiples intentos de suicidio y diagnóstico de episodio depresivo grave con síntomas psicóticos y síndrome suicida.

Pese a esos antecedentes, el Juzgado de Garantía de Quinteros se negó a suspender el procedimiento. La Corte de Apelaciones de Valparaíso confirmó esa decisión al rechazar el amparo interpuesto por la defensa. La Corte Suprema revocó ambas resoluciones.

La pregunta jurídica

El caso gira en torno a una pregunta concreta:

¿Puede continuar un proceso penal contra una persona respecto de quien existen antecedentes médicos calificados que permiten presumir su inimputabilidad por enajenación mental?

La respuesta de la Corte Suprema fue negativa.

El artículo 458 del Código Procesal Penal obliga a suspender el procedimiento cuando existen antecedentes que permiten presumir la inimputabilidad del imputado por enajenación mental. Para el tribunal, los informes médicos acompañados en este caso no dejaban margen de duda: la gravedad del cuadro psiquiátrico de P.C.M.R. hacía exigible esa suspensión de manera inmediata.

Lo que resolvió el tribunal

La Corte Suprema revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y acogió el recurso de amparo. En concreto:

Primero, declaró que los informes médicos acreditaban antecedentes calificados suficientes para presumir la inimputabilidad de P.C.M.R. por enajenación mental, lo que hacía procedente la suspensión del procedimiento conforme al artículo 458 del Código Procesal Penal.

Segundo, dejó sin efecto la resolución del Juzgado de Garantía de Quinteros que había mantenido el proceso activo y decretó la suspensión del procedimiento penal.

Tercero, atendido que P.C.M.R. se encontraba con prisión preventiva vigente, dispuso su internación provisional inmediata en el centro asistencial con especialidad psiquiátrica más cercano a su domicilio, conforme al artículo 464 del Código Procesal Penal, encargando al propio Juzgado de Garantía supervisar el cumplimiento del ingreso a la brevedad.

Por qué importa

Este fallo es relevante en al menos dos dimensiones.

1. La salud mental como límite al ejercicio del poder punitivo. El sistema procesal penal chileno reconoce que no toda persona puede ser sometida a juicio en cualquier circunstancia. Cuando existen antecedentes serios que permiten presumir que el imputado no comprende lo que ocurre a su alrededor ni puede participar conscientemente en su defensa, el proceso debe detenerse. La Corte Suprema lo recuerda aquí con claridad: continuar una persecución penal en esas condiciones no solo es jurídicamente incorrecto, sino que también vulnera la seguridad individual protegida por el artículo 21 de la Constitución.

2. La prisión preventiva no es una respuesta adecuada frente a la enfermedad mental grave. Este caso ilustra una tensión frecuente en la práctica penal: una persona con un cuadro psiquiátrico severo queda privada de libertad en una cárcel, cuando lo que requiere es atención médica especializada. La Corte resuelve esa tensión sustituyendo la prisión preventiva por la internación provisional en un centro psiquiátrico, medida legalmente prevista para estos casos. El mensaje de fondo es que el sistema penal debe ceder ante las necesidades terapéuticas cuando la imputabilidad está comprometida.

Fallos como este no suelen llegar a los titulares, pero moldean silenciosamente los derechos de las personas. Derecho en Movimiento existe para que eso cambie.

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Una semana que cierra con una sentencia que conmociona al Biobío: el conductor que mató ebrio a Macarena Yévenes recibirá cinco años de libertad vigilada. La región también vivió el asesinato de una adulta mayor en la histórica Casa Schwager de Coronel —con cuatro adolescentes entre los detenidos— y la formalización de un excarabinero, guardia de La Moneda, por homicidio en Talcahuano. A nivel nacional, venció el plazo de indicaciones para el proyecto que tipifica el ingreso clandestino como delito y avanzó la ley antifiltraciones en el Senado, mientras Santiago fue sede de una cumbre regional sobre crimen organizado transnacional. En el plano internacional, la CIDH encendió las alertas sobre la violencia doméstica en Estados Unidos y el Congreso chileno debatió el cumplimiento de los fallos de la Corte IDH.

🌊Región del Biobío

🍺 Caso Macarena Yévenes: el conductor ebrio es condenado a 5 años de libertad vigilada

Este viernes 29 de mayo, el Tribunal Oral en lo Penal de Concepción dictó la sentencia definitiva en la causa por el atropello fatal de la tecnóloga médica Macarena Yévenes en la autopista Concepción-Talcahuano, ocurrido el 30 de mayo de 2025. EL Tribunal impuso la pena por el delito de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte: cinco años, que el condenado cumplirá en libertad vigilada, más la inhabilitación perpetua para conducir. El tribunal tuvo en cuenta como atenuante su conducta anterior irreprochable. La familia evalúa interponer un recurso. El condenado marcó 2,26 gramos de alcohol por litro de sangre al momento del accidente.

⚡ ¿Por qué importa? La libertad vigilada es una pena sustitutiva regulada en la Ley 18.216, que permite al condenado cumplir su sanción fuera de la cárcel bajo supervisión. El art. 196 A de la Ley de Tránsito no permite, necesariamente, imponer la pena privativa de la libertad. El caso reaviva el debate parlamentario sobre elevar el techo de la pena y eliminar la posibilidad de cumplirla en libertad.

🔗 BioBioChile · T13 · La Tercera · Emol

🔪 Coronel: seis detenidos por el asesinato de una adulta mayor en la histórica Casa Schwager — cuatro son adolescentes

En la madrugada del sábado 23 de mayo, un grupo de al menos cuatro personas encapuchadas irrumpió con extrema violencia en la casona ubicada en calle Los Onas del sector Maule de Coronel —la histórica propiedad conocida como Casa Schwager— donde residía la pareja de cuidadores desde hacía 40 años. Atacaron brutalmente a la víctima y a su esposo, exigiendo dinero. La mujer falleció a consecuencia de las múltiples heridas sufridas; el botín fue de apenas $150.000 y algunas especies personales. La PDI, mediante el trabajo de la Brigada de Homicidios de Concepción y el análisis de cámaras de televigilancia, detuvo en menos de 72 horas a seis personas. La Fiscalía Regional del Biobío anunció que solicitaría las medidas cautelares de máxima intensidad legal para cada rango etario.

⚡ ¿Por qué importa? Cuatro de los seis imputados son adolescentes. La Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (Ley 20.084) contempla penas de internación en régimen cerrado para jóvenes de 14 a 17 años, autores de crímenes graves como el robo con homicidio, el delito de mayor penalidad en el Código Penal chileno.

🔗 BioBioChile · La Tribuna · T13

🔫 Excarabinero guardia de La Moneda en prisión preventiva: mató a un joven en Talcahuano tras un choque y fue dado de baja

HomicidioUso de armasCarabineros

En la madrugada del 9 de mayo, un funcionario de Carabineros que cumplía funciones de guardia en el Palacio de La Moneda —y que se encontraba de franco en Talcahuano junto a su pareja, también carabinera— protagonizó un incidente vial . Luego de que un individuo chocara su vehículo y se diera a la fuga, el uniformado lo persiguió durante cerca de 30 minutos hasta acorralarlo en una calle sin salida. Allí, disparó contra el conductor, hiriéndolo en el tórax; y falleció posteriormente en el Hospital Higueras. El lunes 25 de mayo, la PDI detuvo al exfuncionario en Santiago en cumplimiento de una orden del Juzgado de Garantía de Talcahuano. El martes 26, fue formalizado telemáticamente por homicidio simple, quedó en prisión preventiva y fue desvinculado de la institución por el general director Marcelo Araya. La familia del fallecido denuncia irregularidades en la investigación inicial y alega la alteración del lugar del suceso.

⚡ ¿Por qué importa? El uso de la fuerza letal por funcionarios policiales está regulado en Chile por el Reglamento de Carabineros y por estándares internacionales (Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza): es admisible sólo para proteger la vida propia o de terceros ante un peligro inminente. El debate sobre si concurrió esa situación es central en la investigación.

🔗 BioBioChile · T13 · 24Horas

🚨 Denuncia de violación grupal en Concepción: estudiante de la USS denuncia agresión sexual en fiesta mechona

El miércoles 27 de mayo, BioBioChile informó que una estudiante de la Universidad San Sebastián (USS), sede Concepción, denunció ante la Fiscalía haber sido víctima de una violación grupal cometida en el contexto de una fiesta de bienvenida para estudiantes de primer año (“fiesta mechona”). La Fiscalía Regional del Biobío inició las diligencias investigativas y la causa se encuentra en la etapa de investigación preliminar. Por tratarse de un proceso en curso y por el resguardo de la identidad de la denunciante, las autoridades han mantenido reserva sobre los detalles del caso. La universidad indicó que está colaborando con las instancias competentes.

⚡ ¿Por qué importa? La violación, tipificada en el art. 361 del Código Penal tiene penas de presidio mayor de 5 años y un día a 20 años. Cuando es cometida por dos o más personas (violación en grupo), el código la considera un agravante. En contextos universitarios, este tipo de casos también activa los protocolos institucionales de género obligatorios.

🔗 BioBioChile

📊 Informe revela que el Biobío es la tercera región de Chile con más causas por crimen organizado

Un informe del Ministerio Público y del Centro de Estudios de Justicia de las Américas reveló que el Biobío es la tercera región del país con el mayor número de causas vinculadas al crimen organizado, detrás de la Región Metropolitana y de Valparaíso. En la última década, las causas concluidas aumentaron un 175,6%, totalizando 46.536 salidas judiciales y no judiciales por delitos asociados a drogas, armas y violencia. El 64,8% corresponde a delitos de la Ley 20.000 (drogas), dominados por el microtráfico; el 24% a delitos de armas, con porte ilegal y disparos injustificados a la cabeza. El dato más alarmante: los archivos provisionales —cierre por falta de antecedentes— aumentaron un 264,8% y hoy representan el 33,5% de los términos a nivel nacional. Esto significa que casi un tercio de las causas se archiva sin que haya resultado para la víctima.

⚡ ¿Por qué importa? El archivo provisional (art. 167 CPP) es una salida no judicial que permite al fiscal no continuar con la investigación cuando no hay antecedentes suficientes. Su aumento sostenido refleja la brecha entre la cantidad de delitos denunciados y la capacidad real del sistema de persecución penal para resolverlos. Este dato es clave para entender por qué el concurso de Fiscal Regional del Biobío resulta estratégico para la seguridad de la región.

🔗 La Tribuna

🇨🇱Nacional

🛂 Proyecto “ingreso clandestino como delito”: vence el plazo de indicaciones y debate por quórum divide al Congreso

El miércoles 28 de mayo venció el plazo para las indicaciones del proyecto que tipifica el ingreso clandestino como delito (modificación a la Ley 21.325). Antes del cierre, la iniciativa ya arrastraba una polémica adicional: una disputa técnica sobre el quórum necesario para su aprobación. La Corte Suprema señaló en su informe que algunos artículos del proyecto tocan facultades de los tribunales de justicia, lo que implicaría que se trata de una Ley Orgánica Constitucional (LOC) y que requeriría 25 votos en el Senado. Sin embargo, la exministra del TC Marisol Peña y otros constitucionalistas sostienen que basta con la mayoría simple. La Comisión de Gobierno despachó el proyecto con informe negativo, y fue la senadora Paulina Núñez quien anunció la reserva de constitucionalidad.

⚡ ¿Por qué importa? El quórum es decisivo: si la norma es de LOC, el gobierno necesita sumar votos de la oposición, lo que podría alterar el texto. Las LOC requieren, además, el control preventivo obligatorio del Tribunal Constitucional antes de su promulgación. Una equivocación en el quórum podría hacer inconstitucional la ley.

🔗 BioBioChile · EJU.tv

📁 Ley antifiltraciones avanza en el Senado: tipifica como delito la divulgación de antecedentes secretos de investigaciones penales

La Comisión de Constitución del Senado aprobó con modificaciones el proyecto de ley “antifiltraciones”, que modifica el Código Procesal Penal y otros cuerpos legales para proteger la reserva de los antecedentes de investigaciones penales y sancionar su divulgación indebida. La iniciativa establece una escala de penalidad: la mayor sanción recaerá sobre los funcionarios públicos —incluyendo fiscales— que filtren información reservada. Crea, además, un “anexo separado y reservado” en los expedientes para los antecedentes sin interés investigativo. La iniciativa queda lista para ser votada en Sala, donde deberá resolver las tensiones con el gremio periodístico, que teme que la norma afecte el trabajo de la prensa de investigación.

⚡ ¿Por qué importa? La filtración de antecedentes penales vulnera la presunción de inocencia (art. 4 CPP) y puede contaminar la prueba o alertar a los imputados. Pero también es una herramienta de transparencia frente al poder. El proyecto intenta equilibrar ambos bienes: el secreto de la investigación y la libertad de información. La Ley de Prensa (Ley 19.733) no será modificada, según los senadores.

🔗 Senado de Chile

🌐 Santiago acoge cumbre latinoamericana sobre crimen organizado transnacional: 28 de mayo

El 28 de mayo, Santiago fue sede de la Reunión de Alto Nivel sobre Coordinación Regional frente al Crimen Organizado Transnacional, convocada por el Ministerio del Interior de Chile. Participaron ministros del Interior de varios países de América del Sur, incluido el del Perú, José Zapata Morante. La agenda incluyó el intercambio de inteligencia policial, la coordinación de operaciones contra el Tren de Aragua y otras redes criminales que operan en múltiples jurisdicciones, y la armonización de marcos legales para perseguir delitos transfronterizos. Chile, que enfrenta el avance del crimen organizado con raíces en Venezuela, Colombia y otros países, busca articular una respuesta regional coordinada.

⚡ ¿Por qué importa? El crimen organizado transnacional —como el Tren de Aragua— opera simultáneamente en varios países, lo que dificulta la persecución por parte de cada Estado por separado. La cooperación policial y judicial internacional se articula mediante tratados de asistencia mutua y convenios de extradición. Chile ha ampliado su red de estos acuerdos en los últimos años, siendo clave la adhesión a convenciones de la ONU sobre delincuencia organizada (Convención de Palermo).

🔗 El Peruano (confirmación oficial)

🏛️ La Corte Suprema valida la expulsión de migrante haitiano pese a arraigo familiar: debate sobre derechos de extranjeros

La Segunda Sala de la Corte Suprema revocó un fallo de la Corte de Apelaciones de Chillán que había acogido un recurso de amparo a favor de un ciudadano haitiano con arraigo familiar en Chile. En la causa Rol N° 19.388-2026, el máximo tribunal respaldó la Resolución Exenta N° 1415 del Servicio Nacional de Migraciones, que dispuso la expulsión del territorio nacional y la prohibición de ingreso por tres años por haber ingresado por un paso no habilitado. El imputado sostuvo que huía de la crisis política y económica de Haití. La Corte estimó que la autoridad migratoria actuó dentro de sus facultades legales, descartando ilegalidad o arbitrariedad, a pesar del arraigo familiar acreditado.

⚡ ¿Por qué importa? El arraigo familiar —tener cónyuge, hijos o vínculos estables en Chile— es una circunstancia que los tribunales ponderan al revisar las expulsiones. Sin embargo, la Corte entendió que no invalida per se la actuación administrativa. Este fallo convive con el debate legislativo sobre tipificar el ingreso clandestino como delito, lo que añade una nueva capa al análisis jurídico de los derechos de los migrantes irregulares.

🔗 Actualidad Jurídica DOE

🔍 Caso Huenchullán: la Fiscalía pone ahora su mira en el Fundo Pidenco

Según información de T13 y Ex-Ante, tras la captura del werkén Jorge Huenchullán en Temucuicui, la Fiscalía de La Araucanía abrió una nueva línea de investigación orientada al exfundo Pidenco. En julio de 2021, la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) enterró ilegalmente en ese predio los restos de Pablo Marchant, en un funeral que incluyó guardias armados y miembros de distintos grupos radicales. Carabineros y la PDI intentaron ingresar al lugar en dos oportunidades y fueron repelidos a tiros. La Fiscalía, con el impulso de la nueva estrategia de inteligencia que permitió capturar a Huenchullán, evalúa actuar en ese predio, considerado un bastión de grupos radicales en la macrozona.

⚡ ¿Por qué importa? Los predios que operan como zonas de exclusión policial, constituyen un desafío al monopolio estatal del uso de la fuerza. Cualquier ingreso deberá estar autorizado por orden judicial y ejecutarse bajo las condiciones de seguridad que garanticen la integridad del personal.

🔗 T13 / Ex-Ante

🌍Internacional

🔫 CIDH advierte a Estados Unidos: la violencia doméstica y las armas matan a mujeres que tienen órdenes de protección

El 20 de mayo, la CIDH emitió el comunicado 89/26 instando a Estados Unidos a proteger la vida de mujeres, niñas y adolescentes frente a la violencia doméstica. El organismo citó el caso del 16 de abril de 2026 en Annandale, Virginia, en el que una mujer fue asesinada a tiros por su esposo, pese a que este tenía vigente una orden judicial de alejamiento. La CIDH subrayó que la masificación de armas de fuego en EE.UU. potencia el femicidio doméstico y que las fallas en la implementación efectiva de las órdenes de protección convierten al Estado en cómplice del resultado. El organismo recordó las obligaciones de EE.UU. bajo la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la única fuente vinculante del sistema interamericano aplicable a ese país, ya que no ha ratificado la Convención Americana.

⚡ ¿Por qué importa? Estados Unidos no ha ratificado la Convención Americana, lo que limita la competencia contenciosa de la Corte IDH respecto de ese país. Sin embargo, la CIDH ejerce su supervisión a través de la Declaración Americana y puede emitir informes y recomendaciones. El caso ilustra un problema transversal: las medidas cautelares en casos de violencia doméstica son tan eficaces como su efectiva ejecución.

🔗 Sociedad Noticias · CIDH – OEA

🇨🇴 Colombia y la CPI fortalecen cooperación: la Fiscalía Internacional visita Bogotá por tercera vez

El 11 de mayo, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), encabezada por la fiscal adjunta Nazhat Shameem Khan, realizó su tercera visita oficial a Colombia. La agenda incluyó encuentros con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General de la Nación. El objetivo central fue reforzar la cooperación institucional en la investigación y la judicialización de crímenes internacionales cometidos durante el conflicto armado, bajo el principio de complementariedad: la CPI solo actúa cuando el Estado no puede o no quiere juzgar. Esta visita refuerza el compromiso de Colombia con el Estatuto de Roma y con su sistema de justicia transicional.

⚡ ¿Por qué importa? El principio de complementariedad es el corazón del Estatuto de Roma: la CPI es un tribunal de última ratio que interviene sólo cuando los sistemas nacionales fallan. La fortaleza de la JEP colombiana —un modelo de justicia transicional que combina verdad, justicia y reparación— es, en parte, lo que mantiene los casos colombianos bajo jurisdicción nacional y no ante La Haya.

🔗 Cancillería de Colombia

🗞️ La RELE publica su informe anual 2025: la libertad de expresión retrocede en las Américas bajo el peso de la desinformación y el lawfare

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la CIDH publicó el 4 de mayo su Informe Anual 2025. El documento constata que la libertad de prensa en América retrocede bajo la presión de tres vectores: la desinformación institucional, el lawfare —uso abusivo del derecho penal y civil para silenciar a periodistas— y la violencia directa contra comunicadores. El informe destaca como fenómeno preocupante el uso de demandas civiles estratégicas contra la participación pública (SLAPPs), que agotan económicamente a medios y periodistas independientes. También analiza los efectos de las leyes sobre “noticias falsas” en el debate democrático en países como Nicaragua, Venezuela y El Salvador.

⚡ ¿Por qué importa? Chile cuenta con la Ley 19.733 de Libertad de Prensa, que protege el secreto de las fuentes. Sin embargo, la tramitación de la ley antifiltraciones en el Senado —cubierta esta semana— ha generado alarma en el gremio periodístico por su posible impacto en el periodismo de investigación. El informe de la RELE ofrece los estándares internacionales con los que debe medirse cualquier regulación del secreto informativo.

🔗 CIDH – RELE

🇬🇹 Periodistas internacionales exigen al nuevo Fiscal General de Guatemala que archive las causas contra comunicadores

El 21 de mayo, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), junto con otras organizaciones de libertad de prensa, enviaron una carta al nuevo Fiscal General de Guatemala, Gabriel García Luna, exigiendo acciones concretas: archivar los procesos penales contra periodistas, garantizar el retorno seguro de comunicadores exiliados —entre ellos el fundador de elPeriódico, José Rubén Zamora, quien cumple condena en prisión— y desmantelar la estructura de persecución instaurada por su predecesora Consuelo Porras. La RELE de la CIDH calificó reiteradamente el gobierno de Porras como un caso de “instrumentalización del derecho penal” contra la prensa.

⚡ ¿Por qué importa? La independencia del Ministerio Público es la columna vertebral del Estado de derecho: cuando la persecución penal se utiliza para silenciar a periodistas, toda la sociedad pierde acceso a información veraz sobre el poder. El caso guatemalteco es una referencia para toda la región sobre los riesgos de un Ministerio Público politizado.

🔗 SIP

⚖️ Corte Suprema de Chile ejecuta el fallo de la Corte IDH en el caso Vega González: sube penas a culpables de deliitos de lesa humanidad

En cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el “Caso Vega González y otros vs. Chile —que condenó al Estado por aplicar la figura de la media prescripción para reducir condenas a agentes por delitos de lesa humanidad— la Sala Penal de la Corte Suprema dictó sentencia de cumplimiento aumentando las penas impuestas originalmente. El máximo tribunal rechazó los argumentos relativos a la vulneración de la soberanía nacional, señalando que el cumplimiento de los fallos internacionales es una obligación del Estado. No obstante, en algunos casos en los que los condenados son adultos mayores, el tribunal aplicó medidas alternativas a la reclusión conforme a la normativa penitenciaria.

⚡ ¿Por qué importa? La ejecución interna de las sentencias de la Corte IDH es una de las áreas más complejas del derecho internacional de los derechos humanos. Los fallos de la Corte son vinculantes para el Estado como unidad, pero no siempre de ejecución directa por los tribunales nacionales.

🔗 Poder Judicial de Chile · Swissinfo

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Cuando hablamos de inteligencia artificial, solemos pensar en chatbots, imágenes generadas o algoritmos de redes sociales. Pero hay otra dimensión de esta tecnología que avanza en silencio y con consecuencias jurídicas enormes: la IA que usan las policías del mundo para infiltrar, mapear y desmantelar redes de crimen organizado.

No es ciencia ficción. No es el futuro. Ya está pasando, con nombres de operaciones reales, imputados en tribunales y sentencias dictadas.

Este artículo te explica primero qué herramientas existen y luego te cuenta los casos más impactantes donde esa tecnología llegó hasta el estrado judicial.

PARTE I: El arsenal tecnológico

1. Palantir Gotham — el cerebro que lo conecta todo

Si hay una empresa que encarna la fusión entre inteligencia militar e investigación criminal, esa es Palantir. Fundada con capital inicial de la CIA, su sistema Gotham es utilizado por el FBI, el NYPD, el LAPD y la agencia de inmigración ICE en Estados Unidos.

¿Qué hace exactamente? Conecta puntos que nadie más puede conectar. Integra registros de llamadas, actividad financiera, redes sociales, datos de vigilancia y antecedentes penales en un único mapa visual. En asociación con el FBI, Palantir desarrolló herramientas que detectan anomalías en los flujos de comunicación y visualizan estructuras completas de redes criminales. Eso fue decisivo para desmantelar varios sindicatos de cibercrimen.

Más recientemente, desde 2018, el servicio de investigación criminal del IRS de EE.UU. usa la plataforma de Palantir para rastrear el lavado de dinero, el fraude tributario y los flujos de criptomonedas ilícitas, analizando millones de registros de distintas bases de datos federales simultáneamente.

2. Clearview AI — reconocimiento facial a escala planetaria

Clearview AI raspó más de 3.000 millones de rostros de fuentes públicas de internet, Facebook, YouTube, Google Images, registros de arrestos, sin el consentimiento de las personas retratadas. Con esa base de datos, construyó un motor de reconocimiento facial que hoy usan más de 3.000 departamentos policiales en EE.UU., además del FBI, el ICE y el Servicio Secreto.

La potencia real de Clearview no está solo en identificar una cara: al hacer coincidir un rostro, el sistema accede automáticamente a un perfil conductual completo, que incluye arrestos previos, afiliaciones a pandillas conocidas y patrones de desplazamiento.

El uso de esta herramienta, sin embargo, es profundamente controvertido. El Innocence Project documentó al menos siete arrestos erróneos derivados de reconocimiento facial, seis de los cuales involucraron a personas negras. Un caso emblemático de tecnología poderosa con garantías procesales insuficientes.

3. PredPol / Geolitica y ShotSpotter — la policía antes del crimen

Estas plataformas aplican el aprendizaje automático a datos históricos de criminalidad para predecir dónde es más probable que ocurra un delito. El LAPD las ha utilizado para anticipar zonas de riesgo y desplegar patrullas de manera preventiva. Pero descontinuó su uso, en abril de 2020, entre otras razones porque una auditoría de la Inspección General determinó que era muy difícil medir si realmente ayudaba a reducir la criminalidad.

La lógica es estadística: si en el último año ocurrieron múltiples robos en cierta esquina los viernes por la noche, el algoritmo lo detecta y emite una alerta. En zonas donde se implementó, algunos estudios reportan reducciones de hasta un 25% en los delitos callejeros.

El problema, ampliamente documentado, es que estas herramientas pueden perpetuar sesgos raciales: si los datos históricos reflejan una vigilancia desproporcionada de ciertas comunidades, el algoritmo simplemente reproduce y amplifica esa injusticia.

4. Cellebrite Pathfinder — la forense del siglo XXI

Cuando la policía incauta un teléfono, ya no le toma semanas extraer la información relevante. Cellebrite Pathfinder usa IA para analizar en horas lo que antes tomaba meses: mensajes, ubicaciones, fotos, correos, redes sociales y llamadas, cruzando automáticamente los datos con los de otros dispositivos del caso.

Esta herramienta fue clave en un caso de tiroteo masivo en Michigan en 2021: antes del juicio de 2024, el equipo fiscal usó Pathfinder para reconstruir la línea de tiempo de los hechos y demostrar qué sabían y cuándo lo sabían los padres del agresor. Sin IA, ese vínculo probablemente no habría sido establecido con la precisión que el jurado requería.

5. Análisis de criptomonedas con IA — seguir el dinero invisible

El dinero ilícito ya no viaja solo en maletines. Hoy circula en Bitcoin, Monero y docenas de otras criptomonedas a través de mixers, billeteras anónimas y exchanges poco regulados. Las policías respondieron con herramientas de IA especializadas para rastrear transacciones en blockchain, detectar patrones de lavado y identificar el momento en que el dinero ilegal entra al sistema financiero formal.

Empresas como TRM Labs y plataformas integradas en JCODE, el equipo conjunto del FBI contra opioides y crimen en la dark web, han transformado esta capacidad en el arma más efectiva contra el narcotráfico digital. El dinero siempre deja rastro, ahora la IA lo encuentra.

6. Análisis masivo de mensajes cifrados — cuando el secreto se rompe

Esta es quizás la categoría más disruptiva de todas. Cuando las policías europeas lograron infiltrar plataformas de comunicación cifrada creadas por criminales para criminales, el desafío fue descomunal: millones de mensajes en decenas de idiomas esperaban ser procesados.

La solución fue la inteligencia artificial. Sistemas de procesamiento de lenguaje natural capaces de leer, clasificar y vincular automáticamente conversaciones en 33 idiomas distintos, identificando patrones, jerarquías organizacionales y la planificación de delitos. Lo que sigue en la Parte II es el resultado de esa capacidad.

PARTE II: Cuando la tecnología llegó a tribunales

Caso 1 — La caída de EncroChat y Sky ECC: el mayor golpe al crimen organizado europeo

Imagina una empresa que fabrica teléfonos especiales, sin GPS, sin cámara, sin posibilidad de instalar aplicaciones externas, con una tecla que borra todo el contenido de un solo toque. EncroChat vendía esos dispositivos a 1.000 € la unidad, más una suscripción de 1.700 € por 6 meses. Sus únicos clientes eran criminales.

En 2020, las policías de Francia y los Países Bajos infiltraron silenciosamente los servidores de EncroChat durante meses. Interceptaron y analizaron millones de mensajes de más de 60.000 usuarios activos en toda Europa, narcotraficantes, traficantes de armas, lavadores de dinero, asesinos a sueldo. La IA procesó ese torrente de datos, clasificó las conversaciones y trazó redes completas de organizaciones criminales.

El resultado inmediato fue devastador para el crimen organizado: más de 746 arrestos solo en el Reino Unido, la incautación de más de 2 toneladas de drogas ilegales, decenas de millones de euros en efectivo y la destrucción de 19 laboratorios de drogas. En los Países Bajos, más de 100 detenidos. En Francia, Suecia y Noruega, decenas más.

Muchos criminales, al enterarse de la caída de EncroChat, migraron a Sky ECC, otra plataforma cifrada. En 2021, las policías de Bélgica, Francia y los Países Bajos la infiltraron también, monitoreando el flujo de aproximadamente 70.000 usuarios durante semanas.

El resultado judicial más emblemático llegó en octubre de 2024: el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas condenó a 119 personas en el llamado “Juicio Encro”, uno de los más grandes en la historia de Europa, tras 16 meses de audiencias que incluyeron narcotraficantes, traficantes de armas y hasta un inspector de la policía de Bruselas que filtraba información a los criminales.

Nota procesal importante: la admisibilidad de la evidencia obtenida mediante estas infiltraciones masivas es actualmente uno de los debates más álgidos en los sistemas penales europeos. Defensores han cuestionado si la “vigilancia masiva” de plataformas enteras, que incluye a usuarios que podrían no ser criminales, es compatible con el Estado de Derecho.

Caso 2 — La ‘Ndrangheta desarticulada: 2.700 policías, 132 detenidos

La ‘Ndrangheta es considerada la organización criminal más poderosa de Europa. Nacida en Calabria, Italia, tiene tentáculos en el narcotráfico global, la extorsión, el lavado de dinero y la infiltración en la economía legal.

El 3 de mayo de 2023 ocurrió algo sin precedentes. Más de 2.700 policías realizaron simultáneamente redadas coordinadas en múltiples países europeos. El resultado: 132 detenidos, empresas y propiedades incautadas y el desmantelamiento de la red de narcotráfico de cocaína más grande del continente.

La investigación había sido posible gracias, entre otros elementos, al análisis de comunicaciones cifradas en EncroChat y Sky ECC. Europol y Eurojust coordinaron equipos conjuntos de investigación, y la IA procesó un volumen de datos que ningún equipo humano habría podido analizar en tiempo útil.

Entre los detenidos, figuras que llevaban años prófugas: Edgardo Greco, fugitivo de la ‘Ndrangheta durante casi 17 años y condenado a cadena perpetua por un doble homicidio de 1991; y Rocco Morabito, uno de los narcotraficantes más buscados de Europa.

Caso 3 — Operación RapTOR: la dark web ya no es un refugio seguro

La dark web siempre se vendió como un territorio inexpugnable: anonimato garantizado por la red Tor, pagos en criptomonedas imposibles de rastrear, vendedores y compradores que nunca se ven las caras. La Operación RapTOR demostró que era un mito.

Liderada por el FBI a través de su equipo JCODE, Aplicación Conjunta contra Opioides y Crimen en la Dark Web, y con la coordinación de Europol, la operación utilizó herramientas de IA para rastrear transacciones en la blockchain, identificar patrones de comportamiento de los usuarios y cruzar inteligencia de cuatro continentes simultáneamente. Los resultados anunciados en mayo de 2025 fueron históricos:

● 270 arrestos en EE.UU., Austria, Brasil, Francia, Alemania, Países Bajos, Corea del Sur, España, Suiza y Reino Unido

● Más de 200 millones de dólares en moneda y activos digitales incautados

● Más de 2 toneladas métricas de drogas

● 144 kilogramos de fentanilo o narcóticos adulterados con fentanilo

● Más de 180 armas de fuego

Las condenas ya comenzaron. En California, dos hombres recibieron 17 y 15 años de prisión por vender pastillas adulteradas con fentanilo a más de 1.000 clientes en los 50 estados de EE.UU. En Nueva York, Rui-Siang Lin, conocido como “Pharoah”, se declaró culpable de narcotráfico, lavado de dinero y venta de medicamentos adulterados: había operado Incognito Market, una plataforma que entre 2020 y 2024 movió más de 100 millones de dólares en transacciones de drogas.

La clave tecnológica del caso, según los propios investigadores, fue identificar el momento en que las criptomonedas entraban en el sistema financiero formal: ahí la IA encontraba el nombre real detrás del alias.

Caso 4 — Operación Borrelli: 540 millones de dólares en fraude cripto desmantelado

En junio de 2025, la Guardia Civil española, con el apoyo de Europol y de policías de Estonia, Francia y EE.UU., anunció el desmantelamiento de una red criminal que había defraudado a más de 5.000 víctimas en todo el mundo por 460 millones de euros, alrededor de 540 millones de dólares, mediante plataformas falsas de inversión en criptomonedas.

La investigación, iniciada en 2023, se basó en el análisis de flujos financieros con IA: la tecnología identificó patrones de movimiento de fondos a través de múltiples jurisdicciones, exchanges y billeteras digitales que habrían sido imposibles de seguir manualmente.

Cinco personas fueron arrestadas, tres en las Islas Canarias y dos en Madrid, en junio de 2025.

Caso 5 — Matrix caída: 2,3 millones de mensajes en 33 idiomas

En diciembre de 2024, policías de los Países Bajos, Francia, Lituania, Italia y España anunciaron el desmantelamiento de Matrix, otra plataforma de comunicación cifrada utilizada exclusivamente por criminales. Solo se podía acceder por invitación y una suscripción de seis meses costaba entre €1.300 y €1.600.

Las autoridades monitorearon el servicio durante tres meses y, con ayuda de herramientas de IA, descifraron más de 2,3 millones de mensajes en 33 idiomas. Los mensajes, dijo Europol, estaban vinculados al narcotráfico internacional, al tráfico de armas y al lavado de dinero. Se incautaron €145.000 en efectivo y medio millón de euros en criptomonedas.

Para cerrar: la IA como arma de doble filo

Algo fundamental que no puede obviarse en este panorama: la misma IA que usa la policía la usa también el crimen organizado.

Europol advirtió en su informe de 2025 que la inteligencia artificial está “turboalimentando” el crimen organizado: deepfakes para extorsión, clonación de voz para estafas, automatización de ataques de phishing en múltiples idiomas, lavado de dinero mediante activos digitales. El informe revela que hoy solo se logra confiscar alrededor del 2% de los ingresos ilícitos globales, cifra que evidencia cuánto queda por hacer.

Nos encontramos, en palabras de Europol, en una “carrera armamentista digital” en la que el Estado de Derecho compite contra organizaciones con acceso a capital, tecnología y talento de primer nivel.

Las preguntas jurídicas que todo esto plantea son enormes: ¿Puede una condena penal basarse en evidencia procesada por un algoritmo que nadie puede auditar? ¿Es legítima la vigilancia masiva de plataformas enteras para atrapar a algunos de sus usuarios? ¿Qué pasa cuando la IA se equivoca y un inocente termina detenido?

Esas preguntas son las que los sistemas penales del mundo, incluido el chileno, tendrán que responder en los próximos años.

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Ficha de la sentencia

• Tribunal: Corte Suprema, Segunda Sala

• Rol: N° 37.085-2025

• Fecha: 18 de mayo de 2026

• RUC/RIT de origen: 2210027266-4 / RIT 19-2024

• Tribunal de origen: Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Villarrica

• Acción: recurso de nulidad interpuesto por la defensa del condenado

• Resultado: Se rechaza el recurso de nulidad en todos sus extremos; la condena queda firme

• Integración: ministros Valderrama, Gajardo, Zepeda, y abogados integrantes Urquieta y Gandulfo

El caso

El 4 de junio de 2022, M.E.B.M. fue alertado de que varios sujetos habían ingresado a su propiedad en la comuna de Villarrica y habían causado destrozos. Tomó un arma de fuego —un revólver calibre .38 entregado por su cuidador en el camino—, se dirigió al predio, derribó el portón de acceso con su camioneta, descendió del vehículo armado y, tras una breve discusión con la víctima E.U.A.M., quien sostenía un hacha a unos 10 metros de distancia, le disparó en la zona torácica causándole la muerte.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Villarrica condenó a M.E.B.M. el 19 de agosto de 2025 a cinco años de presidio menor en su grado máximo como autor de homicidio simple (artículo 391 N° 2 del Código Penal). La defensa interpuso un recurso de nulidad ante la Corte Suprema.

Las preguntas jurídicas

La defensa articuló cuatro causales de nulidad:

1. Principal: errónea aplicación del artículo 10, N° 4, del Código Penal — ¿Concurrió legítima defensa?

2. Primera subsidiaria: vulneración del principio de congruencia (art. 373 a) CPP, por incluir en la sentencia circunstancias relativas a la titularidad del inmueble que no fueron debatidas en juicio.

3. Segunda subsidiaria: omisión en la valoración de la prueba (art. 374, e), en relación con el art. 297 CPP, por no considerar el contexto de violencia rural en la Araucanía y el estado de excepción vigente en mayo de 2022.

4. Tercera subsidiaria: errónea aplicación del artículo 68 del Código Penal en la determinación de la pena.

Énfasis: La legítima defensa y su rechazo

¿Qué alegó la defensa? Que M.E.B.M. actuó amparado en la eximente del artículo 10 N° 4 del Código Penal, pues repelió una agresión ilegítima: E.U.A.M. se habría abalanzado sobre él portando un hacha. Argumentó que el tribunal de origen analizó el ingreso violento al predio de forma aislada del momento del disparo, sin considerar el contexto global, que incluía la violencia rural, el estado de excepción constitucional en la macrozona sur y las medidas de protección que ya tenía el predio.

¿Qué estableció el tribunal de origen y ratificó la Corte Suprema?

La eximente de legítima defensa exige tres requisitos concurrentes:

1. Agresión ilegítima (actual o inminente)

2. Falta de provocación suficiente por parte de quien se defiende

3. Necesidad racional del medio empleado

El tribunal de juicio oral desestimó la eximente porque no se acreditó que E.U.A.M. hubiera embestido con el hacha a M.E.B.M. Por el contrario, los hechos establecidos mostraron que fue M.E.B.M. quien:

• Se dirigió armado al predio preguntando por la cantidad de municiones disponibles

• Derrumbó el portón de ingreso a gran velocidad

• Descendió del vehículo con el arma en la mano

• Inició una breve discusión y disparó, sin que E.U.A.M. lo agrediera

• Luego apuntó a un tercero que intentaba socorrer a la víctima

La Corte Suprema confirmó que esos hechos son inamovibles en sede de nulidad y que la propia defensa había definido en juicio que la agresión ilegítima consistía en el ataque con el hacha, circunstancia que simplemente no resultó probada.

El análisis sobre la ocupación ilegal del predio como agresión alternativa

La Corte Suprema examinó si la ocupación ilegal del inmueble podría constituir, por sí sola, una agresión ilegítima. Su conclusión fue negativa: incluso aceptando ese supuesto, la respuesta de M.E.B.M. —disparar directamente al pecho de uno de los ocupantes— carece de toda proporcionalidad, ya que su vida no corrió peligro. Repeler una ocupación de predio mediante un disparo letal constituye una reacción injustificada y desproporcionada que impide configurar la eximente.

¿Y si se reconociera una legítima defensa incompleta?

La Corte señaló que, aun si se reconociera una legítima defensa incompleta como circunstancia atenuante, ello no habría cambiado la pena impuesta: el artículo 68 del Código Penal igualmente habría permitido al tribunal cuantificar legalmente la sanción dentro del mismo tramo aplicado.

Las causales subsidiarias

Principio de congruencia: rechazado. La discordancia alegada recaía únicamente en circunstancias periféricas del hecho ilícito, sin alterar el núcleo fáctico de la acusación. Además, la defensa no demostró que esas circunstancias incidieran en la decisión de condena.

Omisión de la valoración de la prueba: rechazada. El fallo sí ponderó el contexto de la Araucanía, las medidas de protección del predio y los conflictos previos. La defensa, en realidad, postulaba una valoración distinta de la prueba, lo cual no configura esta causal.

Error en la determinación de la pena: rechazado. Aunque la Corte reconoció que el artículo 68 —y no el 67— era la norma aplicable, ello careció de trascendencia, pues la rebaja de dos grados realizada por el tribunal de origen es perfectamente compatible con dicha norma.

Por qué importa

1. Límites de la legítima defensa en contextos de conflicto territorial. La Corte no ignora el contexto de violencia rural en la Araucanía, pero deja en claro que dicho contexto no exime de los requisitos legales de la eximente. La agresión ilegítima debe ser actual o inminente y estar acreditada; el miedo anticipado o el ambiente de inseguridad no la sustituye.

2. La proporcionalidad como requisito infranqueable. Incluso cuando existe una ocupación ilegal de un predio —conducta que el propio tribunal calificó como no amparada por el derecho—, la respuesta letal resulta desproporcionada si el bien jurídico amenazado no es la vida o la integridad física del defensor. El fallo refuerza la idea de que la legítima defensa no autoriza la autotutela violenta sobre bienes puramente patrimoniales.

3. Los límites del recurso de nulidad. La sentencia reitera que los hechos establecidos por el tribunal de juicio oral son inamovibles en esta sede. La defensa no puede, mediante una causal de infracción de ley, pretender una nueva valoración probatoria que conduzca a un resultado distinto.

Una semana cargada de señales para el sistema de justicia chileno y el internacional. En el Biobío, la Corte de Apelaciones de Concepción abrió el concurso para elegir al próximo Fiscal Regional, mientras que los tribunales dictaron un veredicto muy debatido en el caso Macarena Yévenes y la “Operación Tridente” capturó al prófugo Jorge Huenchullán en Temucuicui, dejando a la Fiscalía Regional en alerta por posibles represalias. A nivel nacional, el Senado avanzó en la reforma de la Ley Antiterrorista y la presidenta de la Corte Suprema puso en marcha un plan para reducir los tiempos de dictación de sentencias. En el plano internacional, la CIJ emitió dos opiniones históricas —sobre el derecho a huelga y el cambio climático— mientras la CIDH presionó por la liberación de presos políticos en Venezuela y saludó el cambio en la Fiscalía de Guatemala.

🌊Región del Biobío

🔎 Se abre el concurso para elegir al próximo Fiscal Regional del Biobío: ¿quién sucederá a Marcela Cartagena?

El 15 de mayo, la Corte de Apelaciones de Concepción publicó el edicto que da inicio oficial al concurso público para proveer el cargo de Fiscal Regional del Biobío, vacante a partir del 2 de agosto próximo, cuando expira el período de funciones de Marcela Cartagena Ramos. Los postulantes tienen 10 días corridos, contados desde la última publicación del edicto, para presentar su oposición por escrito, acreditando que cumplen los requisitos del artículo 31 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (Ley 19.640).

El plazo para presentar candidaturas vence el 25 de mayo. Con los antecedentes, la Corte de Apelaciones elaborará una terna de tres candidatos, de la cual el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, nombrará al nuevo jefe del Ministerio Público en el Biobío.

⚡ ¿Por qué importa? El Fiscal Regional es la máxima autoridad del Ministerio Público en la región y define la política de persecución penal. Quien ocupe el cargo heredará una institución que enfrenta desafíos mayúsculos: crimen organizado transnacional, conflicto en la macrozona sur y casos de alta complejidad. El proceso de selección está regulado en los artículos 29 a 34 de la Ley 19.640 y supone un escrutinio riguroso de los méritos y la idoneidad.

🔗 BioBioChile · Apertura del concurso · Alerta Noticias Temuco

🚗 Caso Macarena Yévenes: condena por manejo en ebriedad con resultado de muerte, pero el tribunal descarta el homicidio

El martes 19 de mayo, el Tribunal Oral en lo Penal de Concepción declaró culpable a Oliver Rodrigo Contreras Ramírez —ex funcionario de la Municipalidad de Talcahuano— por el delito de manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte, tras la fatal colisión que costó la vida a la tecnóloga médica Macarena Yévenes en la autopista Concepción-Talcahuano el 30 de mayo de 2025.

El tribunal rechazó el cargo de homicidio simple con dolo eventual que impulsaban los querellantes , lo que reduce significativamente la pena. La Fiscalía solicitó de 5 a 10 años de cárcel efectiva y la suspensión perpetua de la licencia; la defensa pidió 3 años y un día de presidio con libertad vigilada, y los querellantes reclamaban 15 años de presidio. La sentencia definitiva se dictará el 29 de mayo. La familia, dolida, teme que el condenado cumpla su pena en libertad.

⚡ ¿Por qué importa? El dolo eventual supone que el conductor se representó el riesgo de matar y actuó de todas formas; la Ley Emilia (Ley 20.770) tipifica el manejo en ebriedad con resultado de muerte como delito independiente con penas de hasta 5 años. La diferencia es enorme en términos de penalidad. Este caso reabre el debate sobre si la legislación vigente es lo suficientemente disuasoria frente a las muertes causadas por conductores en estado de ebriedad.

🔗 BioBioChile · 24Horas · Canal 9

🚁 “Operación Tridente”: capturan a Jorge Huenchullán en Temucuicui tras cinco años prófugo — Fiscalía del Biobío en alerta

En la madrugada del martes 19 de mayo, una operación conjunta de la PDI, Carabineros y el Ejército, denominada “Operación Tridente”, liderada por el Fiscal Regional de la Araucanía, Roberto Garrido Bedwell, capturó a Jorge Huenchullán Cayul, vocero y werkén de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, prófugo desde 2021 cuando incumplió la prisión preventiva decretada por el Juzgado de Garantía de Collipulli.

Fue extraído en helicóptero desde su domicilio, tras disparos en el lugar, sin heridos. El imputado, ya formalmente acusado, arriesga penas que suman más de 18 años de cárcel por tráfico de drogas (10 años y un día), tenencia ilegal de arma de fuego prohibida (5 años) y tenencia ilegal de municiones (3 años).

La Fiscalía Regional del Biobío, bajo la conducción de Marcela Cartagena, declaró estar en estado de “alerta” tras un atentado incendiario en Contulmo y ante posibles represalias en la zona. El lienzo hallado en el lugar contenía amenazas dirigidas a un general de Carabineros y referencias al juicio del caso Grollmus.

⚡ ¿Por qué importa? La captura de un imputado prófugo desde hace cinco años, mediante una orden de entrada y registro autorizada judicialmente, reafirma el rol del Ministerio Público y la obligación de los tribunales de velar por el cumplimiento de las medidas cautelares. Los atentados posteriores ilustran el fenómeno del “delito de respuesta”, que la Fiscalía del Biobío deberá investigar en el marco de la nueva Ley Antiterrorista.

🔗 BioBioChile · La Tercera · La Tribuna

🔥 Atentado incendiario en Contulmo activa alerta en Arauco: lienzo amenaza a general y alude al caso Grollmus

Durante la semana, se registró un atentado incendiario en la comuna de Contulmo, provincia de Arauco, en el que se quemó maquinaria forestal. En el lugar se encontró un lienzo con mensajes que incluían amenazas directas al general de Carabineros Cristián Masilla, uno de los jefes de la Zona de Control de Orden Público, y referencias al próximo juicio oral del caso Grollmus, cuya audiencia está programada para el mes siguiente.

El delegado presidencial del Biobío, Julio Anativia, no descartó que el ataque responda a una rearticulación de grupos radicales en la zona. Como medida inmediata, la Fiscalía activó la protección para el general Masilla. Días después, la Resistencia Mapuche Malleco (RMM) reivindicó un atentado en Curacautín, lo que desencadenó hechos en la macrozona.

⚡ ¿Por qué importa? Las amenazas a funcionarios públicos y las quemas de maquinaria pueden ser investigadas mediante el Código Penal, en sus figuras de amenazas y daños, o, eventualmente, bajo la nueva Ley Antiterrorista, si concurren los elementos de la asociación terrorista. La protección de testigos y víctimas en casos de alta connotación está regulada por la Ley 20.253.

🔥 Caso Coelcha: la defensa pide nuevas diligencias para redirigir la responsabilidad por los incendios de 2023 que mataron a 17 personas hacia el Estado

Esta semana se conoció que la defensa de los dos funcionarios de la Cooperativa Eléctrica Charrúa (Coelcha) —imputados por los incendios forestales de Santa Ana (2023), que arrasaron más de 70.000 hectáreas en las comunas de Nacimiento y Santa Juana dejando 17 víctimas fatales y decenas de heridos— solicitó al Juzgado de Garantía de Nacimiento que se amplíe el plazo de investigación hasta julio de 2026, absteniéndose de pedir el cierre, precisamente para ejecutar nuevas diligencias que permitan refutar la tesis del Ministerio Público.

Entre las pesquisas solicitadas figuran un informe de Conaf sobre fiscalizaciones y cortafuegos en los bosques aledaños a Lirquén, la existencia de protocolos de evacuación y la activación de la alerta SAE. La estrategia defensiva apunta a demostrar que el origen del siniestro podría asimilarse al de los incendios de Penco de enero de 2026, trasladando parte de la responsabilidad al Estado.

⚡ ¿Por qué importa? El cuasidelito de homicidio (art. 490 del Código Penal) sanciona la muerte causada por imprudencia o negligencia grave. En este caso, la tesis fiscal señala la falta de mantenimiento de la faja de seguridad del tendido eléctrico como causa directa del incendio. La estrategia defensiva de “redirigir” la responsabilidad hacia el Estado es un recurso procesal legítimo que busca acreditar concurrencia de culpas o causalidad distinta, lo que podría influir tanto en la condena penal como en la reparación civil a las familias. Este caso también es un precedente relevante para los procesos que podrían surgir a raíz de los incendios de enero de 2026 en Penco y Lirquén.

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🇨🇱Nacional

💣 Avanza la nueva Ley Antiterrorista: Comisión de Constitución del Senado analiza 42 indicaciones

La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado inició el estudio en particular de la reforma a la Ley Antiterrorista y de modificaciones en materia de flagrancia, tras recibir 42 indicaciones de senadores de distintas bancadas. La iniciativa deroga la actual Ley 18.314 y crea un nuevo capítulo en el Código Penal, introduciendo el concepto de asociación terrorista y estableciendo elementos objetivos de prueba —en lugar del difuso requisito del “ánimo terrorista”— para facilitar las condenas.

Sanciona con presidio mayor en su grado mínimo (de 5 años y un día a 10 años) la mera pertenencia a una asociación terrorista, con penas agravadas para reclutadores, financistas y jefes. Incorpora, además, técnicas de investigación especializadas y medidas de protección para los testigos. Si la comisión despachaba el proyecto a Sala, se convocaría una sesión especial este jueves 2 de mayo.

⚡ ¿Por qué importa? La Ley Antiterrorista vigente ha sido criticada históricamente por su vaguedad. La nueva normativa busca una definición más objetiva y moderna del terrorismo, alineada con estándares internacionales (España, Alemania) y con el derecho penal del enemigo basado en la organización criminal.

🔗 Senado de Chile · Poder Judicial (texto ley)

🛂 Senado aprueba tipificar como delito el ingreso clandestino: debate jurídico divide a expertos y parlamentarios

Por 24 votos a favor y 20 en contra, el Senado aprobó en general la modificación a la Ley 21.325 de Migración y Extranjería, tipificando el ingreso clandestino al país como delito sancionado con presidio menor en su grado mínimo (61 a 540 días) más multa de 5 a 10 UTM. El plazo para las indicaciones vence el 28 de mayo. El Ejecutivo lo defiende como señal disuasoria; la senadora Provoste (DC) anunció la reserva de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. La Corte Suprema, el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública advirtieron que podría producir el efecto contrario: retener a quienes se pretende expulsar. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, subrayó su función como “barrera psicológica”.

⚡ ¿Por qué importa? Transformar una infracción administrativa en delito tiene consecuencias profundas: activa el sistema procesal penal, exige imputar, formalizar y, eventualmente, encarcelar, lo que satura el sistema. La reserva de constitucionalidad es un mecanismo formal que permite impugnar la norma ante el TC, ya sea antes o después de su promulgación.

🔗 Senado de Chile · La Tercera

📋 Presidenta de la Corte Suprema lanza plan nacional para reducir los tiempos de dictación de sentencias

El 22 de mayo, la presidenta de la Corte Suprema, ministra Gloria Ana Chevesich, encabezó una reunión con los presidentes y administradores de todas las Cortes de Apelaciones del país para reforzar el plan nacional para mejorar la “oportunidad” en el dictado de sentencias, apoyado en el tablero digital de desempeño denominado “Quantum”.

Chevesich enfatizó que la eficiencia procesal debe equilibrarse con el cuidado de la salud y el bienestar de los funcionarios judiciales, rechazando una visión puramente productivista. La instancia permitió que las cortes regionales plantearan sus necesidades y observaciones respecto del sistema de medición.

⚡ ¿Por qué importa? El derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable es una garantía fundamental reconocida en el artículo 19 N° 3 de la Constitución y en el artículo 8.1 de la Convención Americana. La acumulación de causas no resueltas es una de las principales barreras de acceso a la justicia.

🔗 Poder Judicial de Chile

💰 Reforma de pensiones en marcha: el Seguro de Lagunas comienza a operar desde mayo 2026

En mayo de 2026 entró en vigencia el Seguro de Lagunas, uno de los mecanismos centrales de la reforma previsional aprobada por el Senado (40 votos a favor, 7 en contra) y por la Cámara en enero de este año. El seguro beneficia automáticamente a las personas que reciben el Seguro de Cesantía, realizando aportes a su cuenta de AFP durante los períodos de cesantía, sin necesidad de trámites. En septiembre comenzará el reajuste de la Pensión Garantizada Universal (PGU) para el primer grupo de beneficiarios: pensionados de 75 años o más. La reforma crea un sistema mixto de pensiones con un seguro social, fondos generacionales en reemplazo de los multifondos y mejoras en la PGU, que pasa a $250.000.

⚡ ¿Por qué importa? La reforma modifica estructuralmente el sistema de capitalización individual instaurado en 1981. La incorporación de un seguro social con cotización de cargo del empleador —por primera vez en 43 años— cambia el paradigma del sistema previsional chileno. Las “lagunas previsionales” afectan especialmente a trabajadores informales y temporales, con un impacto diferenciado en las mujeres.

🔗 Subsecretaría de Previsión Social

⚖️ Proyecto transversal: juicios en ausencia del imputado para desarticular el crimen organizado

Senadores de distintas bancadas —Paulina Núñez (RN), Iván Flores (DC), Carlos Kuschel (RN), Iván Moreira (UDI) y Gastón Saavedra (PS)— presentaron un proyecto que modifica el Código Procesal Penal para fortalecer la persecución del crimen organizado, habilitando excepcionalmente el juicio oral en ausencia del imputado bajo estrictos requisitos, con derecho garantizado a una nueva audiencia si comparece posteriormente. La iniciativa, que surgió en parte como respuesta a la acción del Tren de Aragua en Chile, propone también una definición legal acotada de “crimen organizado” y reglas especiales de valoración de la prueba para acreditar estructuras criminales complejas sin sacrificar el estándar de inocencia.

⚡ ¿Por qué importa? El juicio en ausencia es ajeno a la tradición procesal chilena, pues vulnera el derecho del imputado a estar presente en su juicio (art. 8 CPP). Incorporarlo requiere un diseño cuidadoso para no comprometer el art. 8 de la Convención Americana, que obliga a garantizar el derecho de defensa material. La propuesta busca equilibrar ambos bienes jurídicos mediante salvaguardas procesales.

🔗 BioBioChile

🌍Internacional

✊ La CIJ declara que el derecho a la huelga es parte del Convenio 87 de la OIT: fallo histórico con impacto global

El 21 de mayo, la Corte Internacional de Justicia de La Haya emitió una opinión consultiva por 10 votos contra 4, declarando que el derecho de huelga está protegido por el Convenio 87 de la OIT sobre Libertad Sindical (1948). El presidente de la CIJ, Yuji Iwasawa, afirmó que el derecho de huelga de las personas trabajadoras y de sus organizaciones está amparado por dicho convenio. La consulta fue impulsada por el Consejo de Administración de la OIT en 2023 para resolver una disputa que había paralizado sus mecanismos de supervisión desde 2012, cuando los empleadores cuestionaron dicha interpretación. Si bien la opinión no es jurídicamente vinculante, tiene un enorme peso en la interpretación del derecho internacional del trabajo. En Chile, el fallo reabre la discusión sobre los límites al derecho a la huelga en los servicios esenciales impuestos por la última reforma laboral.

⚡ ¿Por qué importa? Las opiniones consultivas de la CIJ se convierten en una referencia obligatoria para los tribunales nacionales e internacionales. En países donde el derecho a la huelga ha sido restringido por la legislación —incluidos Chile y Argentina—, esta declaración puede ser invocada en litigios laborales y constitucionales para cuestionar esas restricciones.

🔗 IPS Noticias · Infobae

🌱 La ONU convierte en hoja de ruta el fallo climático de la CIJ: 141 países votan que el cambio climático es un deber jurídico

El 20 de mayo, la Asamblea General de la ONU aprobó con 141 votos a favor —y 8 en contra, entre ellos EE.UU., Rusia y Arabia Saudita— una resolución impulsada por Vanuatu que respalda la opinión consultiva emitida por la CIJ en julio de 2025. Ese dictamen —adoptado por unanimidad— estableció que los Estados tienen obligaciones legales de proteger el sistema climático y que su incumplimiento puede constituir un “acto internacionalmente ilícito” que genera responsabilidad y la obligación de reparar. Aunque la resolución no es vinculante, convierte las conclusiones del tribunal en una hoja de ruta política para la rendición de cuentas climática global y fortalece el argumento en los litigios climáticos que proliferan en tribunales de todo el mundo.

⚡ ¿Por qué importa? La responsabilidad internacional de los Estados por el daño climático es una frontera en expansión del derecho internacional público. Para Chile —país altamente vulnerable a la crisis hídrica y a los incendios forestales— esta resolución puede convertirse en argumento en demandas ciudadanas contra el Estado por omisión en políticas climáticas.

🔗 Amnistía Internacional · Emol

🔓 CIDH exige la liberación inmediata de 454 presos políticos en Venezuela: la Ley de Amnistía no basta

El 15 de mayo, la CIDH emitió un extenso comunicado exigiendo la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas por motivos políticos en Venezuela. Según datos de la sociedad civil, hasta abril de 2026 permanecen 454 personas privadas de libertad por razones políticas, de las cuales al menos 18 habrían fallecido bajo custodia del Estado. La CIDH cuestionó la Ley de Amnistía del 19 de febrero de 2026: el gobierno asegura que benefició a más de 8.000 personas, pero la sociedad civil registra apenas 186 con libertad plena y 554 con medidas cautelares restrictivas. El organismo denunció también la desaparición forzada, la tortura, la incomunicación y la negación de atención médica. La Comisión advirtió que “la libertad vigilada no es libertad” e instó a fijar una fecha para elecciones libres.

⚡ ¿Por qué importa? El uso de la prisión preventiva como mecanismo de represión política vulnera el art. 7 de la Convención Americana. Las liberaciones parciales con condiciones restrictivas mantienen el control político sobre los liberados y no cumplen con las obligaciones internacionales del Estado venezolano. La CIDH es el organismo de monitoreo del sistema interamericano, el escalón previo a la Corte IDH.

🔗 Foro Penal · Efecto Cocuyo

🇬🇹 Guatemala estrena Fiscal General: la CIDH ve una oportunidad para restituir la independencia del Ministerio Público

El 6 de mayo, el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo nombró a Gabriel Estuardo García Luna como nuevo Fiscal General y Jefe del Ministerio Público para el período 2026-2030. García Luna —doctor en Derecho y magíster en Derecho Penal— asumió el 17 de mayo, relevando a Consuelo Porras, quien acumuló durante ocho años fuertes cuestionamientos internacionales por la criminalización de jueces anticorrupción, periodistas y el propio partido del presidente. La CIDH reconoció el nombramiento como “una oportunidad para restablecer la independencia y autonomía del Ministerio Público”, pero advirtió que el proceso de designación se desarrolló en un escenario marcado por “injerencias indebidas”. Organizaciones internacionales de libertad de prensa enviaron una carta a García Luna solicitando el archivo de procesos contra periodistas y garantías para el retorno de comunicadores exiliados.

⚡ ¿Por qué importa? La independencia del Ministerio Público es una pieza clave del Estado de derecho democrático. Cuando la acción penal se instrumentaliza con fines políticos, se produce lo que la doctrina denomina “lawfare”: el uso abusivo del derecho penal y de las instituciones judiciales para perseguir a los adversarios. El caso guatemalteco es una referencia regional relevante.

🔗 CIDH – OEA · Infobae · CNN en Español

📰 Al menos 8 periodistas asesinados en las Américas desde enero: la CIDH condena y exige investigar

El 6 de mayo, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH emitió el comunicado R80/26, en el que condena el asesinato de al menos ocho periodistas en el continente americano desde el inicio de 2026. El organismo exhortó a los Estados a investigar con diligencia estos crímenes, a proteger a los comunicadores en riesgo y a combatir la impunidad histórica que ha rodeado los ataques contra la prensa. La Relatoría recordó que el asesinato de periodistas produce un “efecto silenciador” (chilling effect) en el debate público: no afecta solo a la víctima, sino también al derecho de toda la sociedad a estar informada. En paralelo, organizaciones como la SIP y el CPJ instaron al nuevo Fiscal General de Guatemala a archivar procesos arbitrarios contra comunicadores.

⚡ ¿Por qué importa? El chilling effect es un concepto jurídico reconocido por la Corte IDH: los ataques a periodistas generan autocensura colectiva y deterioran el debate democrático. El art. El artículo 13 de la Convención Americana protege la libertad de expresión y los Estados tienen no solo la obligación de abstenerse de atacar a periodistas, sino también la obligación positiva de protegerlos e investigar los crímenes cometidos en su contra.

🔗 CIDH – OEA · SIP

📬 El derecho no para — y tampoco nosotros.

Desde la sala del Tribunal Oral de Concepción hasta los pasillos de La Haya, el derecho moldea cada semana la vida de las personas: define quién va preso, qué se puede reclamar y cómo funciona el poder.

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⚖️ Porque entender el derecho es entender el mundo.

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Cuando Joaquín “El Chapo” Guzmán se escapó del Altiplano en 2015 a través de un túnel de 1,5 kilómetros excavado directamente bajo su celda, el mundo entero se hizo la misma pregunta: ¿cómo es posible que el narcotraficante más buscado del planeta coordinara una fuga de ese calibre desde una prisión de máxima seguridad?

La respuesta incómoda es que una celda, por más reforzada que esté, no basta. El crimen organizado no desaparece cuando sus líderes son arrestados. Se transforma. Se adapta. Y muchas veces, simplemente sigue operando desde adentro.

Por eso, en las últimas décadas, varios países han desarrollado sistemas penitenciarios específicamente diseñados para esté tipo de recluso: no el ladrón o el asesino solitario, sino el jefe de una red criminal transnacional que puede dar órdenes con una sola llamada, sobornar a un guardia con dinero que nunca tocó con sus manos, o convertir un patio carcelario en una sucursal de su organización.

¿Cómo funcionan estos sistemas? ¿Cuáles son los más extremos del mundo? ¿Y funcionan realmente?

El problema de fondo: la cárcel como oficina

El crimen organizado tiene una característica que lo distingue de casi cualquier otro delito: es, ante todo, una estructura de poder. Un cártel, una mafia, una pandilla transnacional no depende de que su líder esté físicamente libre. Depende de que pueda comunicarse.

Y ahí está el problema. Mientras que encarcelar a un asaltante de bancos interrumpe de manera efectiva su carrera criminal, encarcelar a un capo sin aislar sus comunicaciones puede resultar casi simbólico. La historia está llena de ejemplos de líderes mafiosos que siguieron dando órdenes de muerte, administrando negocios y corrompiendo funcionarios desde detrás de los barrotes.

La respuesta penitenciaria moderna apunta, entonces, a un objetivo específico: no solo contener el cuerpo, sino también silenciar la voz.

Los modelos que marcaron el camino

Estados Unidos: la prisión que nadie quiere nombrar

En el condado de Fremont, Colorado, existe un edificio al que los funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos simplemente llaman ADX Florence. Sus residentes lo llaman “el Alcatraz de las Montañas Rocosas”. El resto del mundo la conoce como la supermax más temida del planeta.

ADX Florence fue construida en 1994 con un propósito muy claro: alojar a reclusos que ninguna otra prisión puede controlar. Sus celdas miden aproximadamente 2 por 3 metros. Sus reclusos pasan 23 horas al día dentro de ellas. La hora de ejercicio se realiza en un patio individual, sin contacto con ningún otro ser humano. Las ventanas están diseñadas para que sea imposible saber en qué parte del edificio se encuentra uno.

Entre sus “residentes” más notorios han figurado terroristas, espías y, en su momento, figuras del crimen organizado internacional. El aislamiento no es un accidente del diseño: es su razón de ser.

El modelo ha sido criticado por psiquiatras y organismos de derechos humanos, quienes señalan que el aislamiento prolongado provoca daños psicológicos irreversibles. La respuesta habitual de las autoridades estadounidenses es pragmática: esos mismos reclosos, cuando tenían acceso a otros presos, seguían administrando redes criminales desde adentro.

Italia: la ley que nació de un ataúd

El 23 de mayo de 1992, una bomba de media tonelada de explosivo destruyó la autopista A29 en Sicilia y mató al juez Giovanni Falcone, a su esposa y a tres agentes de escolta. Dos meses después, otra bomba acabó con la vida del juez Paolo Borsellino. La Cosa Nostra acababa de declarar la guerra abierta al Estado italiano.

La respuesta del gobierno fue el artículo 41-bis del ordenamiento penitenciario, conocido popularmente como la cárcel dura. Lo que comenzó como una medida de emergencia se convirtió en una de las regulaciones penitenciarias más severas del mundo occidental.

Bajo el régimen del 41-bis, los reclusos, en su mayoría líderes mafiosos, camorristas y miembros de la ‘Ndrangheta calabresa, quedan prácticamente incomunicados del exterior. Las visitas familiares se reducen a una por mes, realizadas detrás de un cristal, supervisadas y grabadas. Los reclusos no pueden hablar con otros presos que no sean de su mismo módulo. Toda correspondencia es revisada. Toda llamada monitoreada.

El objetivo declarado es uno: impedir que el capo encarcelado siga siendo el capo. Que la autoridad no lo acompañe desde la calle hasta la celda.

¿Ha funcionado? En parte. La Cosa Nostra siciliana ha perdido buena parte de su capacidad operativa desde la implementación masiva del 41-bis. Pero la ‘Ndrangheta calabresa, más descentralizada y menos dependiente de liderazgos individuales, ha continuado expandiéndose. Lo que queda claro es que el 41-bis es hoy la referencia obligada para cualquier debate serio sobre la reclusión de alto perfil en Europa.

Brasil: cuando el Estado llega tarde

Brasil tiene uno de los sistemas penitenciarios más sobrepoblados del mundo. Y también tiene al Primeiro Comando da Capital (PCC) y al Comando Vermelho (CV), dos organizaciones criminales que nacieron literalmente dentro de las prisiones.

El PCC fue fundado en 1993 en la Casa de Custodia de Taubaté. Su estatuto fundacional fue redactado por reclusos. Treinta años después, controla rutas del narcotráfico, coordina ataques armados y tiene presencia en una veintena de países. La cárcel no lo detuvo. La cárcel lo creó.

En respuesta al creciente poder de estas organizaciones, Brasil implementó en 2003 el Régimen Disciplinario Diferenciado (RDD): confinamiento de hasta 22 horas diarias, visitas limitadas a dos por semana, de hasta dos horas cada una, sin contacto físico. Una versión brasileña del 41-bis, más modesta en recursos pero similar en su filosofía.

El problema en Brasil no es la norma. Es la capacidad de implementarla. Con un sistema penitenciario que funciona al doble o al triple de su capacidad, aislar de manera efectiva a decenas de líderes criminales requiere recursos de los que el Estado no siempre dispone. El resultado es un híbrido incómodo: reglas estrictas en el papel, realidades más grises en la práctica.

El Salvador: el experimento más radical del siglo

En febrero de 2023, el presidente Nayib Bukele publicó en redes sociales las primeras imágenes del CECOT: el Centro de Confinamiento del Terrorismo. El video estaba calculado hasta el más mínimo detalle. Cientos de hombres con la cabeza rapada, uniformes blancos, esposados en fila. Guardias con equipo táctico. Pasillos interminables de celdas metálicas.

El CECOT tiene capacidad para 40.000 reclusos. Es la prisión más grande de América y, posiblemente, del mundo. Fue construida en nueve meses. Su propósito declarado: albergar a cada miembro activo de las pandillas MS-13 y Barrio 18, que durante décadas convirtieron a El Salvador en uno de los países más violentos del planeta.

El modelo es radical. No hay visitas. No hay llamadas. No hay recreación organizada. Los reclusos permanecen bajo luz artificial, sin acceso al exterior. Las cifras de violencia homicida en El Salvador se desplomaron: de ser el país con la tasa de homicidios más alta del mundo, pasó a registrar cifras comparables a las de naciones europeas.

Pero el debate es igualmente radical. Organismos internacionales de derechos humanos han documentado muertes bajo custodia, denuncias de torturas y detenciones masivas de personas sin condena firme. La pregunta que muchos se hacen en América Latina, donde la inseguridad es una crisis existencial, es hasta qué punto el fin justifica los medios. ¿Y si un modelo así puede sobrevivir a un cambio de gobierno, o si depende de manera inseparable de la concentración de poder en una sola figura?

México: entre el modelo y la realidad

Tras la vergonzosa fuga de El Chapo en 2015, México reforzó sus Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESOS) con tecnología israelí y protocolos tomados directamente del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos. El CEFERESO No. 11 “Sonora”, inaugurado en 2023, es el más moderno del país: cuenta con sensores biométricos, inhibidores de señal y una arquitectura diseñada para el aislamiento efectivo.

El problema de México no es tecnológico. Es estructural. La corrupción en el sistema penitenciario ha permitido, históricamente, que capos recluidos sigan dirigiendo sus organizaciones con relativa comodidad. Celulares de contrabando, visitas no registradas, guardias sobornados. La brecha entre lo que establece el reglamento y lo que ocurre en la celda ha sido, en demasiados casos, enorme.

Esa brecha es, quizás, el mayor desafío de cualquier sistema penitenciario diseñado para el crimen organizado: no la infraestructura, sino la integridad de quienes la administran.

Los Países Bajos: el modelo que nadie menciona

En el extremo opuesto del espectro se encuentra el sistema holandés. Las Extra Beveiligde Inrichtingen (EBI) son instalaciones de máxima seguridad que albergan a figuras del narcotráfico y del crimen transnacional bajo estrictos protocolos de aislamiento, monitoreo permanente y personal altamente especializado.

Lo notable es que todo esto ocurre dentro de los estándares europeos de derechos humanos. Los Países Bajos han demostrado que es posible diseñar una prisión de alta seguridad que sea, al mismo tiempo, técnicamente eficaz y legalmente sostenible. No es fácil, no es barato y requiere instituciones con décadas de solidez. Pero es posible.

El dilema que no tiene respuesta fácil

Cada uno de estos modelos encierra una tensión que no se resuelve con más cemento ni con más cámaras.

El aislamiento extremo puede romper redes criminales, pero también provoca daño psicológico documentado. Las restricciones de comunicación pueden impedir la ejecución de órdenes criminales, pero también comprometen el derecho a una defensa legal adecuada. Los regímenes de emergencia pueden reducir la violencia a corto plazo, pero rara vez abordan las causas estructurales que originan el crimen organizado.

Y quizás el dato más incómodo de todos: algunas de las organizaciones criminales más poderosas del mundo no nacieron a pesar de las prisiones. Nacieron dentro de ellas.

La cárcel, por sí sola, no es una política de seguridad. Es, a lo sumo, una parte de ella. Lo que ocurre fuera de los muros, la desigualdad, la impunidad, la corrupción, la falta de oportunidades, determina, en última instancia, si lo que ocurre dentro tiene algún sentido.

Esa es la lección más difícil de aprender para cualquier gobierno. Y también la más urgente.

¿Qué modelo te parece más efectivo? ¿Existe un equilibrio posible entre la seguridad y los derechos? Déjame tu opinión en los comentarios.

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Ficha de la sentencia

• Tribunal: Corte Suprema, Segunda Sala

• Rol: N° 23.946-2026

• Fecha: 11 de mayo de 2026

• Acción: Recurso de amparo

• Resultado: Se revoca la sentencia apelada de la Corte de Apelaciones de La Serena y se acoge la acción constitucional de amparo, dejando sin efecto la prisión preventiva anticipada decretada por el Juzgado de Garantía de Ovalle en la causa RIT 3161-2025.

• Integración: Ministras/os Valderrama, Llanos y Gajardo, y abogados integrantes Tavolari y Urquieta.

El caso

El amparado se encontraba sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva en una causa seguida ante el Juzgado de Garantía de Ovalle, RIT 4755-2025.

Además, en una causa distinta, también del Juzgado de Garantía de Ovalle, RIT 3161-2025, se decretó en su contra una nueva prisión preventiva, pero esta vez en carácter de anticipada. Es decir, la medida quedaba preparada para ejecutarse en el futuro, una vez cesara la privación de libertad que ya afectaba al imputado en la otra causa.

La defensa recurrió de amparo. La Corte de Apelaciones de La Serena rechazó inicialmente la acción, pero la Corte Suprema revocó esa decisión y acogió el recurso.

La pregunta jurídica

La pregunta que ordena el caso es simple, pero muy importante:

¿Puede decretarse prisión preventiva anticipada respecto de una persona que ya está en prisión preventiva en otra causa, pero no está cumpliendo una condena privativa de libertad?

La respuesta de la Corte Suprema fue negativa.

Para el tribunal, la prisión preventiva anticipada prevista en el artículo 141, letra c), del Código Procesal Penal exige una situación específica: que el imputado se encuentre cumpliendo efectivamente una pena privativa de libertad. Si la persona solo está sometida a una medida cautelar en otro proceso, no se cumple dicho presupuesto legal.

Lo que resolvió el tribunal

La Corte Suprema revocó la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de La Serena y acogió el recurso de amparo.

En concreto, dejó sin efecto la prisión preventiva anticipada decretada por el Juzgado de Garantía de Ovalle en la causa RIT 3161-2025. Para llegar a esa conclusión, sostuvo tres ideas centrales:

Primero, el artículo 141, letra c), del Código Procesal Penal permite la prisión preventiva anticipada cuando el imputado cumple efectivamente una pena privativa de libertad.

Segundo, en este caso, el amparado no estaba cumpliendo una condena, sino que estaba sujeto a prisión preventiva en otra causa. Por eso, no se cumplía el presupuesto que habilitaba la medida anticipada.

Tercero, las medidas cautelares personales son excepcionales y solo pueden decretarse en los casos expresamente previstos por la ley. Por lo mismo, sus normas deben interpretarse de manera restrictiva.

Por qué importa

Este fallo importa porque establece un límite claro al uso de la prisión preventiva anticipada.

La prisión preventiva es una de las medidas más severas del proceso penal, ya que afecta directamente la libertad personal antes de que se dicte una condena. Por eso, el tribunal recuerda que no puede usarse por analogía, por conveniencia práctica o por anticipación general del riesgo, sino solo cuando la ley lo permite expresamente.

La decisión también es relevante para la práctica penal. En causas con múltiples investigaciones abiertas contra una misma persona, puede existir la tentación de acumular prisiones preventivas sucesivas o anticipadas para asegurar la permanencia del imputado bajo custodia. La Corte Suprema advierte que esa posibilidad tiene límites: no basta con que exista otra prisión preventiva vigente; debe cumplirse estrictamente el supuesto legal.

En pocas palabras: la prisión preventiva anticipada no es una reserva automática de cárcel para otra causa. Solo procede cuando la ley lo autoriza de manera precisa.

📌 Compartir también es una forma de mover la conversación jurídica.

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Esta semana, el mundo jurídico no descansó. Dos bandas desarticuladas en Arauco y en Los Ángeles y un megaoperativo de la PDI sacuden la agenda de seguridad en el Biobío. En paralelo, el Estado rompe contratos con una constructora española que abandonó tres obras estratégicas en el Gran Concepción y el Mall Plaza El Trébol obtiene su aprobación ambiental. A nivel nacional, el Senado da un paso hacia la penalización del ingreso clandestino, la Ley Miscelánea sobrevive una maratónica noche de indicaciones y la Corte Suprema falla en el caso NotCo vs. Aproval, trazando un límite para la industria plant-based. En el frente internacional, más de 30 países crean un tribunal especial para juzgar el crimen de agresión contra Ucrania, la CIDH publica un informe demoledor sobre las desapariciones en México y Amnistía Internacional advierte que las grandes potencias están erosionando los pilares de la justicia internacional. Todo esto, explicado con contexto jurídico y sin jerga innecesaria.

🗺️ REGIÓN DEL BIOBÍO

1. 👮 Tres carabineros detenidos en investigación a banda criminal en Curanilahue

¿Qué pasó? El 14 de mayo, un operativo conjunto del OS7 de Carabineros, el Departamento de Asuntos Internos y la Fiscalía de Arauco terminó con la detención de tres carabineros de la Prefectura de Arauco y de 12 civiles, todos presuntos integrantes de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y a enfrentamientos armados en la vía pública. Según la investigación, los uniformados le brindaban cobertura activa a la banda. Los cargos incluyen asociación ilícita, asociación criminal, falsificación de instrumento público, omisión de denuncia, obstrucción a la investigación e infracción a la Ley N.° 20.000 (Tráfico de Drogas). Los tres carabineros fueron dados de baja de inmediato y se instruyó un sumario administrativo paralelo.

¿Por qué importa? La corrupción policial es uno de los factores que más favorecen el avance del crimen organizado, porque neutraliza precisamente a quienes deben perseguirlo. En términos jurídicos, los imputados policiales pueden enfrentar cargos que van desde el simple encubrimiento hasta la asociación criminal. Este caso, además, ilustra cómo el sistema de control interno (Asuntos Internos) puede ser tan relevante como la persecución externa.

🔗 Fuentes: Publimetro | T13 | BioBioChile

2. 💊 Desarticulan banda “Nueva Táchira”: 24 detenidos y más de 200 funcionarios en operativo

¿Qué pasó? La Brigada Antinarcóticos de Los Ángeles, en coordinación con la Fiscalía Local, ejecutó un masivo operativo que permitió desarticular la organización criminal denominada “Nueva Táchira”, integrada principalmente por ciudadanos venezolanos y con una estructura jerárquica de líderes, mandos medios y “soldados”. Se intervino en 29 domicilios en comunas como Los Ángeles, Negrete, Nacimiento, Angol y Renaico. El resultado fue la detención de 25 personas, así como la incautación de drogas, armas, vehículos y otras especies. La investigación fue liderada por el Fiscal Jefe de Análisis Criminal del Biobío, Michelangelo Bianchi, quién confirmó que los imputados quedaron en prisión preventiva.

¿Por qué importa? La denominación de una organización criminal y la acreditación de su estructura jerárquica son elementos esenciales para perseguir el delito de asociación criminal (artículo 292 y siguientes del Código Penal). Identificar a líderes, mandos medios y operadores importa porque permite aplicar penas distintas según el rol desempeñado y habilita —en casos complejos— el uso de técnicas especiales de investigación contempladas en la Ley N.° 20.931.

🔗 Fuente: La Tribuna

3. 🔍 Megaoperativo PDI deja 32 detenidos en la provincia del Biobío en dos días

¿Qué pasó? Entre el 6 y el 7 de mayo, la PDI ejecutó a nivel nacional un operativo coordinado contra el crimen organizado y la delincuencia, cuya acción local se concentró en las comunas de Los Ángeles, Cabrero y Mulchén, con 32 detenidos por delitos como microtráfico, robo y receptación. Paralelamente, se realizaron controles migratorios que derivaron en la fiscalización de 32 personas extranjeras, de las cuales cinco ciudadanos venezolanos fueron denunciados administrativamente por ingreso por pasos no habilitados.

¿Por qué importa? La distinción entre una detención y una denuncia administrativa es jurídicamente relevante: quién ingresó irregularmente al país no es —hoy— detenido penalmente, sino que queda sujeto a un proceso administrativo de expulsión. Este es precisamente el punto que debate el proyecto de ley de tipificación del ingreso clandestino que avanza en el Senado (ver sección Nacional) y que cambiaría significativamente este escenario.

🔗 Fuente: La Tribuna

4. 🏗️ El Estado termina contratos con la constructora española Tapusa S.A. y anuncia acciones legales

¿Qué pasó? El 5 de mayo, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) puso término anticipado a todos sus contratos con la empresa española Tapusa S.A. tras constatar el abandono total de las faenas en tres obras viales estratégicas del Gran Concepción: el Paso Sobre Nivel Esmeralda (solo con un 20,3% de avance), el Enlace Perales Tramo 1 (51%) y el Corredor Colón-Perales Tramo 3 (64,6%) en Talcahuano. La empresa no presentó un plan de reanudación dentro del plazo otorgado. El Minvu ejecutará las boletas de garantía para proteger a cerca de 400 trabajadores directos y a más de 1.000 indirectos afectados e iniciará acciones legales. Entre el 9 y el 15 de mayo la CChC Concepción y el Seremi de Vivienda se reunieron para abordar el caso Tapusa, acordando la creación de una mesa de trabajo para actualizar las bases de los contratos de licitación con el Serviu.

¿Por qué importa? Este caso es un manual práctico de derecho de contratos públicos. En los contratos de obra pública en Chile, las boletas de garantía cumplen una función cautelar: permiten al mandante recuperar recursos sin necesidad de un juicio previo cuando el contratista incumple. El término anticipado, a su vez, es una potestad exorbitante del Estado , es decir, que no existe en los contratos privados, que le permite resolver el contrato unilateralmente ante incumplimientos graves. La toma de razón de la Contraloría es el control de legalidad previo que debe superar el acto administrativo antes de que produzca efectos.

🔗 Fuentes: Minvu | Diario Financiero | Radio UdeC | Emol

5. 🌿 Coeva Biobío aprueba Declaración de Impacto Ambiental para la ampliación del Mall Plaza El Trébol

¿Qué pasó? El 13 de mayo, la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la Región del Biobío otorgó una calificación favorable a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto “Ampliación Mall Plaza El Trébol”, que involucra una inversión de US$ 75 millones y representa uno de los movimientos de capital más importantes en infraestructura comercial del Gran Concepción en el corto plazo. El Servicio de Evaluación Ambiental concluyó que el proyecto cumple con la normativa ambiental aplicable y que el titular subsanó los errores, omisiones e inexactitudes observados durante el proceso de evaluación.

¿Por qué importa? La DIA es el instrumento más simple del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y se aplica cuando un proyecto no genera impactos ambientales significativos. A diferencia del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), no requiere la participación ciudadana obligatoria establecida en el artículo 26 de la Ley N.° 19.300, aunque la comunidad puede formular observaciones. La resolución de calificación ambiental favorable es el acto administrativo que habilita jurídicamente al titular para iniciar la obra y que, si es impugnada, puede ser objeto de recursos ante el Tribunal Ambiental, cuya sede regional está precisamente en Concepción.

🔗 Fuente: Diario Financiero

🇨🇱 NACIONAL

1. 🚧 Senado aprueba en general tipificar como delito el ingreso clandestino al país

¿Qué pasó? Con 24 votos a favor y 20 en contra, la Sala del Senado aprobó en general el proyecto que modifica la Ley N.° 21.325 de Migración y Extranjería para transformar el ingreso irregular al territorio nacional, actualmente una falta administrativa, en un delito penal sancionado con presidio menor en grado mínimo (61 a 540 días) y una multa de entre $350.000 y $705.000. El proyecto contempla mecanismos de expulsión inmediata como alternativa al cumplimiento de la pena en prisión, así como normas específicas para menores de edad y solicitantes de refugio. El plazo para las indicaciones vence el 28 de mayo. La senadora Yasna Provoste (DC) anunció la reserva de constitucionalidad.

¿Por qué importa? El debate central es si el derecho penal es la herramienta adecuada para el control migratorio o si esa función debe quedar en el ámbito administrativo. Los críticos argumentan que penalizar el ingreso irregular puede saturar el sistema judicial y penitenciario, vulnerar estándares internacionales de derechos humanos (como la Convención de Refugiados de 1951 y las directrices del ACNUR) y tensionar principios básicos de la dogmática penal. Los partidarios lo defienden como una medida disuasoria. La reserva de constitucionalidad anticipa un posible control preventivo o represivo por parte del TC.

🔗 Fuentes: Senado de Chile | Infobae | Radio UChile

2. 📜 La “Ley Miscelánea” supera las 1.000 indicaciones y vive una noche de descarte en la Comisión de Hacienda

¿Qué pasó? El Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, apodado “Ley Miscelánea”, impulsado por el ministro Jorge Quiroz, recibió más de 1.000 indicaciones en el Congreso. En una maratónica sesión que se extendió hasta las 5 de la madrugada en la Comisión de Hacienda de la Cámara, se aprobó la rebaja del impuesto corporativo y se rechazaron varios artículos polémicos, entre ellos la franquicia tributaria Sence y las normas sobre minería de datos e inteligencia artificial. La Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD) cuestionó el artículo que autorizaba a las plataformas de IA a utilizar obras protegidas sin restricciones.

¿Por qué importa? El rechazo del artículo sobre minería de datos e IA refleja una tensión creciente entre el derecho de autor y el desarrollo tecnológico, que está siendo objeto de legislación y litigio en todo el mundo. En Chile, aún no existe un marco regulatorio específico para el uso de obras protegidas en el entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial, lo que genera incertidumbre jurídica tanto para creadores como para empresas tecnológicas. Este debate volverá a surgir: es solo cuestión de tiempo.

🔗 Fuentes: BioBioChile | El Mostrador

3. ⚠️ La Corte Suprema formula observaciones al proyecto de Reconstrucción Nacional

¿Qué pasó? El pleno de la Corte Suprema emitió un informe sobre el proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional, advirtiendo que la propuesta introduce modificaciones al régimen de evaluación ambiental y al sistema de impugnación de las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA), con efectos en las competencias de los Tribunales Ambientales. Si bien el documento no es vinculante, la Corte señaló que se requieren ajustes relevantes en materia de coordinación normativa y de precisión competencial. El informe generó reacciones en el ámbito político, con sectores del oficialismo y de la oposición adoptando posturas distintas.

¿Por qué importa? El informe de la Corte Suprema sobre proyectos de ley es una instancia de consulta constitucional preceptiva en determinadas materias, como la organización y las atribuciones de los tribunales. Aunque no obliga al legislador, tiene un peso político y técnico significativo. En este caso, las observaciones sobre los Tribunales Ambientales son especialmente relevantes porque afectan el sistema de control jurisdiccional de las grandes inversiones, lo que puede impactar directamente en la celeridad de los proyectos de infraestructura.

🔗 Fuentes: Poder Judicial | Nuevo Poder

4. 🥛 Corte Suprema falla en el caso NotCo vs. Aproval: competencia desleal en la industria alimentaria

¿Qué pasó? La Cuarta Sala de la Corte Suprema resolvió el 11 de mayo una disputa legal de más de cinco años entre la startup chilena NotCo y la Asociación Gremial de Productores de Leche de Los Ríos (Aproval). El fallo acogió parcialmente la demanda por competencia desleal: ordenó a NotCo eliminar referencias propias de la industria láctea, incluyendo la palabra “leche” y elementos visuales como la imagen de una vaca en el envase, de la publicidad de NotMilk, pero rechazó la solicitud de prohibir el uso de la marca “NotMilk”. El tribunal concluyó que NotCo incurrió en prácticas de competencia desleal al emplear elementos asociados a la industria láctea para posicionar un producto vegetal.

¿Por qué importa? Este fallo establece un precedente relevante para la industria de alimentos de origen vegetal, “plant-based”, que en los últimos años ha adoptado estratégicamente denominaciones y elementos visuales asociados a productos lácteos y cárnicos. La regulación vigente de competencia desleal, Ley N.° 20.169, prohíbe el uso de elementos que puedan inducir a error sobre la naturaleza del producto y la Corte Suprema la aplicó a este nuevo contexto tecnológico-alimentario. La marca sobrevivió; la estrategia comunicacional, no.

🔗 Fuente: Ex-Ante

5. ⛏️ Ingresan proyecto de ley de régimen especial para minerales críticos y tierras raras

¿Qué pasó? Un grupo de senadores presentó una moción legislativa (Boletín N.° 18194-08) que crea un régimen jurídico especial para los minerales críticos y las tierras raras, recursos vinculados a la electromovilidad, la defensa, la energía y la tecnología avanzada. La iniciativa establece estándares de trazabilidad, de continuidad operacional y de gestión de riesgos, así como mecanismos de coordinación interinstitucional. El proyecto se aplicaría de forma complementaria a la legislación minera, ambiental y sectorial vigente, sin alterar las competencias existentes ni el régimen concesional minero.

¿Por qué importa? En el contexto de la transición energética global, el litio, el cobre y una serie de minerales estratégicos han adquirido una importancia geopolítica que el derecho minero tradicional no contemplaba. Un régimen jurídico especial para minerales críticos puede abrir o cerrar puertas a la inversión extranjera, determinar quién controla la actividad productiva y cómo se distribuyen las rentas. Chile, como potencia minera, tiene la oportunidad de definir sus propias reglas antes de que otros países le impongan sus estándares.

🔗 Fuente: Diario Constitucional

🌍 INTERNACIONAL

1. 🏛️ Europa aprueba creación del Tribunal Especial para el Crimen de Agresión contra Ucrania

¿Qué pasó? El 15 de mayo, durante la reunión del Comité de Ministros del Consejo de Europa celebrada en Chisinau, Moldavia, más de 30 de los 46 países miembros del organismo, junto a la Unión Europea, respaldaron la creación del Tribunal Especial para el Crimen de Agresión contra Ucrania. Países como España, Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido suscribieron el acuerdo, junto con otros estados no europeos como Australia y Costa Rica. El canciller ucraniano Andrí Sibiga calificó la jornada de “histórica” y la comparó con la creación del Tribunal de Núremberg. El tribunal tendrá competencia desde la invasión de 2014 (Crimea) y podrá juzgar en ausencia a las personas responsables que no formen parte de la “troika” (Putin, Mishustin, Lavrov), quienes, por razones de inmunidad de Estado, presentan una complejidad jurídica adicional.

¿Por qué importa? La Corte Penal Internacional (CPI) puede perseguir crímenes de guerra y de lesa humanidad, pero el crimen de agresión, atacar soberanamente a otro Estado, está sujeto a limitaciones jurisdiccionales en el Estatuto de Roma cuando los sospechosos no son ciudadanos de Estados partes. Este nuevo tribunal llenará esa brecha. Su creación también sienta un precedente para que futuros agresores sepan que pueden ser enjuiciados incluso en ausencia, lo que ejerce un efecto disuasorio en el derecho internacional contemporáneo.

🔗 Fuentes: Infobae | ABC Color | Parlamento Europeo

2. 📰 CIDH publica informe sobre desaparición de personas en México

¿Qué pasó? El 11 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un informe sobre la situación de las personas desaparecidas en México. Este país registra una de las cifras más altas del mundo en materia de desapariciones: más de 100.000 personas reportadas como desaparecidas o no localizadas. El informe analiza las causas estructurales, las fallas del Estado en la búsqueda, identificación y atención a las familias, y formula recomendaciones al Estado mexicano en materia de política pública, legislación e institucionalidad.

¿Por qué importa? La desaparición forzada se considera un crimen de lesa humanidad cuando es perpetrada por agentes del Estado o con su aquiescencia. Los informes de la CIDH, tienen un valor político y jurídico relevante: sientan la base para futuras demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), pueden activar mecanismos de seguimiento de la OEA y sirven como evidencia en procesos domésticos. Para América Latina, México es un espejo incómodo.

🔗 Fuente: CIDH

3. ✊ CIDH: la huelga y la acción colectiva como garantía de derechos laborales

¿Qué pasó? En el marco del Día Internacional de los Trabajadores, la CIDH publicó el 1 de mayo una resolución temática (RD76/26) en la que reconoce la acción colectiva de los trabajadores, incluido el derecho a la huelga, como una garantía esencial para el ejercicio efectivo de los derechos laborales en las Américas. La resolución llama a los Estados a proteger este derecho y a no criminalizarlo ni restringirlo de manera desproporcionada.

¿Por qué importa? En varios países de la región, el derecho a la huelga está sujeto a restricciones cada vez mayores, especialmente en los sectores considerados “esenciales”. La posición de la CIDH es que la represión de la acción colectiva vulnera el Convenio N.° 87 de la OIT y la Carta Democrática Interamericana. Para Chile, esto es relevante en el debate sobre la reforma laboral y los límites al ejercicio del derecho de huelga en empresas estratégicas.

🔗 Fuente: CIDH

4. 🌐 TJUE: exigir 10 años de residencia para acceder a prestaciones sociales es discriminación indirecta

¿Qué pasó? El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó el 7 de mayo (N.° 68/2026) que un requisito de residencia de diez años para acceder a prestaciones sociales y al empleo constituye una discriminación indirecta contraria al derecho comunitario cuando se aplica a beneficiarios de protección internacional, refugiados y personas con protección subsidiaria. El fallo interpreta las directivas europeas sobre el reconocimiento de la condición de refugiado.

¿Por qué importa? Este fallo tiene implicancias directas para los 27 países de la UE: las legislaciones nacionales que impongan requisitos de residencia prolongada para acceder a beneficios sociales deberán ser revisadas cuando se apliquen a personas con protección internacional. En términos más amplios, el fallo refuerza el principio de no discriminación como límite a la discrecionalidad estatal en materia migratoria y de integración, un debate también muy pertinente en Chile, dado el auge de la migración y el debate sobre el acceso a los derechos.

🔗 Fuente: TJUE / Curia

5. 📋 Amnistía Internacional: informe anual 2026 advierte erosión global de la justicia internacional

¿Qué pasó? Amnistía Internacional publicó su informe anual de 2026, en el que denuncia que Estados Unidos, Rusia e Israel han erosionado los mecanismos internacionales de rendición de cuentas, en particular la Corte Penal Internacional (CPI). El gobierno de Trump impuso sanciones al personal de la CPI y a la relatora especial de la ONU para el Territorio Palestino Ocupado; Rusia emitió órdenes de detención contra funcionarios del organismo. Varios Estados se retiraron del Estatuto de Roma o anunciaron su intención de retirarse de tratados sobre armas. El informe, no obstante, destaca avances en la elaboración de una convención vinculante de la ONU sobre fiscalidad y en las opiniones consultivas de la Corte Internacional de Justicia sobre el cambio climático y los derechos humanos.

¿Por qué importa? El debilitamiento de la CPI tiene consecuencias concretas: cuando las grandes potencias se abstienen de someterse al derecho internacional penal, los mecanismos de disuasión se debilitan y la impunidad se extiende. Para los países de América Latina, históricamente víctimas de violaciones de los derechos humanos sin rendición de cuentas, el fortalecimiento o el deterioro de la justicia internacional no es un asunto abstracto: es una cuestión de derechos.

🔗 Fuente: Amnistía Internacional

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Boletín elaborado con fines informativos y educativos. Las noticias cubren el período del 9 al 15 de mayo de 2026. Varias de las informaciones aquí contenidas se refieren a investigaciones y procesos penales en curso. En consecuencia, conforme al principio de presunción de inocencia consagrado en el artículo 4° del Código Procesal Penal y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile, ninguna de las personas mencionadas como imputadas o formalizadas debe ser considerada culpable mientras no exista una sentencia condenatoria firme y ejecutoriada dictada por un tribunal competente. La mención de cargos, detenciones o formalizaciones refleja el estado actual del proceso y no constituye, en ningún caso, un juicio anticipado de responsabilidad penal. Este boletín no constituye asesoría jurídica.

Imagínate esto: suena tu teléfono. Es la voz de tu hijo. Está llorando; dice que tuvo un accidente, que necesita dinero con urgencia y que no llames a nadie más. Reconoces perfectamente cómo suena. El tono, el acento, hasta los errores que comete al hablar.

El problema es que tu hijo está bien, en casa, viendo Netflix.

La voz que escuchaste era falsa. Generada por inteligencia artificial en cuestión de segundos, a partir de un audio que tu hijo subió a Instagram hace tres meses.

Bienvenido al cibercrimen en 2026.

Ya no son hackers encapuchados en sótanos oscuros

Olvídate de la imagen del nerd solitario tecleando en la oscuridad. Eso ya no existe. El crimen digital de hoy funciona exactamente igual que una empresa mediana: tiene un departamento de recursos humanos, un área de desarrollo de producto, equipos de ventas e incluso un soporte al cliente.

En serio.

Hay personas que solo se dedican a robar contraseñas. Otras que desarrollan software malicioso. Otras que lo distribuyen. Y otras que se encargan de “lavar” el dinero. Cada uno cobra por su rol, como cualquier empleado. El negocio se llama Crime-as-a-Service y está en pleno auge.

¿Lo más perturbador? Ahora cualquiera puede ser parte de este negocio. Antes necesitabas saber programar. Hoy le describes a una IA lo que quieres; ella escribe el código y listo: eres cibercriminal. Sin título universitario. Sin años de experiencia. Sin nada.

La IA que usas tú, la usan ellos también

Cuando ChatGPT llegó al mundo, todos nos emocionamos pensando en los correos que escribiríamos más rápido y en los resúmenes que generaríamos. Los criminales pensaron lo mismo, pero con otros planes.

Hoy usan inteligencia artificial para:

• Clonar tu voz. Con menos de un minuto de audio, el que dejaste en ese video de cumpleaños que subiste a redes sociales, pueden imitar perfectamente cómo hablas. Y llamar a tus papás para avisarles que estás en problemas.

• Copiar tu cara. En Brasil ya hay grupos criminales que usan IA para imitar el rostro de sus víctimas y engañar a los sistemas de reconocimiento facial. Esos que los bancos usan para verificar tu identidad. Sí, esos mismos.

• Escribir malware que muta solo. Antes, cuando un antivirus detectaba un virus, lo bloqueaba y listo. Ahora existe el malware polimórfico: un software malicioso que se reescribe constantemente para que los sistemas de seguridad no lo reconozcan. Como si el ladrón cambiara de disfraz cada vez que la cámara lo enfocara.

• Lanzar miles de estafas simultáneamente. La IA permite personalizar mensajes fraudulentos a gran escala. Ya no es ese correo de “príncipe nigeriano” con 47 errores ortográficos que todos ignoramos. Ahora son mensajes perfectamente redactados, con tu nombre y tus datos, que parecen provenir de tu banco, de tu jefe o de tu médico.

El número que debería quitarte el sueño es el 389%.

Ese es el aumento de las víctimas de ransomware en el último año, según el reporte global de amenazas 2026 de Fortinet.

El ransomware ocurre cuando alguien accede a tu computador, encripta todos tus archivos y te exige dinero para descifrarlos. Hospitales, municipios, empresas enteras han quedado paralizados por esto. Y está creciendo casi cuatro veces más rápido que el año anterior.

Para 2027, se estima que el cibercrimen le costará al mundo 23 billones de dólares al año. Para que te hagas una idea: eso es más que el PIB de todos los países de América Latina juntos.

Lo que viene es todavía más raro

Europol, la agencia policial europea, publicó hace pocos días su informe anual sobre cibercrimen. Y hay una advertencia que parece salida de una película de ciencia ficción: el cibercrimen autónomo.

¿Qué significa eso? Que muy pronto los ataques cibernéticos no necesitarán que ningún humano los opere. Una IA detectará la vulnerabilidad, la explotará, robará los datos y exigirá un rescate. Todo sola. Mientras el criminal duerme.

El sistema funciona solo, como un robot de inversión, pero para el crimen.

Y si crees que esto solo les pasa a las grandes empresas o a los gobiernos, piénsalo dos veces. Cada dispositivo conectado a internet en tu casa, tu smart TV, tu timbre con cámara, incluso tu refrigerador inteligente, es una puerta de entrada potencial. Los criminales pueden encadenar millones de estos aparatos con seguridad débil para lanzar ataques masivos.

¿Y qué hacen las autoridades?

Básicamente, corren atrás.

Cuando la policía logra cerrar una plataforma criminal en la dark web, en pocas semanas ya hay otra en marcha. Los usuarios migran, crean nuevos foros y el negocio sigue. Es como cerrar una cuenta de Instagram y que el influencer simplemente abra otra.

Lo que sí está cambiando es la colaboración entre países. Brasil y Estados Unidos, por ejemplo, acaban de firmar un acuerdo para compartir datos aduaneros e inteligencia y detectar envíos ilegales. Y Europol está insistiendo en trabajar junto al sector privado porque, sin acceso a los datos de las plataformas tecnológicas, investigar estos crímenes resulta casi imposible.

Pero la brecha entre lo que pueden hacer los criminales y lo que pueden hacer las autoridades sigue siendo enorme.

¿Qué puedes hacer tú?

No te voy a mentir: si el crimen organizado quiere atacar a una empresa grande con todo su arsenal de IA, hay poco que una persona promedio pueda hacer al respecto. Pero sí hay cosas concretas que te protegen en el día a día:

• Activa la verificación en dos pasos en todo lo importante: correo, banco, redes sociales. Es el escudo más básico y el más ignorado.

• Desconfía de lo urgente. Si alguien te llama o te escribe pidiéndote dinero o datos con urgencia, aunque parezca alguien de confianza, verifica por otra vía antes de hacer cualquier cosa.

• Actualiza todo. Los ataques más exitosos aprovechan vulnerabilidades en software desactualizado. Esa notificación de actualización que llevas tres semanas ignorando es una puerta abierta.

• Cuida lo que publicas. Cada video, cada audio, cada foto tuya que subes a internet es potencialmente material que una IA puede usar para imitarte.

• Revisa los dispositivos de tu casa. Esa cámara de seguridad o ese enrutador que compraste hace cinco años y nunca configuraste bien es un punto débil.

Conclusión: el crimen aprendió más rápido

Hay algo inquietante en todo esto: el crimen organizado adoptó la inteligencia artificial de forma más rápida y más creativa que la mayoría de las empresas legítimas. No tienen burocracia. No tienen comités de aprobación. No tienen que convencer a un directorio. Simplemente prueban, aprenden y escalan.

Eso no significa que estemos perdidos. Significa que la conversación sobre IA no puede limitarse a la productividad y la eficiencia. Tiene que incluir también para qué se está usando en el lado oscuro.

Porque mientras tú usas IA para escribir correos más rápido, alguien más la usa para robarte.

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Ficha de la sentencia

• Tribunal: Corte Suprema, Tercera Sala

• Rol: N° 618-2026

• Fecha: 7 de abril de 2026 (pronunciado el 7 de mayo de 2026)

• Acción: recurso de protección

• Resultado: Se confirma sentencia apelada; recurso rechazado

• Integración: Ministras/os Ravanales, Matus, Ruz y abogados integrantes Valdivia y Ruiz

El caso

Un funcionario municipal obtuvo una licencia médica que le permitía ausentarse de sus labores por motivos de salud. En lugar de destinarla al reposo que la justifica, viajó fuera de Chile.

La municipalidad instruyó un sumario administrativo y, al término del procedimiento, le aplicó la medida disciplinaria más severa prevista en el Estatuto Administrativo para funcionarios municipales: la destitución.

El funcionario impugnó esa decisión mediante un recurso de protección, argumentando que la sanción era arbitraria, que no se habían ponderado adecuadamente los antecedentes y que el artículo 155 de la Ley Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República impedía la aplicación de dicha medida. Tanto la Corte de Apelaciones de Valparaíso como la Corte Suprema le dieron la razón a la municipalidad.

La pregunta jurídica

¿Puede un funcionario municipal ser destituido por usar una licencia médica para viajar al extranjero? ¿Constituye esa conducta una vulneración grave del principio de probidad administrativa que habilita la medida disciplinaria más extrema?

Lo que resolvió la Corte

La Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que había rechazado el recurso de protección. Estimó que no hubo ilegalidad ni arbitrariedad en el procedimiento sancionatorio ni en la sanción aplicada.

La destitución fue considerada la consecuencia normativa derivada de la conducta del funcionario, y el tribunal no encontró mérito para otorgar el amparo constitucional solicitado.

El razonamiento del fallo

La Corte estructuró su razonamiento en torno a tres ejes.

Primero, precisó que el recurso de protección exige constatar actos u omisiones ilegales o arbitrarios que afecten garantías fundamentales, y que las alegaciones del recurrente se limitaban a cuestionar razones de mérito o de ponderación ya evaluadas en sede administrativa, lo cual no constituye materia propia de esta acción constitucional.

Segundo, recordó que el artículo 8.º de la Constitución Política obliga a las autoridades y funcionarios públicos a actuar con probidad en todas sus actuaciones, priorizando el interés general sobre el particular. En ese mismo sentido, el artículo 123 del Estatuto Administrativo para funcionarios municipales establece que la destitución procede cuando los hechos vulneran gravemente dicho principio.

Tercero, calificó la conducta del funcionario, usar la licencia médica para viajar al extranjero con fines distintos al reposo, como una infracción que afecta el cumplimiento regular y continuo de las funciones del órgano y la satisfacción de las necesidades colectivas. A ello se sumó que el procedimiento disciplinario fue tramitado con pleno respeto al derecho de defensa, analizando todos los argumentos del sumariado, incluido el recurso de reposición.

La clave del fallo

El punto central no es solo que viajar con licencia médica sea una falta grave, eso ya estaba asentado, sino la forma en que la Corte delimita el rol del recurso de protección frente a decisiones administrativas disciplinarias.

El tribunal es explícito: cuando el funcionario sancionado reproduce en sede constitucional los mismos argumentos que ya fueron conocidos y rechazados en el procedimiento administrativo, el recurso de protección no es la vía idónea. No se trata de una segunda instancia para revisar el mérito de la sanción ni la ponderación de los antecedentes.

Esto tiene una implicancia práctica relevante: el recurso de protección solo prosperará si existe una ilegalidad o arbitrariedad concreta y verificable en el procedimiento o en la decisión misma, no por el solo hecho de que el sancionado esté en desacuerdo con la conclusión de la autoridad. La Corte, en definitiva, traza una línea entre el control de legalidad, que sí le compete, y el control de mérito, que corresponde a la administración activa.

Por qué importa

Este fallo refuerza una doctrina consolidada en materia de probidad funcionaria, pero también envía una señal sobre los límites del recurso de protección como herramienta impugnatoria en el ámbito disciplinario.

Para quienes asesoran a funcionarios públicos o a municipios, la sentencia confirma que el uso indebido de licencias médicas tiene una consecuencia sancionatoria predecible y que los márgenes para revertirla en sede constitucional son estrechos si el procedimiento fue tramitado correctamente. El cumplimiento del debido proceso en el sumario constituye, en la práctica, la principal garantía de la validez de la destitución.

Conclusión

La Corte Suprema no innovó en este fallo, pero sí consolidó. Reafirmó que la probidad es un estándar exigible con consecuencias concretas, que el procedimiento administrativo disciplinario tiene pleno valor cuando respeta el derecho a la defensa, y que el recurso de protección no está diseñado para sustituir el juicio de mérito de la administración.

Para el derecho funcionario municipal, es un precedente que conviene tener presente.

En Estados Unidos no existe un único “derecho a la identidad” regulado de manera uniforme a nivel federal. Lo que existe es un conjunto de mecanismos jurídicos que protegen, según el caso, el nombre, la imagen, la voz, la firma, el retrato, la semejanza y otros rasgos identificables de una persona.

La figura más relevante es el right of publicity, o derecho de publicidad. Este derecho permite a una persona controlar el uso comercial de su identidad. En términos simples, impide que terceros utilicen sin autorización la voz, la imagen o el nombre de alguien para vender productos, promocionar servicios o generar una apariencia falsa de respaldo comercial.

El problema se ha vuelto especialmente actual con la inteligencia artificial. Hoy ya no es necesario copiar una fotografía o una grabación exacta. Basta con generar una voz, un rostro o una imagen “parecida” mediante IA para producir confusión o aprovecharse del valor económico de una celebridad.

Por eso, artistas como Taylor Swift y Matthew McConaughey (alright, alright, alright), han buscado proteger elementos de su identidad mediante registros marcarios. Swift ha solicitado protección sobre clips de voz e imágenes escénicas. McConaughey, por su parte, ha protegido frases, voz e imagen asociadas a su personalidad pública. No se trata solo de proteger canciones, películas o fotografías, sino la identidad reconocible como activo comercial.

También existen casos en que las voces de artistas fallecidos han sido licenciadas para usos mediante IA. Es lo que ha ocurrido con figuras como Judy Garland, James Dean, Burt Reynolds, Laurence Olivier, John Wayne o Michael Caine, cuyas voces han sido utilizadas o recreadas con autorización de sus herederos o titulares patrimoniales.

En una línea similar, James Earl Jones autorizó el uso tecnológico de su voz para mantener la presencia de Darth Vader en nuevas producciones.

Este fenómeno muestra que la voz y la imagen ya no son solo atributos personales: se han convertido en bienes jurídicos y económicos susceptibles de explotación, licencia y protección.

En el derecho estadounidense, la regulación depende mucho de cada Estado. California protege el nombre, la voz, la firma, la fotografía e imagen de las personas, incluso después de su muerte en ciertos casos. Nueva York regula el uso no autorizado del nombre, retrato, imagen, semejanza o voz con fines comerciales. Tennessee, mediante la llamada ELVIS Act, ha avanzado especialmente en la protección de artistas frente a la clonación de voz e imagen mediante inteligencia artificial.

A nivel federal todavía no existe una ley general, aunque se discute el NO FAKES Act, proyecto que busca crear una protección nacional frente a réplicas digitales no autorizadas de la voz o semejanza visual de una persona.

La dificultad radica en equilibrar esta protección con la libertad de expresión. No todo uso de la imagen o de la voz ajena es ilícito. El periodismo, la crítica, la parodia, las biografías, los documentales y ciertas obras artísticas pueden estar protegidos por la Primera Enmienda. El problema se intensifica cuando el uso es comercial, engañoso o pretende hacer creer que una persona respalda un producto, una campaña o una idea sin haberlo autorizado.

La tesis de fondo es clara: la inteligencia artificial está obligando al derecho a repensar la identidad personal como un activo protegible. Antes, la pregunta era quién era el dueño de una canción, una fotografía o una película. Hoy, la pregunta es más compleja: ¿quién controla una voz, un rostro o una presencia digital que puede recrearse artificialmente?

En Chile la protección es insuficiente

No existe una ley única que regule el derecho a la identidad en términos amplios, como ocurre en Estados Unidos con el llamado right of publicity, que permite controlar la explotación comercial del nombre, la imagen o la voz de una persona.

Sin embargo, eso no significa que la identidad esté desprotegida. En nuestro sistema existen varias herramientas jurídicas que, combinadas, permiten defender el nombre, la imagen, la voz, la honra, la vida privada y los datos personales.

El punto de partida está en la Constitución. El artículo 19 N° 4 asegura el respeto y la protección de la vida privada, la honra de la persona y de su familia, así como la protección de sus datos personales. Aunque la norma no menciona expresamente la voz ni la imagen, ha servido de base para reconocer formas más amplias de protección de la personalidad.

La jurisprudencia chilena también ha reconocido el derecho a la identidad personal como un derecho implícito, vinculado a la dignidad humana, a la vida privada y a los tratados internacionales. Del mismo modo, los tribunales han protegido la propia imagen frente a usos no autorizados, especialmente cuando se afecta la privacidad, la honra o se produce una utilización comercial indebida.

La protección de datos personales será cada vez más relevante. La nueva Ley N° 21.719, cuya entrada en vigencia está prevista para el 1 de diciembre de 2026, fortalece el régimen chileno de protección de datos y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. Esto importa porque el rostro, la voz, la huella o cualquier dato biométrico puede permitir identificar a una persona. Por tanto, su captura, almacenamiento o uso mediante inteligencia artificial puede constituir un tratamiento de datos personales.

La propiedad intelectual también ofrece protección, pero con límites. Protege obras, grabaciones e interpretaciones artísticas, pero no necesariamente la voz ni la imagen de una persona en abstracto. Es decir, una canción, una fotografía o una actuación pueden estar protegidas; pero la identidad reconocible de una persona requiere otras herramientas jurídicas.

La propiedad industrial, por su parte, permite registrar marcas, nombres comerciales, logotipos, frases distintivas e incluso marcas sonoras. Esto puede ser útil para artistas, comunicadores, influencers o profesionales que han construido una marca personal. Pero tampoco equivale a registrar la identidad completa de una persona.

En consecuencia, Chile protege la identidad por capas: Constitución, jurisprudencia, datos personales, propiedad intelectual, marcas y responsabilidad civil. El problema es que la inteligencia artificial está desafiando esas categorías. Hoy ya no se trata solo de usar una fotografía sin permiso, sino de crear una voz, un rostro o una réplica digital que parezca real y que la persona nunca haya autorizado.

La conclusión es clara: Chile sí protege la identidad, pero de manera fragmentada e incompleta. El desafío futuro será construir una regulación más precisa para enfrentar la explotación no autorizada de la voz, la imagen y la semejanza digital de las personas en tiempos de la inteligencia artificial.

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El caso comenzó en el marco de una investigación penal por fraude. Bradley Heppner, ex CEO de una empresa financiera en quiebra, usó Claude, de Anthropic, después de recibir una citación del gran jurado y de saber que era el objetivo de la investigación.

Según su defensa, Heppner ingresó en la IA la información que le dieron sus abogados y generó documentos sobre posibles estrategias de defensa, que luego compartió con ellos. El gobierno obtuvo esos documentos mediante una orden de registro y solicitó que se declarara que no estaban protegidos.

El caso United States v. Heppner fue resuelto por el juez Jed S. Rakoff, de la U.S. District Court for the Southern District of New York. La opinión escrita se emitió el 17 de febrero de 2026.

Este caso es relevante porque, según comentarios jurídicos, sería una de las primeras decisiones federales en Estados Unidos que aborda directamente si las conversaciones con una IA generativa pueden estar protegidas por el attorney-client privilege o por la doctrina del work product.

El juez rechazó la protección por secreto profesional abogado-cliente por tres razones principales:

1. Claude no es abogado. La comunicación no fue entre el cliente y el abogado. El juez consideró que el hecho de que la IA no fuera un abogado bastaba para descartar el privilegio.

2. No existía una expectativa razonable de confidencialidad. El usuario utilizó una plataforma de IA de un tercero. Además, la política de privacidad de Anthropic permitía recopilar datos, utilizarlos y compartir información con terceros, incluidas las autoridades, así como en litigios.

3. La IA no se utilizó para obtener asesoría jurídica de un abogado. Aunque Heppner después compartió los resultados con sus abogados, eso no hacía que esas comunicaciones fueran privilegiadas. Además, sus abogados no le indicaron que usara Claude.

También se rechazó la protección por la work product doctrine porque los documentos no fueron preparados por los abogados, ni por encargo de ellos, ni reflejaban directamente la estrategia o las ideas del abogado defensor.

¿Qué es la doctrina del work product?

La work product doctrine es una regla del derecho procesal estadounidense que protege ciertos materiales preparados por un abogado, por una parte o por sus representantes, en anticipación de un litigio o durante un litigio.

En resumen: no todo lo que una parte prepara para defenderse en juicio puede ser exigido por la contraparte mediante la discovery, que es el proceso en el que las partes presentan sus argumentos y defensas.

El objetivo es que el abogado pueda preparar el caso con libertad, sin que la contraparte acceda fácilmente a su estrategia, teorías, notas, análisis o líneas de defensa.

La formulación clásica proviene del caso Hickman v. Taylor, de la Corte Suprema de EE.UU.

Se suele distinguir entre dos niveles de protección:

1. Fact work product
   Estos materiales incluyen hechos, entrevistas, cronologías, documentos preparados para el litigio, informes, recopilaciones o antecedentes. Se puede determinar si la contraparte demuestra una necesidad importante y que no puede obtener la información por otros medios con mucha dificultad.

2. Opinion work product
   Esta es la parte más protegida. Incluye las ideas, teorías jurídicas, estrategias, opiniones o razonamientos del abogado. Normalmente recibe una protección casi total.

3. Por eso, aunque el imputado usó un chatbot con “contenido jurídico”, el tribunal concluyó que ello no era suficiente para aplicar la work product doctrine: los documentos no fueron preparados por el abogado, ni por encargo del abogado, ni reflejaban directamente la estrategia del abogado defensor.

Una equivalencia aproximada en la tradición continental sería la protección de la estrategia de defensa, de los borradores internos, de las notas de preparación del juicio y de los análisis reservados del abogado. En Estados Unidos, sin embargo, funciona como una doctrina procesal específica dentro del sistema de descubrimiento.

Una salida a pesar de todo

Un matiz importante: el juez dejó abierta otra posibilidad. Si el abogado hubiera indicado al cliente que usara una herramienta de IA bajo ciertas condiciones, la IA podría haber funcionado como un agente técnico del abogado, como un intérprete, contador o consultor. Sin embargo, eso no ocurrió en este caso.

Por eso, es mejor confiar en tu abogado de carne y hueso.

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En el año 2009, Chile incorporó al sistema penal la responsabilidad de las personas jurídicas. Seguimos la tendencia de otros sistemas, como los de Estados Unidos, de Inglaterra y de España, entre otros. La idea era ponerse a la altura de lo que significaba, entre otras razones, la modernización de la prevención de delitos y, al mismo tiempo, cumplir con estándares propios de la OCDE en un mundo cambiante, donde la criminalidad organizada transnacional y la corrupción comenzaban a tener un protagonismo importante en los países.

En septiembre de 2024 se produjo la tormenta perfecta porque el catálogo inicial de delitos, que sólo contemplaba lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho, se amplió considerablemente, incluyendo incluso los cuasidelitos. También se establecieron distintas formas de determinar la pena y de su cumplimiento mediante penas sustitutivas.

Hasta esa fecha, muy pocas empresas habían incorporado eficazmente las nuevas obligaciones que establecía el estatuto jurídico. Sin embargo, está claro que, desde el 1 de septiembre de 2024, si una persona jurídica incurre en alguno de los supuestos legales, puede ser perseguida penalmente conforme a la Ley N° 20.393 reformada.

A nuestro estudio llegaron muchas empresas preguntando si diseñábamos planes de prevención de delitos. Pero luego de estudiar la ley, la doctrina comparada y otros ejemplos internacionales, nos dimos cuenta de que era necesario contar con un equipo muy afiatado de auditores, economistas preventivistas de riesgos y otras especialidades.

Esto era fundamental, sobre todo a la hora de elaborar la matriz de riesgos; vale decir, establecer con certeza cuáles eran las eventuales responsabilidades derivadas de la falta de control en los procedimientos industriales y empresariales, que, por cierto, variaban según la actividad que realizara la persona jurídica.

En palabras simples, la matriz es el mapa de los riesgos penales de la empresa. Sin ella, el modelo de prevención queda genérico; con ella, el modelo se adapta realmente al tamaño, giro, estructura y exposición concretos de la organización.

Y teníamos razón. En nuestra práctica jurídica nos hemos encontrado con la sorpresa de que muchos planes de prevención de delitos han sido elaborados bajo el formato de “copiar y pegar”, sin mayor análisis y sin indicar en detalle cómo la actividad de la empresa podría generar riesgos específicos. Es como tener o no tener un plan de prevención de delitos; es como cumplir o no cumplir la ley.

Tampoco existe forma de comprobar si los distintos estamentos y colaboradores de las empresas fueron efectivamente capacitados bajo la nueva norma, estableciendo con claridad las obligaciones, y menos aún si ello se cumple en los contratos de trabajo y de relación. Todo lo cual genera riesgos importantes para la actividad de la empresa.

Encontramos también que, en muchos casos, el oficial de cumplimiento no cuenta objetivamente con los recursos ni la independencia necesarios para desempeñar su función, y tampoco existen canales de denuncia eficaces para dar estricto cumplimiento a la normativa vigente.

El problema es que, cuando ocurre un evento sancionable por la ley, para el organismo persecutor resulta muy fácil elaborar un checklist y realizar algunas diligencias de investigación para llegar a la conclusión definitiva de que el evento ocurrió, entre otras razones, por defectos en la implementación del plan de prevención, a todas luces aparentes e insuficientes.

Aquella cuestión también es sancionable penalmente, sin perjuicio de las responsabilidades civiles que eventualmente puedan derivarse del evento dañoso.

Ya estamos asistiendo a la persecución penal derivada de la responsabilidad de las personas jurídicas. Es posible que, en los próximos años, esta se vea incrementada por la existencia de modelos de prevención de delitos extraordinariamente defectuosos que, en su elaboración, no resultaron lo suficientemente precisos para determinar con exactitud los riesgos de la empresa, establecer con claridad las mitigaciones y crear condiciones eficaces para evitar problemas penales.

Cuando ello ocurra, ya será tarde para introducir modificaciones al plan; en ese momento, deberás simplemente buscar a los especialistas más calificados para ejercer la defensa ante el sistema de justicia. Si aún no has tenido problemas penales, aún estás a tiempo de revisar tu plan de prevención de delitos.

Cuando George Fletcher nos invita a pensar en la relación del derecho del castigo, hay una estructura piramidal, donde por una parte y en la cúspide se encuentra el juez, y en los vértices inferiores ubicamos a un lado el persecutor, y en el otro el imputado.

En cualquier modelo, es fundamental el diseño de la forma de persecución y juzgamiento, conjuntamente con las sanciones legales probables, y la expansión de los tipos penales.

Para el modelo Bukele, se requiere la modificación profunda de la relación y los procedimientos.

Así ocurrió en El Salvador, en varias etapas sucesivas, que reconstruyeron el funcionamiento del sistema punitivo.

1) Primero, la reforma del árbitro y el acusador

El 1 de mayo de 2021, la nueva Asamblea Legislativa, con mayoría del Ejecutivo, destituyó y reemplazó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y removió al Fiscal General, procediendo a nuevas designaciones.

Dos consecuencias:

i.- La Sala constitucional era el “árbitro” de las disputas en materia de garantías individuales. Cambiar el titular, mediante la destitución súbita, altera el balance del juego.

ii.- La Fiscalía es el “motor” de la persecución penal. En un modelo apoyado en lo excepcional, sin un contrapeso constitucional robusto el presecutor es funcional a la dirección estratégica oficial.

En ambos casos, se debilita la vigencia de las garantías del juzgamiento.

2) Segundo, la reforma a la carrera judicial y a la gobernanza interna

El segundo paso ocurrió el 31 de agosto de 2021, con reformas legislativas que incidieron en la carrera judicial y en la estructura de la Fiscalía, promoviendo el reemplazo de jueces, magistrados y fiscales, con márgenes de discrecionalidad relevantes.

Cuando la política criminal exige volumen, el sistema necesita obediencia funcional. No necesariamente “obediencia” en sentido ideológico, sino disponibilidad institucional para absorber la carga sin frenar el diseño.

3) Tercero, la implementación del régimen de excepción

Fue declarado el 27 de marzo de 2022, y funciona como un marco de operación judicial.

Al modificar el entorno de garantías, plazos y controles, el régimen transforma la justicia penal en una máquina, que puede procesar un flujo masivo de detenciones, actuando con parámetros distintos al estándar “caso a caso” que exige alta individualización probatoria y defensa efectiva.

4) Cuarto, los juicios y las audiencias masivas

La mayor innovación no policial, sino procesal, es transformar miles de causas en un formato manejable, lo que ocurrió el año 2023.

Aquí cambia la naturaleza del proceso penal. El foco, pasa a ser la pertenencia a una organización, la imputación por categorías, la acumulación de imputados en un mismo juicio, y una tramitación que prioriza el control del volumen.

Cuando el proceso se vuelve una herramienta para sostener el volumen, el riesgo es que la excepción deje de ser excepcional.

5) Epílogo, el cierre del círculo de reformas y la continuidad

Una vez realizados los cambios al sistema, el Estado tiene la puerta abierta para introducir todas las reformas necesarias para dibujar un sistema de garantías procesales, modelos penitenciarios y reformas permanentes, sin contrapesos políticos.

Como se ve, es un proceso que constituye un cambio radical al sistema punitivo.

La incompatibilidad estructural del modelo securitario salvadoreño, con nuestra realidad jurídica

Si en El Salvador, el “modelo” se sostiene en el control del árbitro constitucional, la reingeniería de la carrera judicial y de la Fiscalía y herramientas procesales para tramitar simultáneamente grandes volúmenes, en Chile el “sistema” opera con una lógica distinta: más frenos institucionales, vigencia de garantías, más litigación contradictoria y menos espacio para un “carril excepcional” permanente.

Los límites de un posteo, me impiden hacer un análisis detallado de las profundas diferencias entre ambos países, pero me parece necesario destacar algunas cuestiones básicas.

Así por ejemplo, en El Salvador, la medida cautelar de prisión preventiva es la “columna vertebral” del modelo de encarcelamiento masivo. En nuestro país, la prisión preventiva está regulada como una cautelar que debe debatirse en audiencia, por regla general esto ocurre en la formalización, y se decide mediante resolución fundada, revisable por los tribunales superiores.

En El Salvador, la práctica procesal, es el juicio “en lote”, donde se juzgan a decenas de personas en un solo proceso. Nuestro país, en cambio, sólo permite la acumulación de investigaciones, bajo estrictos parámetros reglados, pero siempre en una lógica de “caso a caso”, con independencia probatoria para cada imputación, y sentencia fundada, de acuerdo a estrictas reglas de sana crítica.

Por otra parte, nuestro país cuenta con órganos jurísdiccionales con jueces de carrera, especializados e independientes, y un modelo persecutor que privilegia la objetividad y las técnicas investigativas, sin perjuicio del control judicial de las actuaciones de la fiscalía.

Ademas, instituciones como el recurso de amparo, las acciones ante el Tribunal Constitucional, la plena vigencia del derecho convencional, y el derecho penitenciario, entre otros elementos cautelares, constituyen un cúmulo de garantías que aseguran el debido proceso.

Bajo tales condiciones, el modelo salvadoreño, no es compatible con nuestra realidad jurídica.

Y por cierto, es posible un nuevo modelo penitenciario, con adecuaciones a la persecución penal actual, pero eso es para otro posteo.

Si la creación de economías paralelas ilícitas en ambientes donde rige la norma, es la definición más simple de crimen organizado, entonces quienes se dedican a comercializar bienes y servicios al interior de las cárceles, son crimen organizado.

La diferencia con otras, es que en este caso los operadores son funcionarios públicos, por lo tanto el factor “corrupción”, propio de estos modelos, es definitorio del concepto.

Como implementar economías ilícitas en los penales

La receta es simple y fácil, como todo en el crimen organizado:

1.- Permites que los presos tengan poder adquisitivo, dinero en efectivo para el pago. debes asegurarte que los controles bajen sus estándares de vigilancia de entrada.

2.- Identificas las necesidades y por ende creas la oferta “por catálogo” de bienes y servicios.

3.- La oferta debe ser variada en comida, entretención, comunicaciones con el mundo externo y seguridad.

4.- Tienes que organizarte como una empresa, sabiendo que deberás compartir las utilidades con quienes cumplen funciones de compliance, oferentes, recaudadores, encubridores, Etc.

5.- Debes estar atento al surgimiento de posibles competidores, si el mercado es grande, tendrás que negociar áreas, si es pequeño, eliminarlos a través de la delación, la violencia o la oferta.

6.- Creas mecanismos de protección al negocio, es posible que debas “apuntarte de facto”, con las organizaciones gremiales, o de otro tipo, que ejercen el control ético y reglamentario del recinto.

7.- Asegúrate que tus vendedores interactúen con la población penal, de manera privada, oculta, lejos de cámaras de seguridad y ojos indiscretos.

8.- Vendes los bienes y servicios hasta con un mil por ciento más del precio marcado en el medio libre.

9.- La moneda de curso legal, es el efectivo, especies y personas.

10.- Debes tener un modelo de lavado de dinero, que asegure la imposibilidad de que alguien pueda trazar tus ganancias.

Formas preventivas de evitar el modelo

A veces entre tanta academia, opinión puramente política u oportunista, especialistas venidos a menos y otras hierbas, se pierde el foco de que la respuestas son más sencillas y de sentido común, sólo diré tres:

1.- Modelos penitenciarios que reduzcan al mínimo el contacto entre los celadores y los presos.

2.- Modelos penitenciarios que eviten el contacto directo entre los presos y las visitas.

Para ambas, la palabra mágica es “tecnología”, obviamente.

3.- No es deseable, la existencia de organizaciones gremiales en instituciones jerarquizadas.

Las palabras son tres: “ley”, “autoridad” y por ende “Estado de Derecho”, nada nuevo bajo el sol. Podría citar muchas experiencias comparadas, en otro posteo.

Nunca es tarde

• El punto decisivo es que quienes operan el mercado interno son funcionarios, por lo que la corrupción no es un accidente, sino el elemento estructural que hace viable el modelo.

• La “receta” muestra una cadena cerrada: ingreso de poder adquisitivo y baja de controles, creación de oferta por catálogo (comida, entretención, comunicaciones, seguridad), reparto de utilidades con roles tipo “compliance y encubrimiento”, manejo de competidores y, al final, un sistema de lavado para impedir trazabilidad.

• Se debe cortar el circuito donde se produce la captura: menos interacción directa celador–interno, menos contacto interno–visitas (vía tecnología) y evitar que organizaciones en instituciones jerarquizadas, erosionen la ley, la autoridad y el Estado de Derecho”.